Yopal le ganó a los bancos: Tendrán que pagar el ICA fijado por la Alcaldía
Tras una larga batalla jurídica, la Corte Constitucional le dio la razón a la Alcaldía de Yopal y avaló su facultad para fijar el impuesto de Industria y Comercio. Un fallo que no solo impacta las finanzas de la ciudad, sino que abre el camino para otras capitales del país.
La historia comenzó como muchas otras disputas jurídicas: con una demanda técnica, cifras sobre la mesa y argumentos legales que parecían lejanos para la mayoría de la gente.
Pero en realidad, lo que estaba en juego era algo sencillo de entender: si Yopal podía decidir cuánto cobrarle en impuestos a la banca, o tenía que sujetarse a las tarifas fijadas en Bogotá, la capital del país.
El municipio había dispuesto la tarifa del impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero en un 20 por mil, dentro de los rangos que permite la ley.
La respuesta del sector financiero fue inmediata. No aceptaron la decisión y argumentaban que no podía ser superior a la de Bogotá. Acudieron a los tribunales para evitar que esa tarifa se aplicara.
El punto de partida: el ICA al sector financiero
En noviembre de 2021 el Concejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía mediante el cual se actualizaba la tarifa del ICA para las entidades financieras. La fijó en el 20 por mil.
Antes de esa decisión, la tarifa era del 14 por mil y el recaudo anual por este concepto rondaba los 4.500 millones de pesos.
La discusión no era menor. Subir la tarifa implicaba aumentar los ingresos del municipio, pero también enfrentarse a uno de los sectores más poderosos del país.
Un camino lleno de giros
El caso pasó primero por el Tribunal Administrativo de Casanare, donde la Alcaldía de Yopal ganó.
Pero luego a través de recursos de apelación llegó al Consejo de Estado, que terminó dándole la razón a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, entidad que representa a la banca.
Ahí, todo indicaba que la historia había terminado, que el municipio tendría que retroceder. Sin embargo, la Alcaldía perseveró en su lucha jurídica y constitucional.
La jugada que cambió la historia
Fue en ese momento donde apareció una estrategia distinta. El abogado Gonzalo Ramos, parte de la defensa judicial del municipio, entendió que el caso no se iba a ganar discutiendo solo de impuestos.
Había que cambiar el enfoque. Llevar la discusión a un terreno más amplio: el de la autonomía territorial. La apuesta fue arriesgada.
Se interpuso una acción de tutela y se buscó que el caso llegara a la Corte Constitucional. No era fácil.
Cada año llegan miles de tutelas y solo unas pocas son seleccionadas. Entre 89 mil tutelas, la de Yopal fue seleccionada para revisión.
La decisión que lo cambió todo
Cuando el caso llegó a la Corte Constitucional, la pregunta dejó de ser cuánto se debía cobrar. La discusión pasó a ser otra. ¿Puede una ciudad decidir sobre sus propios impuestos?
La Corte respondió que sí, las ciudades capitales tienen autonomía para fijar la tarifa del ICA, siempre dentro de los límites que establece la ley, que en este caso van entre 1 y 30 por mil.
Con una votación de 8 contra 1, el alto tribunal le dio la razón a Yopal y dejó sin efecto las decisiones que antes favorecían a la banca.
Más recursos para la ciudad
El fallo no es solo jurídico. También es económico. Con la tarifa del 20 por mil aplicada al sector financiero, Yopal no tendrá que devolver los 15 mil millones de pesos, que ya habían pagado las instituciones financieras.
Con la tarifa del 20 por mil de ICA, el municipio pasará de recibir cerca de 4.500 millones a aproximadamente 6.500 millones de pesos anuales por este concepto.
Se trata de recursos que entrarían directamente al presupuesto municipal y que deberían reflejarse en inversión social: educación, salud, vías y servicios básicos.
Un efecto que va más allá de Casanare
La decisión de la Corte no se queda en Yopal. También abre la puerta para que otras ciudades capitales del país puedan fijar sus propias tarifas del ICA bajo el mismo criterio.
Además, debilita otros procesos judiciales similares que venía impulsando el sector financiero en diferentes regiones.
En otras palabras, lo que pasó en Yopal puede replicarse en el resto del país.
Lo que deja este caso
Más allá del dinero, el fallo deja una señal clara. Durante años, muchas decisiones tributarias terminaron dependiendo, directa o indirectamente, de lo que se hacía en Bogotá.
Esta decisión cambia esa lógica. Reconoce que las ciudades tienen realidades económicas y sociales distintas y que pueden, dentro de la ley, tomar decisiones propias.
