La Asamblea Departamental dio un paso inusual: admitir que el concurso para elegir al contralor estuvo lleno de irregularidades desde su origen. La decisión de revocar todo el proceso se tomó en medio de dudas sobre la transparencia del trámite, críticas al operador académico y tensiones internas en la Duma. Hoy el proceso debe reiniciarse desde cero.

---

Irregularidades desde el inicio del proceso

La elección comenzó con señales de alerta que para muchos aspirantes y observadores no parecían simples equivocaciones.

La selección directa —sin comparación de oferentes ni criterios objetivos— de la Universidad de Cartagena como operador de la prueba de conocimientos levantó las primeras dudas sobre la imparcialidad del proceso.

En un informe de la Contraloría Departamental de Casanare se concluyó que en la elección de la Universidad para apoyar el proceso de elección hubo selección anticipada del contratista, publicaciones tardías, requisitos ilegales y omisiones de la mesa directiva, lo que vulneró principios básicos de la contratación estatal.

Además, la Asamblea no acató de manera adecuada decisiones de tutela que ordenaban ajustar plazos y garantizar igualdad.

A esto se sumó que la prueba de conocimientos consistió en 50 preguntas analíticas en una sola hora, un formato desproporcionado si se compara con otros concursos, donde se otorgan hasta cuatro horas para resolver cien preguntas.

Desde ese punto, la desconfianza ya estaba instalada.

---

La Mesa Directiva reconoce vicios internos

La propia Asamblea, mediante la Resolución 069 del 13 de noviembre de 2025, reconoció que cometió irregularidades estructurales que afectaron la validez del proceso. Estas incluyen:

• Un aviso de convocatoria incompleto, que omitió 8 de los 9 requisitos exigidos por la Ley 1904 de 2018.
• Cronogramas publicados de manera extemporánea, generando inscripciones en horarios no habilitados.
• Actos administrativos sin soporte jurídico, especialmente tras la revocatoria en segunda instancia de una tutela utilizada para modificar fechas.

Estos elementos vulneraron principios centrales: publicidad, mérito, igualdad, transparencia y seguridad jurídica.
Aunque no usa un lenguaje confesional, la resolución funciona como una admisión explícita de responsabilidad administrativa.

---

Irregularidades en la intervención del operador académico

La ruptura de la cadena de custodia de la prueba de conocimientos terminó por agravar el escenario.

La Universidad de Cartagena permitió la presencia de un funcionario de la Procuraduría Regional de Bolívar sin delegación formal, quien elaboró un acta con puntajes nominales en papelería oficial del ente de control.

Ese documento terminó circulando en redes sociales antes de la fecha oficial de publicación.

Aunque la Asamblea no fue responsable directa de la filtración, sí incurrió en responsabilidad indirecta por no ejercer supervisión adecuada ni establecer protocolos de custodia sólidos.

---

¿Tuvo más peso la filtración o las irregularidades internas?

La Resolución 069 distingue claramente que la filtración fue el detonante final, pero hubo más causas del colapso del concurso.

Las irregularidades cometidas por la propia Asamblea —convocatoria mal diseñada, cronogramas irregulares, actos inconsistentes— fueron más determinantes y dejaron el proceso viciado desde su origen.

La filtración simplemente hizo insostenible continuar.

---

Renuncia en la Mesa Directiva en medio de tensiones internas

Antes de la expedición de la resolución que tumbó el proceso, la diputada Marisela Duarte Rodríguez renunció a la Segunda Vicepresidencia.

Aunque no explicó sus razones, en el recinto se interpretó como un desacuerdo con la conducción del presidente de la Mesa Directiva sobre este concurso.

Fue reemplazada por el diputado Germán Pinzón, también del Centro Democrático.

---

Aspirantes con puntajes altos anuncian acciones jurídicas

Varios aspirantes que obtuvieron puntajes sobresalientes ya anunciaron que interpondrán tutelas o acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Argumentan que se vulneró su derecho al debido proceso y que los vicios cometidos por la Asamblea y su operador no deben afectar a quienes demostraron mérito.

---

Un proceso marcado por tensiones y dudas desde el inicio

Recusaciones entre diputados, decisiones judiciales contradictorias, un operador elegido sin concurso previo y una prueba con tiempos insuficientes revelan un proceso que ya estaba comprometido antes de la filtración.

La revocatoria termina siendo el resultado inevitable de una suma de actuaciones irregulares.

---

La decisión final: reiniciar todo

La Asamblea ordenó:

• Revocar todo lo actuado desde el 29 de julio.
• Expedir una nueva convocatoria en cinco días hábiles.
• Revisar el contrato con la Universidad de Cartagena.
• Comunicar la decisión a Procuraduría y aspirantes.

Todos los participantes deberán reiniciar el proceso desde cero.

---

Contexto

La Resolución 046 del 29 de julio, que abrió la convocatoria, fue firmada por:

• Juan Fernando Mancipe Pérez, Presidente
• Marisela Duarte Rodríguez, Segunda Vicepresidente

Igualmente en letra más pequeña:

• Luis Alejandro Rincón, abogado de la Asamblea
• Sergio Andrés Rodríguez Cruz, abogado contratado para apoyar y asesorar la presidencia de la Asamblea.
• Wilmer Alonso Vega Mendoza, Secretario General (revisor)

El aviso de convocatoria deriva directamente de ese acto, pese a no tener firmas visibles.

A pesar de contar con dos profesionales en derecho, la Asamblea incurrió en irregularidades graves en la elaboración, revisión y publicación del proceso, lo que abre la puerta a posibles responsabilidades disciplinarias.

Llama la atención que la Resolución No. 069, mediante la cual se da al traste con el proceso de elección de contralor, la firman el presidente Mancipe y el nuevo segundo vicepresidente Germán Pinzón. Igualmente estampa su firma el abogado Rodríguez Cruz y el secretario general. En este documento no aparece la firma del asesor jurídico o abogado Alejandro Rincón.