Mientras autoridades niegan presencia del Frente 28, Defensoría documenta su expansión en Casanare

La reciente afirmación de las autoridades de que el Frente 28 de las disidencias de las Farc no tiene presencia armada en Casanare quedó en entredicho con una alerta de la Defensoría del Pueblo que documenta su expansión hacia el norte del departamento.

La conclusión oficial fue expuesta durante el Consejo de Seguridad realizado después de conocerse un video en el que hombres armados del Frente 28 amenazaron a alcaldes y contratistas y conminaron a los mandatarios a presentarse a “dialogar” con esa organización.

En ese momento, las autoridades señalaron que esta estructura no estaba asentada en Casanare. Sin embargo, la Alerta Temprana 027-2026, fechada el 19 de octubre, describe una incursión armada intermitente de los frentes 28 y 10, instalación de campamentos, movilización de combatientes, imposición de normas y enfrentamientos con el ELN.

El documento declara en riesgo extremo a la población de La Salina, Sácama y Támara. También advierte que la confrontación podría extenderse hacia algunas veredas de Hato Corozal.

La guerra de Arauca se desplaza hacia Casanare

La Defensoría explica que el enfrentamiento que desde hace varios años sostienen en Arauca el ELN y las disidencias de las antiguas Farc estaría cruzando hacia el piedemonte y la alta montaña de Casanare.

Por un lado se encuentra el frente Adonay Ardila Pinilla, perteneciente al Frente de Guerra Oriental del ELN. Por el otro están los frentes 28 y 10 del Estado Mayor Central, organización bajo el mando de alias Iván Mordisco.

La disputa no se limita a una confrontación ideológica. Los grupos buscan dominar corredores que conectan a Arauca, Boyacá y Casanare, utilizados para movilizar combatientes, armas, municiones y abastecimientos.

También pretenden controlar economías ilegales como la extorsión, el contrabando, el narcotráfico y los préstamos bajo la modalidad de “gota a gota”.

Según la alerta, el Frente 28 inició desde 2024 un proceso de “retoma armada del territorio”, con apoyo del Frente 10. Esto habría incluido el traslado de integrantes, el establecimiento de campamentos en zonas de difícil acceso y la imposición de controles sobre las comunidades.

Como respuesta, el ELN habría movilizado desde Arauca al denominado Batallón Héroes y Mártires para reforzar su presencia en Sácama, La Salina y Támara e impedir el avance de las disidencias.

Presencia intermitente no significa ausencia

La Defensoría clasifica la presencia de las disidencias como intermitente, mientras considera permanente la presencia del ELN en la zona advertida.

Esto significa que el Frente 28 puede entrar, instalar campamentos, movilizar hombres, ejercer presiones o cometer acciones armadas y luego desplazarse hacia otras zonas.

Esa dinámica es diferente a tener una base permanente, pero tampoco permite afirmar que la organización esté ausente del departamento.

Por eso, los hallazgos de la Defensoría contrastan con cualquier afirmación categórica según la cual el Frente 28 “no está en Casanare”.

Cerca de 11.000 habitantes en riesgo extremo

Los tres municipios incluidos directamente en la alerta tienen aproximadamente 10.880 habitantes:

• La Salina: 1.437.
• Sácama: 2.367.
• Támara: 7.076.

La mayor parte del riesgo se concentra en comunidades rurales, campesinas e indígenas que viven en veredas apartadas, con vías deficientes, poca conectividad y dificultades para acceder rápidamente a la Policía, la Fiscalía, los servicios médicos o los organismos de atención humanitaria.

La Defensoría advierte que, si el Estado no actúa oportunamente, podrían presentarse:

• Homicidios selectivos y colectivos.
• Secuestros.
• Desapariciones forzadas.
• Desplazamientos y confinamientos.
• Reclutamiento y utilización de menores.
• Extorsiones.
• Amenazas contra autoridades y líderes.
• Atentados con explosivos.
• Restricciones a la movilidad.
• Ataques sicariales.

Grupos armados pretenden regular la vida cotidiana

Uno de los elementos más preocupantes es que las organizaciones armadas no solo buscan transitar o esconderse en estos territorios. También estarían intentando controlar la vida de sus habitantes.

La Defensoría señala que el Frente 28 habría impuesto un “manual de convivencia” de obligatorio cumplimiento para las comunidades bajo su influencia.

Los habitantes que incumplan esas reglas o sean señalados de colaborar con el grupo contrario pueden quedar expuestos a amenazas, señalamientos, desplazamientos, desapariciones u homicidios.

La alerta también documenta presiones contra alcaldes, concejales, personeros y otros funcionarios. Entre enero y febrero de 2026, un funcionario de elección popular habría sido obligado a acudir a un campamento de esa organización, donde recibió instrucciones que debía transmitir a otros integrantes de una administración municipal.

Esto coincide con el contenido del video conocido recientemente, en el que el Frente 28 llamó a los alcaldes a presentarse a dialogar. Más que un pronunciamiento aislado, el mensaje podría formar parte de una estrategia para ejercer influencia sobre las administraciones y las decisiones locales.

Amenazas y extorsiones con llamadas, panfletos y códigos QR

Las comunidades y autoridades reciben amenazas por medio de llamadas, mensajes, audios, redes sociales, panfletos y abordajes directos.

La Defensoría también advierte sobre el uso de códigos QR para realizar cobros extorsivos y dificultar el rastreo de los responsables.

En Támara se registraron oficialmente cinco casos de extorsión durante 2025: tres mediante llamadas, uno de forma directa y otro a través de redes sociales. No obstante, el informe considera que el número real podría ser mayor porque muchas víctimas no denuncian por temor.

El documento relata que, el 2 de febrero de 2026, una empresa que desarrollaba proyectos energéticos sostenibles en Sácama recibió una comunicación del Frente 28 en la que se le solicitaba establecer “un diálogo” para evitar “daños colaterales”.

También se conocieron presiones contra contratistas, funcionarios y administraciones municipales.

Pagar una extorsión también puede poner en riesgo la vida

La disputa entre los grupos crea una situación especialmente peligrosa para comerciantes, empresarios y contratistas.

La alerta señala que algunas personas que se desplazaban a pagar las cuotas exigidas por las disidencias fueron interceptadas por el ELN, privadas de la libertad durante varios días y despojadas del dinero.

En otras palabras, una víctima puede quedar amenazada por un grupo si no paga y ser considerada colaboradora del enemigo si accede a la exigencia.

Esta situación ayuda a explicar por qué muchas personas prefieren guardar silencio y no acudir a las autoridades.

Desapariciones que siguen sin respuesta

La Defensoría relaciona varios casos de personas desaparecidas en estos municipios:

• El agricultor Pablo Mateo Castelblanco Castellanos desapareció el 30 de junio de 2024, después de salir de la vereda Los Curos hacia Los Papayos.
• Alonso Amilkar Gutiérrez Riscanevo habría sido sacado violentamente de su vivienda, atado de manos, durante la madrugada del 26 de octubre de 2025, en la vereda Alto Cizareque de Támara.
• José Antonio Moreno Rodríguez fue reportado como desaparecido el 22 de abril de 2026, en la vereda Rionegro de La Salina.

El documento señala que las comunidades y los organismos de socorro adelantaron búsquedas, pero hasta la elaboración de la alerta no se conocía el paradero de estas personas.

La Defensoría pide que estos casos sean priorizados y que se fortalezcan los mecanismos de búsqueda urgente.

Minas en caminos, cultivos y zonas cercanas a escuelas

La utilización de explosivos representa otro de los riesgos más graves para las comunidades campesinas e indígenas.

Los grupos armados han instalado minas y otros artefactos en caminos rurales, corredores estratégicos y sectores cercanos a escuelas. Aunque estos elementos buscan atacar al grupo contrario o a la Fuerza Pública, también pueden ser activados por estudiantes, agricultores, docentes o familias que transitan diariamente por la zona.

El 26 de abril de 2026, dos agricultores activaron accidentalmente una mina cuando realizaban labores en un cultivo de café de la vereda Aguablanca, en Támara. Ferney Cuevas, de 34 años, resultó gravemente herido, mientras su compañero sufrió lesiones de menor gravedad.

La emergencia ocurrió en un sector ubicado a por lo menos seis horas del casco urbano, lo que dificultó la atención oportuna.

El 13 de mayo de 2026, el Ejército informó la destrucción de 39 artefactos explosivos tipo mina en zonas rurales de Sácama y Támara, además de una fábrica artesanal para su elaboración.

La Defensoría solicita adelantar labores de señalización, educación sobre el riesgo y desminado humanitario.

Riesgo de reclutamiento de niños y adolescentes

La alerta señala que existe un riesgo alto de reclutamiento, uso y utilización de menores porque las disidencias necesitan aumentar el número de combatientes para enfrentar simultáneamente al ELN y a la Fuerza Pública.

La Defensoría aclara que no cuenta con registros recientes que prueben casos de reclutamiento en los tres municipios. Sin embargo, advierte que el aislamiento rural, la presencia armada, la pobreza, la deserción escolar y el temor a denunciar dificultan detectar estos hechos.

Por tanto, la ausencia de denuncias no significa que el riesgo no exista.

El documento ordena fortalecer la prevención en colegios y escuelas, activar rutas de atención y garantizar el transporte y la alimentación escolar como mecanismos para evitar que los menores abandonen sus estudios y queden más expuestos a los grupos.

Restricciones y comunidades confinadas

Cuando las organizaciones armadas declaran paros o prohíben circular por determinadas vías, las comunidades deben suspender sus actividades.

Durante el paro armado ocurrido entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025, habitantes de La Salina, Sácama y Támara se abstuvieron de desplazarse por temor a represalias.

Estas restricciones pueden ocasionar:

• Suspensión de clases.
• Desabastecimiento de alimentos y medicamentos.
• Dificultades para atender emergencias médicas.
• Pérdida de cosechas.
• Cierre de comercios.
• Aislamiento de comunidades indígenas y campesinas.
• Imposibilidad de vender productos agrícolas.

En las zonas más apartadas no existen rutas alternativas, por lo que una orden de los grupos puede dejar aisladas veredas enteras.

Desplazamientos que no siempre se denuncian

En 2024 se declararon 79 desplazamientos individuales en los tres municipios:

• 39 en Támara.
• 32 en Sácama.
• 8 en La Salina.

La Defensoría considera que la dimensión real podría ser mayor. Algunas familias abandonan silenciosamente sus parcelas y evitan declarar lo sucedido por temor a represalias contra sus familiares.

El desplazamiento también implica perder cultivos, animales, viviendas, redes comunitarias y formas de subsistencia construidas durante años.

Territorios indígenas utilizados por los grupos

La alerta señala que las disidencias han utilizado territorios de los resguardos U’wa Chaparral Barro Negro y Huanua-Rauriwa para movilizar tropas, descansar, instalar campamentos y transportar armas, municiones e insumos.

Esta presencia viola la autonomía indígena, altera las prácticas culturales y expone a las comunidades a enfrentamientos entre las disidencias, el ELN y la Fuerza Pública.

La Defensoría también advierte que la confrontación podría extenderse hacia las veredas Puente Casanare, Las Tapias y Guayureme, en Hato Corozal, donde se encuentra parte del resguardo Chaparral Barro Negro.

La pobreza aumenta la vulnerabilidad

La violencia llega a municipios que ya enfrentan profundas carencias sociales.

En la zona rural de Sácama, el 55,01 % de la población presenta necesidades básicas insatisfechas. En Támara el indicador llega al 43,16 % y en La Salina al 38,20 %.

La pobreza multidimensional rural alcanza el 70,1 % en La Salina, mientras el promedio nacional es del 22,4 %.

En estos municipios persisten dificultades relacionadas con:

• Vías rurales.
• Acceso a servicios públicos.
• Atención médica.
• Transporte escolar.
• Educación.
• Conectividad.
• Comercialización de productos campesinos.
• Acceso a créditos y proyectos productivos.

Estas condiciones reducen las posibilidades de protección. Una familia que vive a varias horas del casco urbano, sin señal telefónica ni transporte permanente, tiene menos opciones para denunciar una amenaza, salir de la zona o recibir atención después de una emergencia.

Las 28 recomendaciones de la Defensoría

La Alerta Temprana formula 28 recomendaciones dirigidas al Gobierno nacional, la Gobernación de Casanare, las alcaldías, la Fiscalía, la Fuerza Pública, la Unidad de Víctimas y otras entidades.

Entre las principales medidas se encuentran:

• Reforzar la presencia institucional y las capacidades de Ejército y Policía.
• Evitar que la búsqueda de información militar exponga o estigmatice a las comunidades.
• Investigar desapariciones, secuestros, homicidios, amenazas y extorsiones.
• Proteger a alcaldes, concejales, personeros, líderes, docentes y autoridades indígenas.
• Prevenir el reclutamiento de menores.
• Garantizar transporte y alimentación escolar.
• Preparar albergues para eventuales desplazamientos.
• Actualizar planes de contingencia.
• Atender a las víctimas de violencia basada en género.
• Priorizar el desminado humanitario.
• Fortalecer la Guardia Indígena y las juntas comunales.
• Mejorar los servicios de salud y las oportunidades productivas.

Varias de estas acciones deben comenzar de manera inmediata o cumplirse en plazos de uno a cinco meses.