Histórico: Habrá jueces especiales para resolver problemas de tierras en Colombia. Demanda de director de ANT, Felipe Harman, fue clave.
La Corte Constitucional ordenó crear juzgados agrarios desde 2027 tras una demanda del director de la Agencia Nacional de Tierras y pidió al Congreso aprobar con urgencia la ley que permita poner en marcha la justicia rural en Colombia.
En Colombia, muchos problemas del campo —peleas por tierras, falta de títulos o conflictos entre vecinos— duran años sin solución. Pero esto podría empezar a cambiar.
La Corte Constitucional tomó una decisión clave tras una demanda presentada por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman: ordenó que desde el año 2027 se creen juzgados especiales para atender conflictos del campo.
Jueces especializados para el campo
Esto significa que el país tendrá jueces dedicados únicamente a resolver problemas agrarios, algo que durante años han reclamado campesinos y comunidades rurales.
Hoy, muchos procesos relacionados con tierras pueden tardar años. Entre los más comunes están:
quién es el dueño de un predio, conflictos por linderos, disputas por herencias o casos de víctimas del conflicto.
Con esta decisión, la idea es que los casos se resuelvan más rápido y con mayor conocimiento de la realidad rural.
La Corte también presiona al Congreso
Además de ordenar la creación de estos juzgados, la Corte hizo un llamado directo al Congreso de la República para que apruebe, con urgencia, la ley que permita que esta jurisdicción funcione en la práctica.
Esta ley es necesaria para cumplir con lo establecido en el Acto Legislativo 03 de 2023, que creó las bases de la justicia agraria en Colombia.
En otras palabras, ya existe la decisión judicial, pero falta que el Congreso defina las reglas claras para que el sistema empiece a operar completamente.
Un cambio de fondo en la justicia rural
Esta decisión apunta a resolver uno de los problemas históricos del país: los conflictos por la tierra.
La falta de una justicia especializada ha hecho que miles de casos se acumulen sin solución, afectando principalmente a campesinos, víctimas del conflicto y comunidades rurales.
Con la creación de estos juzgados, el Estado busca dar mayor seguridad sobre la propiedad de la tierra, reducir conflictos prolongados y avanzar en la reforma agraria.
Colombia empieza a construir una justicia pensada para el campo, donde los campesinos puedan acceder a soluciones más rápidas y efectivas.
