Otro negocio de tierras de Jhon Jairo Torres termina en conflicto en Yopal: propietarios reclaman predios en La Guafilla
Una promesa de compraventa por $3.900 millones entre los propietarios de dos fincas e INDECO terminó en una querella por la posesión de cerca de 80 hectáreas. Los vendedores aseguran que la negociación no se completó y que nunca entregaron materialmente los predios. Audios atribuidos a Jhon Jairo Torres, conocidos extraoficialmente por este medio, registran expresiones sobre “tomar posesión” de la finca y llevar personas al terreno.
Un nuevo negocio de tierras relacionado con Jhon Jairo Torres terminó convertido en una disputa por pagos, escritura y posesión de dos predios rurales en Yopal.
Esta vez el conflicto involucra las fincas San Joaquín y Lote N.º 1 Finca San Marcos, ubicadas en Bellavista–La Guafilla, y enfrenta a sus propietarios con Ingeniería de Construcciones y Compañía S.A.S. – INDECO Y COM S.A.S.
Gloria Susana Montañez Rubiano, copropietaria de los terrenos, presentó una querella policiva de amparo a la posesión ante el corregidor de Charte–La Guafilla, César Julián Lugo.
La acción pretende que se determine si INDECO incurrió en comportamientos contrarios a la posesión y, de ser así, se ordene la restitución de los inmuebles.
Una negociación por $3.900 millones que no terminó en escritura
Según la querella, en noviembre de 2024 los propietarios prometieron vender a INDECO los dos predios por $3.900 millones.
El acuerdo contemplaba una cuota inicial de $200 millones y pagos posteriores, mientras que la entrega material de las fincas debía producirse una vez se cancelara la totalidad del precio y se otorgara la escritura pública.
Los querellantes sostienen que quedaron pendientes aproximadamente $300 millones, suma que habría sido descontada por la compradora bajo el argumento de una comisión que los propietarios controvierten.
La escrituración estaba prevista para enero de 2026. Según el documento, INDECO no compareció a la notaría y, por tanto, no se otorgó escritura pública, no se registró la compraventa ni se realizó la entrega material de los predios.
La querella afirma que, pese a ello, personas relacionadas con la sociedad ingresaron posteriormente a las fincas, restringieron el acceso de quienes las explotaban y comenzaron a instalar postes para dividir sectores en lotes. También se denuncian obras sobre el Caño El Zorro y presencia de personas dentro de los terrenos.
“Mañana voy, entro a la finca, tomo posesión”
En medio del proceso se conocen varios audios atribuidos a Jhon Jairo Torres, obtenidos extraoficialmente por este medio.
Por protección de la fuente no se revelará la forma en que MarthaCifuentes.com tuvo acceso a las grabaciones. Su autenticidad y eventual valoración dentro del procedimiento corresponderán a la autoridad competente.
En uno de los audios, la voz atribuida a Torres afirma:
“Mañana voy, entro a la finca, tomo posesión de la finca. Si quiere llame a la Policía, haga lo que quiera”.
En otra conversación dice:
“La gente a la que le prometí esa finca en venta son más de 6 mil personas y les voy a pedir que tomen posesión de la finca”.
En el mismo audio agrega que “paramos los pagos y nos entendemos en un estrado judicial”.
Una tercera grabación contiene una expresión similar:
“Mañana le voy a meter un poconón de gente”.
Las frases son relevantes porque uno de los asuntos centrales de la querella es precisamente si INDECO llegó a adquirir legítimamente la posesión material de los inmuebles o si la ocupación ocurrió antes de perfeccionarse la compraventa.
Dos versiones enfrentadas sobre el pago
Los audios también muestran el desacuerdo económico que terminó fracturando la negociación.
En una de las grabaciones, la voz atribuida a Torres sostiene:
“Yo les compré una finca […] y ya se las pagué. Ellos verán si me hacen la escritura o no me la hacen. Y si no la hacen los demando y ya”.
La declaración contiene dos elementos importantes: Torres sostiene que pagó la finca, pero al mismo tiempo reconoce que la escritura todavía no había sido otorgada.
Los vendedores presentan una versión distinta: afirman en la querella que quedaron alrededor de $300 millones pendientes.
La discusión también involucra una comisión. En el mismo audio, Torres señala:
“Yo les cobré el 3 % de mi comisión”.
La querella sostiene que parte del saldo fue descontada precisamente bajo el argumento de una comisión que los propietarios dicen no haber pactado en esos términos.
Determinar quién incumplió las obligaciones económicas corresponde al escenario contractual competente. La querella que actualmente conoce la Corregiduría se concentra en la protección de la posesión.
Miles de personas y terrenos ofrecidos a terceros
La referencia a miles de personas no aparece únicamente en las conversaciones privadas.
La querella incorpora publicaciones realizadas anteriormente por Torres en Facebook desde los predios. De acuerdo con el documento, allí presentó las tierras como propiedad de INDECO y afirmó que “diez mil familias” ya tenían un pedazo de tierra, mientras una pieza institucional de la empresa promocionaba 130 hectáreas, de las cuales 80 corresponderían al denominado “circuito La Guafilla”.
La cifra difiere de las “más de 6 mil personas” mencionadas en uno de los audios. No está establecido si ambas referencias corresponden al mismo grupo o a momentos distintos del proyecto.
Los propietarios solicitan ahora que se les ampare la posesión, se ordene el desalojo de los ocupantes, se retiren las divisiones y demás intervenciones realizadas y se impida continuar ocupando, construyendo, enajenando o entregando lotes a terceros mientras se resuelve la controversia.
Antecedentes: La Bendición y La Manareña
El caso adquiere mayor relevancia por los antecedentes inmobiliarios asociados a Torres.
El más conocido es Ciudadela La Bendición, proyecto por el cual fue condenado penalmente por urbanización ilegal. En 2017 la Corte Suprema dejó en firme una pena de 24 meses de prisión.
La problemática jurídica y social derivada de ese desarrollo trascendió durante años el negocio original y requirió posteriormente intervención estatal para resolver asuntos de propiedad y formalización de los terrenos.
Más recientemente apareció La Manareña, también en La Guafilla. En agosto de 2026 la Alcaldía confirmó una sanción de $350 millones contra INDECO S.A.S. y una orden de demolición por intervenciones urbanísticas realizadas sin las licencias correspondientes.
En septiembre se adelantó el operativo para retirar las obras después de que una acción de tutela presentada por la empresa fuera declarada improcedente.
La Bendición, La Manareña y el actual conflicto por San Joaquín y San Marcos son procesos jurídicamente distintos. El primero derivó en una condena por urbanización ilegal; el segundo corresponde a una sanción urbanística contra INDECO; y el tercero es hoy una controversia posesoria surgida de una promesa de compraventa.
Sin embargo, los tres episodios vuelven a poner en discusión un asunto de interés público en Yopal: qué ocurre con los compradores o beneficiarios de terrenos cuando detrás de los proyectos persisten conflictos sobre propiedad, pagos, posesión o licencias.
En el caso de La Guafilla, la decisión está ahora en manos de la Corregiduría de Charte. Los propietarios reclaman recuperar las fincas y sostienen que nunca las entregaron.
Torres, en los audios conocidos extraoficialmente, asegura que el inmueble fue pagado y habla de acudir a los estrados judiciales.
Será la autoridad la que determine qué ocurrió jurídicamente con esas tierras.
Mientras tanto, queda por esclarecer cómo una negociación privada por $3.900 millones terminó involucrando la oferta de terrenos a miles de personas y una disputa por quién tiene derecho a ocuparlos.
