El Juzgado Primero Administrativo de Yopal libró mandamiento de pago contra el exgobernador de Casanare Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, por $196 millones de pesos, más los intereses legales que continúen acumulándose hasta la cancelación total de la obligación.

La decisión fue adoptada el 2 de julio de 2026, luego de que el Departamento de Casanare solicitara ejecutar una sentencia que se encuentra en firme. El despacho concluyó que la deuda es clara, expresa y actualmente exigible.

Flórez deberá pagar dentro de los cinco días siguientes a su notificación personal y contará con diez días para presentar excepciones dentro del proceso.

Sin embargo, la noticia no está únicamente en la expedición de otra orden judicial. La condena quedó ejecutoriada desde julio de 2021 y, casi cinco años después, el Departamento todavía intenta recuperar el dinero.

La pregunta es si esta vez la decisión podrá hacerse efectiva.

Casanare pagó por una actuación atribuida a su administración

La obligación se originó en una acción de repetición relacionada con la liquidación de la antigua Estación Acuícola de Casanare.

El Departamento tuvo que pagar $138 millones como consecuencia de una transacción judicial aprobada en diciembre de 2011, dentro de un proceso promovido por Jairo Vargas González, antiguo gerente de esa entidad.

La controversia surgió por la falta de una definición oportuna de su situación administrativa dentro del proceso de liquidación de la empresa. Después de asumir el pago, Casanare promovió una acción de repetición contra Flórez para recuperar los recursos.

En septiembre de 2020, un juzgado lo declaró administrativamente responsable y le ordenó reintegrar los $138 millones pagados por el Departamento.

El Tribunal Administrativo de Casanare actualizó posteriormente la obligación a $196 millones y la sentencia quedó ejecutoriada el 29 de julio de 2021.

Al no producirse el pago voluntario, el Departamento tuvo que acudir nuevamente a la justicia para intentar ejecutar la condena.

Una orden dentro de un largo historial

El mandamiento por $196 millones no es la única decisión que pesa sobre el exgobernador.

Flórez, quien gobernó Casanare entre 2008 y 2011, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría antes de finalizar su periodo, debido a irregularidades relacionadas con contratación educativa.

También fue declarado responsable fiscal, a título de culpa grave, por $24.584 millones, por el contrato de leasing utilizado para adquirir equipos biomédicos destinados al nuevo Hospital de Yopal cuando la edificación todavía no estaba terminada ni adecuada para recibirlos.

Según la Contraloría, esa decisión comprometió al Departamento a pagar cerca de $6.229 millones en intereses mientras los equipos no podían instalarse, configurando una gestión antieconómica.

Además, su nombre apareció en otros procesos fiscales relacionados con regalías y proyectos de vivienda. Más recientemente, fue imputado por la Fiscalía por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, debido a supuestas irregularidades en cuatro contratos y convenios del sector salud celebrados en 2008.

En este último caso debe aclararse que se trata de una imputación y no de una condena, por lo que el exmandatario conserva la presunción de inocencia.

Fuera del radar público

Prácticamente desde que fue destituido como gobernador de Casanare Raúl Flórez ha estado ausente de la vida pública de esta región y del país.

En Casanare se ha señalado que estaría residiendo en Estados Unidos, pero no existe información oficial reciente que permita confirmar su ubicación actual.

El auto ordena notificarlo personalmente mediante mensaje de datos, pero no informa si ya fue localizado, si existen bienes identificados a su nombre o si fueron decretados embargos u otras medidas cautelares para garantizar el pago.

Los cinco días concedidos para pagar y los diez días para presentar excepciones comenzarán a correr solamente cuando se realice la notificación personal en debida forma.

¿Otra orden destinada a quedarse en el papel?

El nuevo mandamiento demuestra que el Departamento de Casanare intenta recuperar una parte de los recursos que tuvo que pagar por actuaciones atribuidas al gobierno de Flórez.

Pero la verdadera noticia estará en el resultado: si las autoridades logran ubicarlo, identificar bienes, adoptar medidas cautelares y obtener el pago efectivo.

La deuda seguirá aumentando con los intereses legales hasta que sea cancelada totalmente.

Tras años de fallos fiscales, sanciones disciplinarias y decisiones judiciales, Casanare sigue esperando que las órdenes se traduzcan en resultados concretos.

El mandamiento ya está escrito. Lo que falta saber es si esta vez el Estado podrá hacerlo cumplir o si terminará convertido en otra decisión contra Raúl Flórez que permanece en los expedientes, pero no devuelve el dinero al Departamento.