Exsecretario de Educación de Yopal, quien renunció en medio de señalamientos de acoso sexual, pide reintegro a la Alcaldía vía tutela
El exfuncionario interpuso una acción de tutela para suspender los efectos de su renuncia, alegando que no fue una decisión libre sino tomada en medio de presiones, denuncias cruzadas y una crisis de salud mental.
Un caso poco común se tramita en los juzgados de Yopal: el exsecretario de Educación, David Federico Díaz Sánchez, busca que se suspenda el acto administrativo mediante el cual la Alcaldía de Yopal aceptó su renuncia y designó a un reemplazo, pese a que él mismo había presentado dimisión “voluntaria e irrevocable”.
El núcleo del debate no es solo jurídico, sino humano: si esa renuncia fue realmente libre o si estuvo condicionada por un contexto de presión, exposición pública y afectación emocional.
La cronología: el punto clave del caso
A finales de enero de 2026, el entonces secretario recibió mensajes en los que —según su versión— se le advertía que se harían públicas supuestas acusaciones en su contra si no accedía a determinadas condiciones laborales.
El 27 de enero, acudió a la Fiscalía y presentó denuncia por presuntos delitos como extorsión y chantaje.
Días después, el 11 de febrero, fue valorado por profesionales de la salud mental, quienes dejaron constancia de una afectación emocional significativa, con síntomas de ansiedad, insomnio y depresión.
El 13 de febrero, en medio de ese contexto, presentó su renuncia al cargo.
El 18 de febrero, el exfuncionario radicó una incapacidad médica por 20 días, expedida por psiquiatría, con diagnóstico de reacción al estrés grave.
Esa incapacidad cubría un periodo posterior a la fecha en que se hizo efectiva su renuncia.
Pese a ello, el 19 y 20 de febrero, la Alcaldía de Yopal:
- Aceptó formalmente la renuncia
- Designó a un funcionario encargado en el cargo
Según la tutela, sin valorar ni su estado de salud ni el contexto en que se produjo la dimisión.
Señalamientos públicos y denuncias cruzadas
El caso se desarrolla en medio de un ambiente altamente sensible.
Mientras en redes sociales y espacios públicos circularon señalamientos por presunto acoso sexual contra el entonces secretario, él sostiene que fue víctima de un intento de extorsión y que las acusaciones fueron difundidas sin respaldo judicial.
En el expediente se advierte que estos hechos derivaron en una exposición mediática intensa, que —según la familia— deterioró gravemente su estabilidad emocional.
El estado de salud: el argumento central
Uno de los pilares de la tutela es el estado de salud mental del exfuncionario.
De acuerdo con los documentos médicos, presenta síntomas compatibles con un episodio depresivo y reacción al estrés grave, con recomendaciones de seguimiento psiquiátrico y psicológico.
La familia advierte incluso un riesgo para su vida, señalando temor de que pueda atentar contra sí mismo debido al nivel de afectación emocional.
Este punto es determinante: la tutela no solo busca efectos administrativos, sino medidas urgentes de protección.
Lo que pide ante la justicia
El exsecretario solicita que se suspendan los efectos de dos actos administrativos:
- La resolución que aceptó su renuncia
- La resolución que encargó a otro funcionario
El objetivo es que se revise si esa renuncia fue realmente libre, teniendo en cuenta que se encontraba bajo incapacidad médica y en un contexto de presión.
Decisiones judiciales: el caso sigue abierto
El juzgado admitió la acción de tutela, pero en una primera decisión negó la medida provisional que buscaba suspender de inmediato los efectos de la renuncia.
Posteriormente, en segunda instancia, se ordenó vincular a otros actores al proceso, incluyendo personas mencionadas en el conflicto y plataformas digitales donde se habrían difundido contenidos relacionados con el caso.
Esto amplía el alcance del expediente, que ya no solo involucra a la Alcaldía, sino también a terceros y al rol de las redes sociales.
