Capresoca: ¿Se torció el destino de las regalías para sanearla mientras crecían las quejas PQR tras la intervención?
No se puede afirmar todavía que las presuntas irregularidades con las regalías causaron el aumento de las PQR. Pero sí hay una correlación políticamente grave: mientras los recursos aprobados para sanear a Capresoca quedaron bajo sospecha, los usuarios siguieron reportando barreras de acceso, demoras, problemas con medicamentos, y remisiones. ¿Será que alguien quiere pensar en los usuarios y no en la plata?
La denuncia presentada por Olga Lucía Vásquez Barrios, actual interventora de Capresoca EPS ante las IAS no solo pone bajo la lupa el manejo de las regalías para ayudar a superar deudas de la entidad.
También obliga a mirar una contradicción mayor: Mientras Casanare destinó regalías para sanear financieramente a su EPS pública, los usuarios siguieron enfrentando barreras de acceso a la salud con calidad y oportunidad.
Capresoca informó que se identificaron situaciones que ameritan ser investigadas por las autoridades competentes. Esto como resultado de verificaciones administrativas sobre la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías correspondientes al proyecto BPIN 2022005850026.
La entidad señaló que ya entregó información y documentos a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General, para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar.
La EPS aclaró que esta actuación no implica un juicio anticipado contra persona alguna.
La pregunta del millón es: ¿Si los recursos de regalías fueron aprobados para capitalizar y sanear a Capresoca por qué la crisis de atención siguió golpeando con fuerza a los afiliados?
Regalías para salvar una EPS en crisis
Las regalías hacen parte del proyecto de “Capitalización y saneamiento financiero del modelo de atención en salud en la Entidad Promotora de Salud Capresoca del departamento de Casanare”, viabilizado en 2022 durante el gobierno de Salomón Sanabria y la gerencia de Nuria Bohórquez.
Se aprobó la capitalización de Capresoca EPS con recursos de la Gobernación de Casanare provenientes del Sistema General de Regalías. Lo cual terminó avalando el incremento del capital fiscal de la entidad por $140.000 millones y una ruta de capitalización proyectada para el periodo 2022-2031.
En 2022 se girarían $21.000 millones, de los cuales $15.000 millones irían para la red pública de salud. Para 2023 se proyectaban $14.000 millones y, de ahí en adelante, $17.500 millones hasta 2029.
La plata tenía un propósito político y social concreto:
Sanear financieramente a Capresoca, aliviar deudas con la red prestadora y contribuir a mejorar la atención en salud de miles de usuarios en Casanare.
La sombra sobre los pagos a IPS: ¿Coimas?
Una fuente reputada consultada por este medio señaló que los recursos destinados a pagar deudas con prestadores de salud habrían sido orientados con base en criterios irregulares. Incluso bajo sospechas de presuntas comisiones ilegales o coimas.
Esta información deberá ser verificada por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. No constituye, por ahora, una conclusión judicial ni una imputación formal contra persona alguna.
Se abre una línea de investigación especialmente delicada: si los pagos se priorizaron según la necesidad del servicio y la protección de la red pública hospitalaria, o si terminaron respondiendo a intereses distintos.
La preocupación es mayor porque, según la ruta anunciada originalmente, una parte sustancial de los recursos debía beneficiar a la red pública de salud, integrada por las ESE que soportan buena parte de la atención de pacientes en el territorio.
Una intervención que llegó por una crisis profunda
La intervención de Capresoca por parte de la Superintendencia Nacional de Salud no ocurrió en el vacío. La resolución expedida el 7 de octubre de 2024 describió una entidad con problemas acumulados:
- Reclamaciones en aumento
- Barreras de acceso
- Dificultades en la entrega de medicamentos
- Fallas en la red prestadora
- Incumplimientos frente a órdenes de la Supersalud
- Y riesgos financieros que comprometían su funcionamiento.
En otras palabras, la intervención fue presentada como una medida para proteger a los usuarios, ordenar la EPS y corregir una crisis que ya afectaba el derecho fundamental a la salud.
Pero los datos posteriores muestran que esa promesa no se tradujo, al menos de forma clara, en una mejora sostenida de la experiencia de los afiliados.
Las PQR: una alerta que la intervención no logró apagar
La resolución que ordenó la intervención de la Supersalud ya advertía que las reclamaciones venían creciendo:
- Entre enero y junio de 2023 se registraron 1.853 PQR,
- Mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra subió a 3.123, un aumento de 1.270 reclamaciones.
El problema no se resolvió con la intervención.
- Según el informe mensual de PQR de junio de 2026, en el primer semestre de 2025 Capresoca acumuló 4.171 PQR
- Entre enero y junio de 2026 ya sumaba 3.822. Este dato muestra una reducción frente al mismo periodo del año anterior pero la cifra sigue siendo más del doble de la registrada en 2023.
Además, el indicador más delicado no está solo en cuántas quejas llegan, sino en la capacidad de responderlas.
- En 2025, el informe reporta un cierre del 100 % de las PQR durante los primeros seis meses.
- En 2026, en cambio, el cierre acumulado bajó a 94,24 %
- Y en junio cayó a apenas 78,59 %, con 140 PQR abiertas solo en ese mes.
La lectura es clara: Las inconformidades siguen muy por encima de los niveles de 2024 y continúan asociadas, en su mayoría, a barreras de acceso a servicios de salud, medicamentos, imagenología, elementos complementarios y procesos de referencia y contrarreferencia.
Usuarios siguieron chocando con las mismas barreras
El informe de junio de 2026 muestra que la mayoría de las PQR no corresponden a asuntos menores.
De las 654 PQR radicadas en junio, 600 estuvieron asociadas a barreras en el acceso a tecnologías y servicios de salud y otros elementos complementarios, es decir, más del 91 % del total del mes.
Los principales submotivos de inconformidad fueron medicamentos UPC, con 112 PQR; imagenología, con 108; y elementos complementarios para la atención del usuario, como pañales e insumos, con 53. También aparecen reclamos por falta de oportunidad en referencia y contrarreferencia, otros procedimientos no quirúrgicos y dificultades para acceder a servicios especializados.
El propio informe identifica posibles causas de esas inconformidades:
- Capresoca no tendría contratada o disponible una red suficiente de hospitales, clínicas y especialistas para atender casos complejos, especialmente en niños
- Demora en cotización de servicios no incluidos en la red contratada
- Agotamiento de presupuesto en contratos farmacéuticos
- Dificultades para asignar citas
- Demora en entrega de medicamentos e insumos
- Agenda limitada para servicios de alta complejidad
- Y demoras en la aceptación de casos clínicos para remisión.
Más que un problema contable
Por eso la discusión no puede reducirse a una revisión técnica de pagos o a un expediente más ante los organismos de control. Lo que está en juego es si los recursos públicos destinados a salvar a Capresoca cumplieron realmente su finalidad social.
Las regalías fueron aprobadas para estabilizar financieramente la EPS, pagar pasivos con la red prestadora y proteger la atención en salud. Al mismo tiempo los usuarios continuaron acumulando quejas por barreras de acceso, demoras y falta de oportunidad, entonces el problema no es solo financiero. Es también asistencial, institucional y político.
¿Se usaron los recursos para aliviar la crisis de los pacientes? ¿O se quedaron atrapados en la lógica de los pagos, los contratos y los intereses de intermediación?
Lo que deben responder las autoridades
La denuncia de la actual interventora obliga a esclarecer cuánto dinero del proyecto fue efectivamente ejecutado. Qué IPS recibieron pagos y en qué cuantías. Bajo qué criterios se priorizaron los desembolsos, cuánto llegó a las ESE públicas y qué obligaciones quedaron pendientes.
También deberá establecerse quiénes tomaron las decisiones administrativas durante la ejecución de esos recursos. Si existieron pagos orientados por criterios ajenos a la necesidad del servicio, la antigüedad de las deudas, la protección de la red pública o el impacto real sobre los usuarios.
INFORME PQRS DE ENERO A JUNIO DE 2026
