Lo que decidió la JEP nos toca a todos: 22 postulados al Tribunal de Paz por 318 víctimas de “Falsos positivos” en Casanare

No son cifras: son vidas. La JEP envía al Tribunal de Paz a 22 comparecientes por ejecuciones extrajudiciales en Casanare, para que asuman responsabilidad y avancen medidas reales de reparación y no repetición.

En Casanare, un departamento de pueblos pequeños, extensos territorios y caminos largos, 318 personas fueron asesinadas y presentadas como supuestos “dados de baja en combate”.

Eran mujeres y hombres, niños y niñas, jóvenes con futuro y adultos mayores; también personas con discapacidad. No eran cifras: eran familias, trabajos, voces.

A muchos los engañaron para llevárselos a un lugar apartado; a otros los señalaron sin pruebas; a otros los capturaron heridos o ya rendidos.

Después los mataron. Y luego vino el silencio, la estigmatización, la mentira: “era guerrillero”, “era delincuente” y “era drogadicto”, entre otros.

Quienes nunca han vivido algo así quizá no alcanzan a imaginar el horror de las víctimas ni el vacío que quedó en sus hogares.

Esta semana, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dio un paso que importa —y mucho—: postuló a 22 comparecientes (19 militares de la Brigada XVI, un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles) ante el Tribunal para la Paz para que les imponga Sanciones Propias.

¿Qué significa Sanciones Propias?

Que reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad, y por eso pasan a una etapa de juicio que no busca venganza o cárcel, sino verdad completa, reparación real y garantías de no repetición.

No es impunidad: las Sanciones Propias restringen libertades y obligan a trabajos concretos de reparación y memoria, bajo verificación de la JEP y de la ONU.

Un patrón que convirtió la vida en “resultado”

Entre 2005 y 2008, en unidades como el Batallón de Infantería N.º 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), el Gaula Casanare y grupos especiales de la Brigada XVI, se consolidó un patrón macrocriminal: presiones por mostrar “bajas”, cuotas, rankings, condecoraciones, permisos y cursos como recompensas.

Ese sistema premiaba números, no vidas; mezcló mentiras de inteligencia, falsos informantes, engaños y la deshumanización del otro. La JEP documentó, además, torturas y tratos crueles en varios casos.

Comandantes del horror

Entre quienes reconocieron responsabilidades están el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien comandó la Brigada XVI; el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, excomandante del Birno; y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare. Su rol fue clave para entender cómo se ordenó, toleró o empujó la práctica criminal desde la estructura de mando.

Mandos medios cómplices

También aparecen mandos de inteligencia y operativos: por el Gaula Casanare, el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha (exjefe de inteligencia), y los tenientes (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez y Jhon Alexánder Suancha Florián (excomandantes operativos); por el Birno, el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez (operaciones), el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava y el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez (inteligencia), entre otros comparecientes. Sus decisiones y acciones ayudaron a convertir personas en “resultados”.

Civiles involucrados

La red de falsos informantes y la colaboración con inteligencia estatal también tuvo responsables civiles y de policía secreta: Orlando Rivas Tovar, exdirector seccional del extinto DAS en Casanare, y los terceros civiles Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, señalados como falsos informantes que engañaron a víctimas para conducirlas a la muerte.

Acusados de tortura

La JEP determinó que en algunos hechos hubo tortura y tratos inhumanos y degradantes; por ello imputó esos delitos a seis exmilitares —entre ellos Wilson Salvador Burgos Jiménez, Jhon Alexánder Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez, Miguel Andrés Sierra García y Zamir Humberto Casallas Valderrama— señalando que varias víctimas fueron ultrajadas antes de ser ejecutadas.

612 víctimas acreditadas y una exigencia: toda la verdad

Hoy, 612 víctimas participan en el subcaso Casanare del Caso 03. Algunas escucharon por fin a mandos aceptar lo que antes negaron; otras aportaron detalles que ayudan a reconstruir las últimas horas de sus seres queridos: quién los buscó, cómo los movieron, qué escucharon antes del disparo. La verdad duele, pero sana. La mentira prolonga el duelo.

¿Por qué es perentorio lo que decidió la JEP?

Porque no podemos seguir viviendo al lado del horror como si no hubiera pasado.
La remisión de estos 22 comparecientes al Tribunal significa:

• Responsabilidad asumida: quienes participaron aceptan su papel en el patrón criminal y pasan a juicio ante el Tribunal para la Paz.
• Verdad que se amplía: lo dicho en audiencias y encuentros privados ya permitió abrir rutas de búsqueda de desaparecidos y hallar víctimas, un paso indispensable para el duelo.
• Reparación con sentido: la Sala consolidó cuatro proyectos restaurativos trabajados con víctimas y autoridades locales (como el Parque Memoria y Paz en Yopal y acciones de búsqueda con la UBPD). No son símbolos vacíos: son lugares y programas para nombrar el daño, aprender y prevenir.
• No repetición: cuando un país mira de frente sus peores prácticas y las llama por su nombre —crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, homicidios de personas protegidas— desactiva los incentivos que las alimentaron.

Para quienes no fueron víctimas directas

Si nunca te desaparecieron a un hermano, si nunca te llamaron para decirte “apareció un cuerpo”, si nunca tuviste que explicar en el colegio que tu papá no era “delincuente”, tal vez sientes que esta noticia te queda lejos. No lo está.

Casanare es un territorio de memoria viva. Más de 300 vidas arrebatadas en un departamento con baja densidad poblacional es muchísimo: es una herida en el tejido social, en la confianza, en la forma en que nos miramos. Empatizar no exige haber sufrido lo mismo, exige poner el corazón y escuchar.

¿Qué sigue?

El Tribunal para la Paz revisará el expediente y, si asume competencia, dictará sentencia e impondrá Sanciones Propias con restricción efectiva de libertades y trabajos restaurativos verificables; la verificación internacional será un componente clave. En paralelo, continúan las actuaciones frente a comparecientes que aún no cumplen el estándar de verdad plena.