Diputado Alejandro López enfrenta demanda de pérdida de investidura. Su caso es similar al de Wilder Ávila
Tras la sesión del 28 de noviembre de 2024, se acumulan procesos que tienen en aprietos a los diputados y comprometen la silla del secretario general.
La historia se repite en la Asamblea de Casanare. En una nueva demanda se solicita al Tribunal Administrativo la pérdida de investidura del diputado Luis Alejandro López Ríos (2024–2027). Su caso es similar al de su homólogo Wilder Ávila, quien en fallo de primera instancia perdió su curul.
A López se le señala de haber impulsado una recusación y, aun así, participar en su trámite, con su voto, durante la polémica y fatídica plenaria del 28 de noviembre de 2024, cuando se eligió al secretario general para 2025.
La queja central de la demandante María Suleida Jiménez, es que López habría actuado como “juez y parte”, quebrando la imparcialidad exigida por el régimen de conflicto de intereses (según la demanda revisada por este medio). Aún no ha sido admitida la demanda.
Lo nuevo del caso López Ríos
La accionante sostiene que el diputado radicó la recusación contra un colega y luego intervino y votó en el debate de esa misma recusación en la sesión 082.
En términos sencillos: si promueve una recusación, no puede decidir sobre ella. La acción solicita la pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses (versión de la parte actora).
El telón de fondo es político. López Ríos integra la minoría gobiernista que respalda al gobernador César Ortiz Zorro. En corrillos, además, se dice que baraja aspirar a la Cámara; un fallo adverso cortaría esos planes de raíz.
Por qué importa (y por qué suena familiar)
El patrón fáctico recuerda un antecedente fresco: el 3 de septiembre pasado, el Tribunal decretó la pérdida de investidura del diputado Wilder Andrés Ávila Tibavija por votar dos veces la recusación que él mismo presentó contra la diputada Marisela Duarte en esa misma plenaria de noviembre pasado; el Tribunal lo sancionó precisamente por ser “juez y parte”.
El tablero político de esa sesión ya tiene otra ficha caída: el Tribunal anuló la elección de Wilmer Alonso Vega como secretario general de la Asamblea para 2025, al concluir que las irregularidades en recusaciones e impedimentos contaminaron el resultado. El fallo se conoció el 3 de septiembre de 2025.
Otro frente abierto: Juan Fernando Mancipe
En esa misma sesión, el diputado Juan Fernando Mancipe también recusó a un colega y votó esa recusación.
Dicho de otro modo: repitió el patrón que ya costó una curul (Ávila). Si alguien demanda, su investidura también podría estar en riesgo bajo el mismo estándar.
El contraste con el caso Marisela Duarte
En abril 30 pasado, el mismo Tribunal descartó la pérdida de investidura de la diputada Marisela Duarte, aunque ella votó dos veces en la recusación presentada en su contra.
La Sala consideró que, si bien objetivamente no debía votar, no actuó con dolo ni con interés directo probado y obró en medio de desorientación procedimental, por lo que la “muerte política” no era proporcional (decisión apelada).
Ese doble antecedente deja una línea roja: quien impulsa la recusación y luego decide sobre ella se expone a la sanción máxima (Ávila), mientras que quien vota su propia recusación, ingenuamente y sin mala fe puede salvar la curul (Duarte), según los estándares recientes del Tribunal.
Claves que el Tribunal mirará en López Ríos
- Interés directo y rol del diputado: ¿Su intervención/voto lo benefició directamente como proponente de la recusación? (criterio que hundió a Ávila).
- Diligencia y conocimiento: al igual que se valoró en Ávila, el Tribunal suele ponderar trayectoria, cargos y conocimiento reglamentario para medir la culpa grave.
- Efecto sobre decisiones de la plenaria: la jurisprudencia reciente ya declaró que los vicios de recusación afectaron la elección del secretario general, hoy anulada.
Qué sigue
La demanda contra López Ríos inicia su curso en el Tribunal. En paralelo, los tres hilos de esta novela institucional —pérdida de investidura de Ávila, exoneración de Duarte y nulidad de la Secretaría General— están o estuvieron en apelación ante el Consejo de Estado, que deberá ponerle punto final al embrollo.
El diputado Juan Fernando Mancipe también podría estar sujeto a una demanda de pérdida de investidura por haber recusado a uno de sus homólogos en la misma sesión y haber votado la misma, tal cual lo hicieron Ávila y López.
Lo que se juega ahora: la “joya de la corona”
En las próximas semanas vendrá la elección del contralor departamental. Es la pieza más codiciada del control fiscal y la disputan ambos bandos de la Asamblea, con el gobernador y varios alcaldes muy atentos.
Un golpe a la minoría gobiernista podría inclinar la balanza antes de esa definición; si no, se reafirma el tablero actual.
