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Cuenta regresiva en El Cascajar en Yopal: Quedan máximo seis semanas y no hay una alternativa lista

El Tribunal Administrativo de Casanare citó al alcalde de Yopal y al gobernador para que respondan por una crisis advertida desde 2015. Acuatodos contrató obras que podrían extender dos años la vida útil del relleno, pero su ejecución tomará cinco meses y no evita el riesgo inmediato de una emergencia sanitaria.

El relleno sanitario El Cascajar entró en cuenta regresiva. En un oficio del 2 de septiembre de 2026, Fredy Ferley Aldana Arias, líder de proyectos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), advirtió que la capacidad de la trinchera 11 podía agotarse en un plazo de cuatro a ocho semanas.

Al 17 de septiembre, esa estimación deja un margen aproximado de entre dos y seis semanas: desde finales de septiembre, en el escenario más crítico, hasta finales de octubre, en el más favorable.

La trinchera 11 es la única habilitada actualmente en El Cascajar. Allí se reciben los residuos de Yopal y de varios municipios de Casanare, sin que exista una nueva área terminada y disponible para reemplazarla.

Ante este panorama, el Tribunal Administrativo de Casanare convocó para el 21 de septiembre, a las 9 de la mañana, una audiencia de verificación del cumplimiento de la sentencia que desde 2015 ordenó adoptar una solución integral, definitiva y ambientalmente sostenible.

El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, y el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, deberán asistir de manera personal, obligatoria e indelegable.

Una alternativa de 33 meses que no completó su trámite

El 10 de febrero de 2026, la EAAAY solicitó a Corporinoquia autorización para aumentar la cota de llenado de las trincheras 10 y 11 mediante un ajuste por giro ordinario.

La petición se apoyaba en un estudio elaborado por Hidrosuelos S.A.S. en 2019, según el cual podían habilitarse aproximadamente 201.590 metros cúbicos adicionales, equivalentes a cerca de 181.431 toneladas de residuos y 33 meses de operación.

Corporinoquia negó la solicitud el 6 de abril al considerar que elevar la cota requería una modificación de la licencia ambiental y no podía aprobarse como un ajuste menor. La autoridad también señaló el colapso del dique perimetral de la trinchera 11, la necesidad de clausurar la trinchera 10 y problemas con los lixiviados que podían afectar la estabilidad de las estructuras.

La decisión podía ser controvertida por la EAAAY, pero el recurso preparado para hacerlo nunca fue radicado.

El documento quedó esperando una firma

Según el memorial presentado por Fredy Aldana ante el Tribunal, la Oficina de Proyectos de la EAAAY elaboró oportunamente un recurso de reposición y una solicitud de revocatoria directa contra la decisión de Corporinoquia.

El documento fue entregado para la firma del agente especial que dirige la empresa intervenida, designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sin embargo, el término legal venció sin que fuera presentado.

Aldana aseguró que advirtió internamente sobre la situación mediante comunicaciones enviadas durante junio y agosto, pero no obtuvo respuesta.

El Tribunal aún no ha establecido por qué no se interpuso el recurso, quién tomó esa decisión o si existe responsabilidad administrativa. Tampoco ha concluido que elevar la cota fuera ambientalmente viable.

La Superservicios sí tendrá que explicar por qué se abandonó la discusión de una medida que, según el estudio aportado por la EAAAY, podía conceder cerca de 33 meses para preparar una solución de mayor alcance.

Las fallas ambientales también condicionan cualquier ampliación

Corporinoquia reportó deficiencias en el cierre y mantenimiento de las trincheras 10, 12 y 13, residuos expuestos, ausencia de chimeneas para evacuar gases, problemas en el manejo de aguas lluvias y derrames de lixiviados.

También documentó rebosamientos en las piscinas de lixiviados y descargas que habrían llegado al caño El Turrón, con posibles afectaciones sobre el suelo y el recurso hídrico.

Además, la EAAAY no habría entregado levantamientos topográficos y modelaciones suficientes para establecer con exactitud la capacidad restante de la trinchera 11.

Por eso, cualquier extensión de la vida útil deberá demostrar estabilidad técnica, control de gases, manejo efectivo de lixiviados y cumplimiento de las obligaciones ambientales pendientes.

Acuatodos contrató obras para extender dos años la operación

Acuatodos adjudicó mediante la Resolución 0183 del 4 de septiembre el Contrato de Obra Pública No. 084 de 2026. El documento fue firmado el 8 de septiembre con el Consorcio Rellenos por $14.318 millones de pesos.

Su objeto es ejecutar la primera fase de las acciones necesarias para garantizar a corto plazo la disposición final de residuos sólidos en El Cascajar, dentro del plan de cierre programado y reconversión de sus estructuras.

El proyecto completo asciende aproximadamente a $15.997 millones, al sumar interventoría, permisos, apoyo a la supervisión y compensaciones.

Las intervenciones incluyen:

  • La reconversión de la piscina 7 en una nueva celda de disposición.
  • La optimización de la piscina de lixiviados.
  • La recuperación del sistema de desgasificación.
  • Adecuaciones eléctricas.
  • Obras de mitigación y control ambiental.

Los estudios previos calculan que estas obras podrían extender aproximadamente dos años la vida útil del relleno y atender temporalmente los residuos de Yopal, Aguazul, Sácama, Recetor, Támara, Nunchía y Monterrey, municipios que reúnen más de 270.000 habitantes.

La contratación representa un avance concreto, pero no una respuesta inmediata. El plazo de ejecución es de cinco meses contados desde el acta de inicio, una vez se aprueben las garantías y se cumplan los demás requisitos. Entre los documentos conocidos no aparece esa acta, por lo que todavía no puede establecerse la fecha de terminación.

Incluso si las obras comenzaran de inmediato, su ejecución tardaría más que la capacidad estimada de la trinchera 11. Acuatodos ofrece una salida temporal para los próximos dos años, pero permanece sin resolver el periodo entre el agotamiento del espacio actual y la entrada en funcionamiento de la nueva celda.

La Gobernación aportó maquinaria, pero falta un plan de contingencia

La Gobernación informó que durante 2025 y 2026 lideró más de diez mesas interinstitucionales y aportó una retroexcavadora, dos volquetas y combustible para atender trabajos urgentes. Según el expediente, la EAAAY reconoció esta ayuda como uno de los pocos compromisos materiales cumplidos.

Varios municipios usuarios del relleno, en cambio, habrían incumplido los aportes acordados. La EAAAY advirtió que podría restringir el ingreso de residuos procedentes de esas localidades, lo que extendería la crisis a territorios sin infraestructura propia.

La pregunta central ya no es si existen proyectos, sino cómo se garantizará el servicio mientras terminan las obras contratadas.

La Procuraduría pidió abrir un incidente de desacato

La Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria solicitó abrir un incidente de desacato al considerar que las entidades no han demostrado el cumplimiento material de la sentencia de 2015. La Fundación Little Guardians también pidió inspecciones y un plan de contingencia.

El Tribunal todavía no ha declarado el desacato ni impuesto sanciones. En la audiencia deberá establecer cuándo comenzará el contrato con el Consorcio Rellenos, en qué fecha estará lista la nueva celda y dónde se depositarán los residuos si la trinchera 11 llega primero a su límite.

También deberá aclararse por qué no fue radicado el recurso preparado por la EAAAY para discutir la ampliación de la cota.

La solución fue contratada, pero la crisis puede llegar primero

La sentencia de 2015 ordenó tener preparada una alternativa permanente al menos un año antes de la salida de operación de El Cascajar.

Once años después, Casanare tiene una obra contratada que podría extender dos años la operación, pero requiere cinco meses para ejecutarse. Paralelamente, una propuesta que prometía 33 meses adicionales, sin mayores costos, quedó sin discusión de fondo porque el recurso de la EAAAY nunca fue presentado.

La región cuenta con estudios, inversiones y proyectos. Lo que todavía no tiene es una solución operativa para cubrir el intervalo entre el agotamiento de la única trinchera habilitada y la terminación de las nuevas obras.

La basura seguirá llegando todos los días. La nueva celda todavía debe construirse.

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