Café amargo en Casanare: contrato de $1.600 millones de la era Alirio Barrera, bajo indagación de la Fiscalía, según PARES

Imagine que el Estado promete ayudar a un grupo de campesinos entregándoles plantas de café buenas, fuertes y listas para sembrar. Para eso contrata a unas empresas, les entrega más de $1.600 millones y además paga una interventoría para que alguien vigile que todo se haga bien.

Eso fue, en términos sencillos, lo que ocurrió con el contrato de prestación de servicios No. 1955 de 2017, adjudicado durante la administración del entonces gobernador de Casanare, Alirio Barrera, hoy senador del Centro Democrático.

El objetivo era establecer 100 hectáreas de café variedad Castillo como alternativa productiva para campesinos del departamento. Pero, según un informe de la Fundación Paz & Reconciliación, Pares, el proyecto terminó rodeado de presuntas irregularidades, dudas sobre la calidad de las plantas entregadas, posibles vínculos entre contratistas e interventoría, y actuaciones tardías de los órganos de control.

La promesa: sembrar café y apoyar a campesinos

El contrato fue adjudicado al Consorcio Café Casanare 2017, integrado por tres organizaciones: CorpoAire, con el 40%; CEFIN, con el 30%; y la Asociación Agropecuaria y Empresarial El Diamante, con el 30%.

La idea era que estas organizaciones entregaran el material vegetal necesario para sembrar café en el departamento. En teoría, el proyecto debía fortalecer la producción campesina y abrir una nueva alternativa económica para familias rurales.

Pero los campesinos comenzaron a denunciar que las plantas entregadas no tenían la calidad esperada.

Según el informe, algunas plántulas habrían llegado en espuma y no en bolsa negra, como suele hacerse con este tipo de cultivos. Además, habrían tenido una altura de apenas 15 a 20 centímetros, cuando las condiciones contratadas exigían plantas más desarrolladas.

Dicho de forma simple: se habría pagado por plantas que debían llegar listas y fuertes, pero a varios beneficiarios les habrían entregado material débil, pequeño y con pocas posibilidades de sobrevivir bien en el terreno.

El ratón cuidando el queso

En cualquier contrato público hay una figura clave: la interventoría. Es la persona o equipo encargado de revisar que el contratista cumpla lo pactado. Es como el árbitro de un partido: no juega para ningún equipo, sino que debe vigilar que las reglas se cumplan.

En este caso, la interventoría estuvo a cargo de Claudia Consuelo Acevedo Montañez, por un valor de $100 millones.

El punto delicado, según Pares, es que Acevedo tendría presuntos vínculos familiares con Malena Dayanna Barrera Acevedo, representante legal de CorpoAire, la organización con mayor participación dentro del consorcio contratista.

Esto plantea una alerta evidente: si quien debe vigilar tiene cercanía familiar o influencia con quienes ejecutan el contrato, la vigilancia pierde independencia. Sería como poner a revisar un examen a alguien cercano al estudiante evaluado.

El informe también señala que la Procuraduría encontró que Claudia Acevedo no solo habría actuado como interventora, sino que presuntamente habría tenido incidencia en decisiones internas del mismo consorcio contratista, aunque no apareciera formalmente como representante legal.

Los nombres que aparecen en el informe

El protagonista político principal es Alirio Barrera, entonces gobernador de Casanare entre 2016 y 2019, periodo en el que se adjudicó el contrato. Hoy Barrera es senador del Centro Democrático.

También aparecen las organizaciones contratistas del Consorcio Café Casanare 2017: CorpoAire, representada por Malena Dayanna Barrera Acevedo; CEFIN, representada por Alberto Luis Torres Parelo; y la Asociación Agropecuaria y Empresarial El Diamante, representada por José Israel Castiblanco Infante.

El informe expresa que la Procuraduría cuestionó la interventoría por no haber exigido presuntamente la calidad de los bienes contratados y por certificar satisfacción contractual pese a las posibles fallas.

También son mencionados Camilo Alberto Montagut Fernández, entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Gobernación de Casanare, y Jymmy Coba Vaca, director técnico de Desarrollo Rural, dentro de las actuaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría.

El café se enfrió y las IAS también. Dejaron prescribir investigaciones. 

La Contraloría revisó el caso después de recibir una denuncia anónima. Según el informe de Pares, ese organismo encontró inconsistencias en la entrega de las plántulas, falta de soportes sobre la procedencia de las semillas y posibles incumplimientos en las condiciones contratadas.

También se advirtió que algunas semillas tenían fechas de vencimiento muy cercanas a la firma del contrato, lo que habría afectado la germinación y productividad.

La Contraloría llegó a hablar de un posible detrimento patrimonial cercano a $825 millones. Es decir, una posible pérdida de recursos públicos. Sin embargo, pese a esos hallazgos, el caso terminó archivado.

La Procuraduría también conoció los hechos, abrió indagación preliminar en 2020, inició investigación disciplinaria en 2021 y formuló pliego de cargos en 2023.

Pero en mayo de 2024, la Procuraduría de juzgamiento del Meta archivó el proceso por prescripción. En palabras sencillas: el caso se demoró tanto que se venció el tiempo legal para sancionar disciplinariamente.

La pregunta es inevitable: si los órganos de control ya tenían señales de alarma, ¿por qué el proceso no avanzó a tiempo?

Ojalá en la Fiscalía no se duerma el proceso como en las otras ÍAS

Aunque la Contraloría y la Procuraduría archivaron sus actuaciones, el informe señala que actualmente existe una investigación en la Fiscalía General de la Nación, en etapa de indagación.

Ese proceso será clave para determinar si las presuntas irregularidades fueron solo fallas administrativas o si pueden constituir delitos.

La Fiscalía deberá revisar si hubo favorecimientos indebidos, omisiones, posibles falsedades, daño al patrimonio público o responsabilidades penales de quienes participaron en la contratación, ejecución, supervisión y aprobación del proyecto.

También deberá establecer si los campesinos afectados tendrán algún tipo de respuesta real, porque al final fueron ellos quienes recibieron el impacto más directo: un proyecto que prometía fortalecer sus cultivos, pero que habría terminado entregando material vegetal deficiente.

Si el control llega tarde, la impunidad llega primero

Este caso no habla solo de un contrato mal ejecutado. Habla de una forma de manejar recursos públicos en la que aparecen contratistas recurrentes, presuntos vínculos familiares, interventorías cuestionadas, políticos regionales y campesinos que terminan pagando las consecuencias.

La imagen es sencilla: la plata salió, el contrato se ejecutó formalmente, alguien certificó que todo estaba bien, pero los campesinos denunciaron que las plantas no servían como debían. Luego llegaron los órganos de control, encontraron problemas, pero dejaron vencer el tiempo.

Ahora la pregunta queda en manos de la Fiscalía: ¿fue solo desorden administrativo o hubo una trama de corrupción alrededor de un contrato que debía beneficiar al campo casanareño?