La obligación de padres no tiene estrato: médico internista de Yopal, demandado por la madre de su hija

Hay batallas que no aparecen en los titulares. Se libran todos los días frente a una cuenta por pagar, una matrícula escolar, una consulta médica o simplemente la necesidad de poner comida sobre la mesa.

La de la médica Laura Victoria Mejía Moncada es una de ellas.

Durante años, esta madre asegura haber sacado adelante a su hija mientras reclama que el padre cumpla con las obligaciones económicas que asumió formalmente frente a ella.

El padre de la menor es médico especializado en medicina interna y trabaja en una clínica de Yopal, de acuerdo con la información conocida para este caso.

Este dato, por sí solo, no permite establecer cuánto gana ni concluir que tenga determinada capacidad económica.

Pero sí hace parte del contexto de una historia en la que una obligación alimentaria acordada formalmente terminó acumulando una deuda superior a los cien millones de pesos.

Una obligación acordada desde 2022

En julio de 2022, los padres acudieron al Centro de Conciliación de la Personería de Bogotá y suscribieron un acuerdo sobre la manutención de la menor.

El padre aceptó pagar una cuota mensual de $2.405.000, además de asumir obligaciones relacionadas con salud, educación y vestuario. El acuerdo quedó con mérito ejecutivo.

Laura sostiene que, pese a ese acuerdo, ha tenido que asumir durante años buena parte de las responsabilidades económicas y de crianza de su hija.

Más de $106 millones en una deuda que sigue creciendo

El problema terminó en los estrados judiciales.

En una providencia del 9 de abril de 2026, el Juzgado Segundo de Familia de Ejecución de Sentencias de Bogotá aprobó una liquidación por $106.102.146, correspondiente a obligaciones alimentarias y otros conceptos relacionados con la menor.

La liquidación incluye alimentación, vestuario, educación, medicina prepagada e intereses de mora.

Solo las cuotas alimentarias correspondientes al periodo entre junio de 2025 y marzo de 2026 fueron calculadas en $36,6 millones, antes de intereses.

La cifra permite dimensionar cómo una obligación mensual puede convertirse, con el paso de los años, en una deuda millonaria.

La batalla de Laura no termina en el juzgado

Para Laura, sin embargo, la historia no puede reducirse a una cifra.

Ella cuenta que ha tenido que trabajar, criar a su hija y al mismo tiempo acudir a diferentes instituciones para conseguir que el padre cumpla con una obligación que, según el documento de conciliación, él mismo aceptó.

En el proceso judicial se han producido actuaciones dirigidas al cobro de las obligaciones. En abril de 2026, el juzgado ordenó entregar los títulos de depósito judicial disponibles hasta completar las sumas aprobadas.

Laura también acudió a la Fiscalía por el presunto delito de inasistencia alimentaria. En junio de 2026, la Fiscalía 231 Local de Bogotá convocó a las partes a una diligencia para intentar un acuerdo de pago dentro del proceso penal.

Cuando cobrar una obligación se convierte en otra batalla

Para Laura, uno de los aspectos más frustrantes del proceso ha sido que conseguir una orden judicial no necesariamente significa conseguir el dinero.

Según su relato, cuando comenzaron a practicarse embargos, el padre habría dejado de recibir directamente parte de sus ingresos y habría empezado a operar mediante una empresa en la que, afirma, no figura formalmente como empleado.

De acuerdo con lo que cuenta la madre, los pagos por sus servicios profesionales pueden llegar a través de esa sociedad, lo que habría dificultado que las medidas de embargo alcancen efectivamente esos recursos.

Laura sostiene además que esta situación ha obligado a promover nuevas actuaciones judiciales mientras la deuda continúa acumulándose.

Cuando la justicia tarda, la infancia no se detiene

Y aquí aparece una pregunta que trasciende la historia de esta familia.

¿Cuánto tiempo debe esperar una madre para que una obligación alimentaria reconocida legalmente se convierta realmente en recursos para su hija?

La demora de un proceso no permite afirmar automáticamente que exista impunidad. Pero cuando pasan los años, se acumulan las deudas y los procesos continúan avanzando lentamente, existe un problema que merece ser discutido: un derecho puede estar reconocido en el papel y, aun así, resultar difícil de hacer efectivo.

Mientras tanto, la niña crece. Necesita alimentación, educación, salud, vivienda y cuidado mientras es infante, no cuando termine el proceso judicial.

Laura ha tenido que librar durante años una batalla que, en principio, no debería ser exclusivamente suya. La responsabilidad de garantizar las condiciones materiales para que una hija crezca no corresponde únicamente a quien tiene su custodia cotidiana.

Y tampoco debería depender de cuánto tiempo tarde un expediente en recorrer los despachos judiciales.

Porque una cuota alimentaria no es un favor que un padre le hace a una madre. Primero es un acto de amor con los hijos que trajo al mundo. En segundo termino es una obligación moral y económica.