¿Por qué la Contraloría cree que la Asamblea de Casanare amañó contrato con la U. de Cartagena para apoyar la elección del contralor?

Lo que debía ser un proceso ejemplar de transparencia terminó convertido en un caso con serios reparos. En un informe de la Contraloría Departamental de Casanare conocido por este medio se advierte de múltiples irregularidades en el contrato interadministrativo 001 de 2025, firmado entre la Asamblea Departamental y la Universidad de Cartagena por 40 millones de pesos para apoyar la realización de la convocatoria pública para la elección del contralor departamental 2026-2029.

El organismo de control concluye que hubo selección anticipada del contratista, publicaciones tardías, requisitos ilegales y omisiones de la mesa directiva, lo que vulneró principios básicos de la contratación estatal.

Una selección hecha antes de la planeación

El primer hallazgo es contundente: la Universidad de Cartagena fue elegida el 26 de junio, antes de que existieran los estudios previos del contrato, que apenas se elaboraron el 1 de julio. En otras palabras, la Asamblea escogió primero a la universidad y solo después intentó justificar la decisión en el papel.

Incluso, el 2 de julio la Asamblea seguía solicitando documentos jurídicos y técnicos a la universidad, pese a que en los informes previos ya se afirmaba que cumplía con todos los requisitos. Para la Contraloría, esto demuestra que se forzó la planeación posterior a una selección ya tomada.

Invitaciones a destiempo y un plazo imposible

La convocatoria a Instituciones de Educación Superior también genera suspicacia. Las invitaciones fueron enviadas el viernes 20 de junio y al menos dos de ellas casi a las 7 de la noche, víspera de un puente festivo nacional. Con ello, las instituciones tuvieron en realidad dos días, martes 24 y miércoles 25 de junio para preparar sus propuestas, cuyo plazo vencía el 25 de junio.

De las universidades consultadas por la Contraloría, tres afirmaron no haber recibido invitación, cuatro confirmaron haberla recibido (dos de ellas especificaron que fue luego de horario de oficina y otra el 24 de junio), y aunque la Universidad Industrial de Santander envió propuesta, fue descartada.

En contraste, la Universidad de Cartagena presentó su propuesta incompleta el mismo 25 de junio. Lo sorprendente es que, al día siguiente, el 26, ya había sido avalada como ganadora, sin un informe de verificación serio ni soportes jurídicos y técnicos suficientes. Incluso presentó documentos fuera de los plazos establecidos.

La Contraloría advirtió que estas maniobras redujeron al mínimo la posibilidad de participación real y efectiva de las IES.

Un requisito ilegal que favoreció a una sola universidad

Otro de los reparos apunta a la inclusión de un requisito adicional y sin sustento legal: la acreditación ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), que otorgaba 20 puntos extra en la evaluación.
Este criterio fue calificado como ilegal y restrictivo por la Contraloría, ya que no tenía relación con la elección de contralores y había sido derogado desde 2021. Una universidad desistió de participar porque no podía cumplirlo, mientras que la Universidad de Cartagena sí contaba con esa acreditación, lo que configuró un favorecimiento evidente.

Publicaciones tardías y opacas

La Contraloría verificó los aplicativos SECOP y SIA Observa y encontró que la documentación atinente a la contratación como estudios previos, CDP, Registro Presupuestal, justificación de la contratación directa, pólizas, acta de inicio y minuta, entre otros, no aparecían publicados en las fechas iniciales de revisión (6 y 15 de agosto).

Por ello requirió a la Asamblea esa información y solo hasta el 21 de agosto, es decir, 16 días después de firmado el contrato y seis días después del acta de inicio, se evidenció parte de la documentación.

La falta de publicidad oportuna fue catalogada como una transgresión a la transparencia y a la libre concurrencia.

Falta de rigor en la mesa directiva

Otro de los reparos fue la falta de actuación colegiada: el presidente de la Asamblea Juan Fernando Mancipe se echó toda la responsabilidad encima con el envío de las invitaciones a las IES, la evaluación y selección de la propuesta, la justificación de la contratación de la universidad e incluso la solicitud de documentos faltantes (luego de haber elegido la universidad). Esto debía ser responsabilidad de toda la mesa directiva, según la norma.

Si bien, uno de los integrantes (el diputado Jorge García) había manifestado su impedimento porque su papá tiene procesos fiscales pendientes en la Contraloría, esto generaba la obligación de suplir el vacío institucional, cosa que no ocurrió.

Requisitos ilegales para aspirantes a contralor

La resolución 046 del 29 de julio de 2025, que reglamentó la convocatoria para la elección de contralor, incluyó requisitos no contemplados en la Constitución ni en la ley, como la prohibición de haber ocupado cargos en la rama ejecutiva departamental durante el último año.
La Contraloría advirtió que la Asamblea se excedió en sus competencias al imponer exigencias adicionales.

Una cadena de irregularidades

Para la Contraloría, el proceso estuvo plagado de inconsistencias: se seleccionó antes de planear, se restringió la participación de universidades, se avaló una propuesta incompleta, se impusieron requisitos ilegales, no hubo publicidad oportuna y la mesa directiva actuó sin todos sus miembros.

El informe será trasladado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que determinen posibles responsabilidades disciplinarias y penales.

También se investigará un posible daño al patrimonio público por el pago de un contrato que podría estar viciado de nulidad.

Lo que debía ser un concurso transparente para elegir al próximo contralor departamental de Casanare quedó marcado por un proceso contractual que, según la Contraloría, nació con la sombra del favorecimiento y la falta de rigor legal.

Ocultamiento a la Asamblea de lo actuado

El 29 de julio, en sesión plenaria en Monterrey, los diputados de la minoría gobiernista propusieron que la mesa directiva adelantara el proceso de elección del contralor. En lo observado en la transmisión por Facebook, la mesa directiva guardó silencio sobre la contratación de la Universidad para adelantar la convocatoria y solo hasta casi la media noche de ese día se fijó en la página la resolución 046.

ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN U. CARTAGENA.PDF

CONTRATO ASAMBLEA – U. CARTAGENA PARA APOYAR CONVOCATORIA ELECCIÓN CONTRALOR