Tras culminar demolición de Torres del Silencio, se conoció fallo fiscal contra responsables por $18.718 millones

Una paradoja marcó este 23 de julio la historia de las Torres del Silencio. Mientras las autoridades anunciaban la culminación de la demolición del fallido proyecto habitacional, emergió la información sobre el fallo de responsabilidad fiscal contra varios de los involucrados en la pérdida de los recursos públicos invertidos desde 2011.

La existencia de la decisión fue confirmada por Reineiro Flechas Díaz, delegado de la Contraloría General de la República en Casanare, quien señaló que el fallo se encuentra en proceso de notificación.

Se trata de una decisión de primera instancia dentro del Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal adelantado por la Contraloría Delegada Intersectorial N.° 12 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

El organismo de control estableció un detrimento patrimonial base de $11.346 millones. Indexado a mayo de 2026, el monto asciende a $18.718 millones.

La providencia todavía puede ser recurrida y, por tanto, no se encuentra en firme.

Los supuestos responsables fiscales, en primera instancia

Según la información conocida, la Contraloría declaró fiscalmente responsables, a título de culpa grave y con diferentes montos solidarios, a seis personas vinculadas con la construcción, administración o supervisión del proyecto.

Iader Wilhelm Barrios Hernández, constructor y cogestor del proyecto, aparece como responsable por el total del daño fiscal, calculado en $18.718 millones. La Contraloría le atribuyó la ejecución de obras con diseños que no cumplían la norma sismorresistente NSR-10, además de deficiencias constructivas reflejadas en concretos de baja resistencia, muros desplomados y ausencia de elementos de confinamiento. También cuestionó la no devolución de un saldo del anticipo cercano a $632 millones.

Narda Consuelo Perilla Alonso. Ejerció como asesora de Vivienda de la Gobernación y supervisora del convenio entre 2013 y 2015. Declarada responsable solidaria por $12.380 millones. De acuerdo con el fallo, autorizó 23 giros pese a que existían informes sobre resultados deficientes en pruebas de laboratorio e incumplimientos reiterados del constructor.

Alexander Cortés Medina, exgerente del IDURY entre 2012 y 2015, deberá responder, según esta primera decisión, por $4.860 millones. El organismo de control señaló que aprobó nueve órdenes de pago mientras la interventoría advertía sobre retrasos, dificultades financieras y problemas de calidad, sin adoptar medidas suficientes para proteger los recursos públicos.

Rafael Nayib Fonseca Saad. Estuvo al frente del IDURY durante parte de 2015. Declarado responsable por $4.850 millones. Durante su administración se autorizaron ocho pagos, aunque ya existían reportes sobre incumplimientos contractuales y deficiencias técnicas. La Contraloría reconoció que posteriormente remitió una advertencia a la Gobernación, pero consideró que los recursos continuaron fluyendo hacia una obra con problemas previamente documentados.

Sandra Lorena Cruz Quintero. Supervisora departamental entre 2016 y 2019. Vinculada por $1.652 millones. La decisión le atribuyó la aprobación de nueve órdenes de pago, por un valor base superior a los $1.000 millones, en una etapa en la que los informes de interventoría ya evidenciaban la profunda crisis del proyecto.

Didier Mauricio Montoya Campos, exgerente del IDURY entre 2016 y 2017. Declarado responsable por $1.423 millones. Según el fallo, autorizó siete desembolsos cuando ya se habían reportado abandono de obras, fallas en los concretos y una situación técnica crítica, sin que se hubieran tomado acciones eficaces para frenar o corregir el deterioro.

Estos valores no deben sumarse entre sí como si fueran condenas independientes.

La CGR impone la responsabilidad de manera solidaria y según el grado de participación atribuido a cada uno.

Aseguradoras también fueron vinculadas

El fallo vinculó como terceras civilmente responsables a la Compañía Nacional de Seguros S.A. y a La Previsora S.A., con el fin de hacer efectivas las pólizas de cumplimiento, manejo del anticipo y protección frente a fallos de responsabilidad fiscal.

En el caso de la Compañía Nacional de Seguros se mencionan amparos por $1.367 millones para cumplimiento y $1.042 millones indexados por buen manejo del anticipo.

También hubo absoluciones y casos afectados por caducidad

El fallo de primera instancia no responsabilizó a todos los investigados.

Los declarados sin responsabilidad fiscal:

• El exgobernador Óscar Raúl Iván Flórez Chávez
• El exdirector de Contratación Rodrigo Flechas Ramírez,
• El interventor Julián Javier Daza López
• Exasesores de Vivienda Jenny Consuelo Barrera Roldán y Renso Daniel Huesa Sana.

En otros casos, la Contraloría declaró la caducidad de la acción fiscal, entre ellos los relacionados con antiguos funcionarios de Planeación de Yopal y algunas empresas vinculadas a contratos de consultoría e interventoría.

Un proyecto iniciado en 2011 que nunca entregó las viviendas

Obedeciendo un fallo judicial para reubicar a familias del asentamiento La Esmeralda, el proyecto Torres del Silencio buscaba una solución habitacional para cerca de 400 familias.

El proyecto recibió recursos públicos de la Gobernación de Casanare y del municipio de Yopal, por medio del entonces IDURY.

Sin embargo, las obras quedaron inconclusas y presentaron graves deficiencias técnicas y estructurales. Las familias no recibieron las viviendas y las edificaciones permanecieron abandonadas durante años, convertidas en uno de los mayores símbolos del fracaso de la vivienda pública en Casanare.

«La demolición se hizo en la mitad del plazo previsto de 45 días», expresó el alcalde de Yopal Marco Tulio Ruíz.

Con el lote despejado, el municipio entregó el terreno para que la Gobernación avance en un nuevo proyecto habitacional.

Demolición y responsabilidad, 15 años después

La coincidencia resulta significativa: el mismo día en que las autoridades mostraron la desaparición física de las torres, se conoció una decisión que busca establecer quiénes deberán responder por el dinero perdido.

La demolición elimina las estructuras abandonadas, pero no borra 15 años de espera, investigaciones y frustraciones para cientos de familias.

Curiosamente el entonces gobernador de Casanare, Raúl Iván Flórez, (2008-2011), ampliamente involucrado con este proyecto, quedó libre de responsabilidad fiscal.