Otra vez la justicia tuvo que intervenir: Juez ordenó reanudar polémico proceso de elección para Contralor de Casanare
Una tutela interpuesta por dos aspirantes logró que el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal ordenara a la Asamblea Departamental reanudar el proceso suspendido para elegir Contralor de Casanare. El fallo expone vacíos en la actuación de la corporación y revive las críticas ciudadanas sobre la prueba de conocimientos, su aplicación y la falta de garantías de igualdad.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, en sentencia del 24 de octubre de 2025, falló a favor de las aspirantes María Antonia Perilla Cárdenas y Diana Milena Jarro Rodas, quienes presentaron acción de tutela contra la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Casanare.
Ambas alegaban la vulneración de sus derechos al debido proceso administrativo y al acceso a empleos públicos, tras la suspensión indefinida del concurso para elegir contralor departamental.
El juez Mauricio Andrés Pérez Caballero concluyó que la suspensión careció de sustento jurídico y motivación suficiente. Se ordenó a la Asamblea publicar en 48 horas los resultados preliminares de la prueba de conocimientos aplicada el 9 de octubre.
Igualmente se debe publicar el nuevo cronograma que permita las etapas de reclamación y cierre.
También dispuso remitir copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue posibles responsabilidades disciplinarias por la filtración anticipada de un acta con puntajes divulgada en redes sociales.
Quién interpuso la tutela y qué alegó
Las demandantes, Perilla y Jarro, fueron aspirantes admitidas en la convocatoria pública convocada por la Resolución 046 de 2025, bajo la operación técnica de la Universidad de Cartagena.
Ambas denunciaron que la Asamblea, mediante la Resolución 056 del 15 de octubre, suspendió el proceso basándose en una presunta filtración de resultados publicada en la página web “La Poderosa”, sin verificar irregularidades reales en la cadena de custodia.
El Juzgado les dio la razón: la Asamblea no tenía competencia para investigar a la universidad operadora, y su decisión “rompió las reglas del concurso y vulneró derechos fundamentales”.
Una prueba bajo cuestionamientos
La tutela, más allá de su alcance jurídico, revivió los cuestionamientos sobre la transparencia y planeación de la convocatoria, que ya habían sido advertidos en artículos publicados por este medio en fechas anteriores.
En esas publicaciones, varios aspirantes y observadores del proceso señalaron falencias en las condiciones de la prueba de conocimientos, entre ellas:
- El escaso tiempo de respuesta: solo 60 minutos para resolver 50 preguntas, un margen mucho menor al de otros concursos similares.
- La inclusión de preguntas de alto nivel analítico, consideradas desproporcionadas frente al perfil del cargo convocado.
- Que la convocatoria de elección de universidades para apoyar el proceso de elección se realizó un viernes después de las 6 p.m., previo a un puente festivo, reduciendo el margen de presentación de ofertas de instituciones de educación superior.
“Fue una evaluación sin garantías reales de equidad”, coincidieron varios participantes consultados en su momento por www.marthacifuentes.com.
Las voces en disputa
Mientras las tutelantes pedían continuar con el proceso, otros aspirantes —como Carlos Ramón Lizarazo, Robinson Luna y Carlos Fredy Mejía— defendieron la suspensión, alegando que la publicación en redes comprometía la reserva técnica.
Otros, como Fabio Luis Cárdenas, aseguraron haber sido excluidos por fallas en la notificación.
El juez, sin embargo, determinó que la Asamblea no probó ningún daño real ni irregularidad técnica, y que su actuación generó un limbo administrativo que afectó la confianza y los principios de mérito y legalidad.
Más allá del fallo: un proceso en entredicho
El pronunciamiento judicial evidenció un patrón de improvisación institucional en los concursos públicos del departamento.
La elección del contralor, que debía ser un ejercicio de transparencia, terminó envuelta en fallas de comunicación, criterios desiguales y decisiones apresuradas.
El caso pasará ahora a la Corte Constitucional, mientras persiste la pregunta sobre la legalidad y la confianza en los concursos por mérito.
Los más altos puntajes
Carlos Camargo: con 88 puntos
Gustavo Castro Cárdenas con 82 puntos
Rigoberto Alfonso Pérez con 80 puntos
Fallo de tutela:
