Bienes rurales en Casanare, territorio violentado por las AUC, afectados con extinción de dominio por la Fiscalía.
La Fiscalía ocupó 19 bienes avaluados en más de $65.000 millones, presuntamente vinculados al Bloque Bananero de las AUC. Entre los activos hay propiedades en Casanare, un territorio que vivió de forma directa la violencia paramilitar y donde aún persisten rastros de ese poder económico.
Un total de 19 propiedades avaluadas en más de $65.000 millones, vinculadas al Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fueron ocupadas con fines de extinción de dominio.
Entre los activos hay bienes ubicados en Casanare, un departamento donde el paramilitarismo dejó una profunda huella de violencia y control territorial.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la imposición de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre estos bienes. Todo bajo una acción adelantada por la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y el CTI, con apoyo del Ejército Nacional.
Los predios serán destinados a la reparación de víctimas del conflicto armado, en un proceso que, aunque tardío, busca impactar las estructuras económicas que sostuvieron durante años la violencia.
Casanare, escenario del paramilitarismo
La presencia de bienes vinculados a las AUC en Casanare no es un hecho aislado ni sorpresivo. Por el contrario, confirma que este departamento fue uno de los territorios donde estas estructuras armadas consolidaron violento poder.
Hace más de dos décadas Casanare vivió una fuerte influencia de grupos paramilitares. Primero con las Autodefensas Campesinas de Casanare, bajo el mando de alias “Martín Llanos”, y posteriormente con la expansión de las AUC, que disputaron y controlaron amplias zonas del territorio.
Ese periodo estuvo marcado por una ola de terror: homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento y control social sobre comunidades enteras.
La memoria de la guerra sigue anclada al territorio
Uno de los hechos más simbólicos de ese capítulo ocurrió en Yopal, donde en la finca Corinto se realizó la desmovilización de estructuras como el Bloque Centauros, con Vicente Castaño, uno de sus comandantes más sanguinario.
Este tipo de antecedentes ubican a Casanare como una pieza clave dentro del engranaje paramilitar en los Llanos Orientales.
Por eso, la ocupación de bienes en el departamento tiene un significado que va más allá de lo judicial: toca directamente la memoria histórica de la región.
Bienes que financiaron la guerra
De acuerdo con la investigación, las propiedades afectadas no solo servían como refugio de estructuras armadas, sino también como soporte económico de la organización.
Esto revela una dimensión estructural del conflicto: la violencia no operó sola, sino acompañada de una red de bienes, recursos y capital que permitió su sostenimiento en el tiempo.
En otras palabras, detrás de las armas hubo una economía.
Una deuda que sigue abierta
Aunque estos bienes serán destinados a la reparación de víctimas, el proceso deja preguntas abiertas.
Han pasado más de dos décadas desde el auge del paramilitarismo en Casanare, y apenas ahora comienzan a afectarse algunos de sus activos.
En ese lapso, es inevitable cuestionar qué ocurrió con otras propiedades, recursos y estructuras económicas que pudieron haberse transformado o integrado a dinámicas legales.
La extinción de dominio avanza, pero lo hace sobre rastros que el tiempo no logró borrar completamente.
Un golpe necesario, pero tardío
La acción de la Fiscalía representa un paso importante en el desmantelamiento de las finanzas ilegales de grupos armados.
Sin embargo, también evidencia la dimensión del rezago institucional frente a fenómenos que marcaron profundamente regiones como Casanare.
Más que un operativo judicial, este caso reabre una discusión de fondo, la necesidad de entender el conflicto no solo como violencia armada, sino como un sistema que combinó control territorial y acumulación económica.
