El Tribunal de Casanare se declara sin competencia y niega medidas cautelares: Yopal sigue en el limbo catastral
El Tribunal Administrativo de Casanare no asumió la demanda presentada por la Alcaldía de Yopal contra Catasig y negó las medidas cautelares solicitadas en otro proceso. Las decisiones dejan en firme la actualización catastral que disparó el impuesto predial urbano y generan incertidumbre en la zona rural.
El Tribunal Administrativo de Casanare emitió dos providencias claves relacionadas con los convenios suscritos entre el Municipio de Yopal y la empresa Catasig S.A.S. E.I.C.E., encargada de la gestión catastral en la capital casanareña.
En una de ellas, la magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz declaró que el Tribunal no tiene competencia para conocer la demanda presentada por el Municipio de Yopal contra Catasig.
La Alcaldía, a través de este proceso, solicitaba declarar la nulidad de varias resoluciones y convenios que dieron origen a la contratación directa con Catasig, además de pedir la liquidación judicial de uno de los convenios y una indemnización por los perjuicios económicos causados al municipio por esa relación contractual.
El Tribunal explicó que los actos administrativos demandados fueron expedidos por autoridades municipales, y que, por tanto, la competencia para estudiar el caso no corresponde al Tribunal sino a los Juzgados Administrativos de Yopal. En consecuencia, ordenó remitir el expediente para su reparto en esa instancia.

Medidas cautelares negadas
En otro proceso, correspondiente a una acción popular interpuesta por el concejal de Yopal Jorge Leonardo Infante Tovar y otros coadyuvantes, también concejales, el Tribunal negó las medidas cautelares que pretendían suspender los efectos de los convenios firmados entre la Alcaldía y Catasig.
Los demandantes pedían frenar temporalmente la ejecución de los contratos y los pagos asociados, alegando posibles irregularidades en el proceso catastral.
Sin embargo, el Tribunal argumentó que los jueces administrativos no tienen facultad para suspender la ejecución de contratos, ya que esto solo puede hacerse por acuerdo entre las partes.
También concluyó que no se probó un perjuicio inminente o irreparable que justificara una medida preventiva.

Un catastro cuestionado y sin respuestas
Con estas decisiones, el proceso de actualización catastral adelantado por Catasig sigue vigente, pese a la inconformidad generalizada de la ciudadanía.
Durante los últimos meses, numerosos residentes de Yopal han denunciado incrementos excesivos en los avalúos de sus predios, lo que disparó el valor del impuesto predial y afectó a miles de familias.Vecinos de distintos sectores aseguran que las nuevas tarifas no corresponden con la realidad de sus viviendas y que Catasig no ha respondido con claridad a los reclamos.
Incertidumbre rural y sensación de retroceso
La preocupación también alcanza las zonas rurales, donde está próxima a realizarse la siguiente fase de actualización catastral.
Campesinos y pequeños propietarios temen que se repita la situación vivida en el área urbana, con avalúos desproporcionados y escasa socialización del proceso.
En lo observado, Yopal vuelve a quedar como al principio: con un catastro en disputa, un proceso legal que cambia de escenario y una comunidad que, por ahora, deberá seguir pagando el impuesto predial con base en los valores fijados por Catasig, una empresa que sigue sin dar respuestas de fondo a la inconformidad ciudadana.
Contexto: qué demandaba la Alcaldía de Yopal
En la demanda presentada por el Municipio de Yopal, la Alcaldía solicitó la nulidad de las Resoluciones 1002202047 del 23 de mayo y 1002202075 del 25 de junio de 2023, mediante las cuales se justificó la contratación directa con Catasig S.A.S. E.I.C.E.
También pidió anular los convenios interadministrativos 1001.84.1453 del 30 de mayo de 2023 y 1001.84.1707 del 27 de junio de 2023, firmados entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, cuyo objeto era aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la gestión catastral con enfoque multipropósito en el municipio.
Además, la Alcaldía buscaba la liquidación judicial del último de los convenios, el pago de indemnización por los perjuicios ocasionados y los intereses moratorios derivados de su ejecución.








