Guerrillas del ELN, disidencias de las Farc y paramilitares presentes en mayoría de municipios de Casanare de cara a elecciones 2022

Martha Cifuentesmarzo 4, 2022

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El ELN, las disidencias de las Farc y paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Casanare, con sus diferentes frentes y cuadrillas, hacen presencia en la mayoría de los municipios del Departamento, según la alerta temprana No. 004-2022, sobre los riesgos relacionados al proceso electoral de 2022, emanada por la Defensoría del Pueblo, el pasado 17 de febrero.

En el informe se documentan las conductas contra los mecanismos de participación democrática que, en el marco del conflicto armado y violencias conexas, puedan constituir violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad, libertades políticas (incluyendo el derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político) y civiles, así como al Derecho Internacional Humanitario (DIH), durante las jornadas electorales previstas para el año 2022.

Sobre Casanare se expresa que “El ELN manifiesta su a través de los frentes Adonay Ardila Pinilla y José David Suárez en los márgenes noroccidentales del departamento, limitando con Boyacá y Arauca. Así mismo facciones disidentes de las FARC hacen presencia en ese territorio con los frentes 28, José María Córdoba, y 10, Martín Villa”.

De estas últimas, se manifiesta que “Hacen presencia en sectores periféricos de Casanare, La Salina, Sácama, Támara, Hato Corozal y Algunos sectores rurales de Aguazul, territorio limítrofe con el municipio de Pajarito, Boyacá”. Y se agrega que “Estas han emitido amenazas contra un diputado, otras amenazas se sospechan del ELN”.

De grupos paramilitares que en el documento se les identifica como Grupos Armados Pos-desmovilización de las AUC se manifiesta que estos hacen presencia en los municipios de sabana oriental y en el sur del territorio casanareño.

La Defensoría informa que estos grupos “Tratan de ocupar territorios de interés estratégico que producto de los rezagos en la implementación de los puntos 1 y 4 de los Acuerdos de Paz y debido a la falta de presencia estatal son susceptibles de utilizar en actividades ilícitas”.

Se revela que “Su interés está atado al control de grandes extensiones rurales de tierra en donde se desarrollan proyectos ganaderos y agroindustriales, especialmente en Casanare y el Meta (cultivos comerciales de palma de aceite, forestales, sorgo, soya y maíz, entre otros), así como proyectos de exploración y explotación petrolera y/o minera o de presencia actual de cultivos ilícitos. Este escenario de riesgo se nutre también en la falta de dirección y regulación de los frentes de colonización, la ausencia en la formalización de los derechos de propiedad, la pugna por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros”.

Hay la percepción en ciertos sectores políticos, empresariales y algunos agricultores que deben apoyar a los neoparamiltares para evitar la injerencia de la guerrilla.

Igualmente que la participación de organizaciones sociales que “promueven espacios democráticos y progresistas de sectores sociales tradicionalmente marginados o el avance de movimientos políticos que defienden o justifican los Acuerdos de paz y de diálogo con los grupos insurgentes, permitiría el acceso a las entidades y corporaciones públicas donde se toman las decisiones de incidencia local y regional, ante lo cual justifican necesario realizar acciones de “neutralización” a través de mecanismos violentos e intimidatorios, para mantener el “orden establecido”.

También se destaca que en los municipios de influencia petrolera en San Luis, Trinidad, Pore, Paz de Ariporo, Orocué, Tauramena, Yopal y Aguazul (en Casanare), y Puerto Gaitán, Cabuyaro, Acacías, Castilla la Nueva y Guamal (en Meta), hay diversos conflictos sociales en torno al empleo y demanda de bienes y servicios. Los líderes que enarbolan las banderas de defensa de sus comunidades y que se relacionan con la coyuntura electoral tienden, pueden convertirse en blanco de amenazas y persecuciones.

En territorios donde históricamente tuvieron presencia las extintas AUC y las estructuras sucesoras del paramilitarismo es habitual que no se presenten candidatos, movimientos o partidos políticos que representen o sean considerados de izquierda.

Los municipios con más alto riesgo en las elecciones en Casanare son: Sácama, Paz de Ariporo, Yopal, en donde hay presencia del ELN, disidencias de las Farc y paramilitares post AUC; riesgo medio: Hato Corozal, Támara, Pore, Maní, Villanueva, Aguazul, La Salina, Tauramena, donde hay presencia de todos los grupos armados ilegales y riesgo bajo: Chámeza, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocué, Nunchía, Monterrey y Recetor, donde hay presencia de actores armados según el municipio. Solo Sabanalarga, al sur de Casanare no presenta riesgo.