Desaparecen 488 vehículos bajo custodia de Tránsito en Casanare: Pérdida superaría los $1.000 millones. ¿Quién responde?

Investigación de www.casanarehoy.com del periodista César Colmenares

Ni el ilusionista más famoso del mundo se atrevió a tanto: Desaparecer cerca de 500 vehículos sin dejar rastro. No es un truco. Es un problema público. Y está ocurriendo en Casanare.

La cifra es concreta: 488 vehículos que estaban bajo custodia de la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad, de la Gobernación de Casanare, hoy no tienen una trazabilidad clara.

No aparecen en el parqueadero PARKING INTERLAGOS, donde eran llevados los vehículos relacionados con infracciones. Con control verificable, no existe una ruta pública precisa sobre su ubicación y las respuestas institucionales siguen siendo parciales frente a la dimensión del caso.

Lo que debería ser un sistema riguroso de custodia terminó convirtiéndose en un vacío que expone fallas estructurales en el manejo de bienes retenidos por el Estado.

Una pérdida millonaria

Si se toma como referencia un valor promedio conservador de 2 millones de pesos por vehículo, el faltante de 488 unidades representaría una afectación cercana a los mil millones de pesos.

Se trata de una estimación, pero permite dimensionar el impacto económico. Es un caso que no solo compromete bienes individuales, sino también la responsabilidad patrimonial sobre recursos bajo custodia estatal.

Todo empezó con una motocicleta

Uno de los casos que ayudó a destapar la dimensión del problema corresponde a un ciudadano que pidió mantener en reserva su identidad.

Según la documentación conocida, su motocicleta fue inmovilizada por una infracción de tránsito y debía permanecer bajo custodia dentro del sistema oficial.

Sin embargo, tiempo después apareció un tercero intentando adelantar trámites sobre ese vehículo, como si ya hubiese sido negociado.

El propietario sostiene que nunca autorizó venta, nunca firmó traspaso, nunca otorgó poder y jamás fue notificado de un procedimiento que permitiera desprenderlo legalmente de su bien.

La respuesta oficial conocida dentro del caso señala que en la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad de Casanare no se realizó ningún trámite de transferencia o enajenación sobre ese vehículo y que tampoco existe documento firmado por el propietario que autorice su venta.

En otras palabras: en los papeles no había negocio, pero en la práctica el vehículo ya había salido del circuito institucional.

Adicional a esto está el detalle que no es menor, referente a la tarjeta de propiedad exhibida por la persona que había comprado la moto, frente a la tarjeta de propiedad del propietario.

Evidentemente hubo una falsificación en documento público. 

De un caso individual a un faltante masivo

La revisión del expediente no condujo solamente a una irregularidad puntual.

En la documentación del caso aparece una relación de 488 vehículos que habrían estado bajo custodia: 369 vinculados a tránsito departamental, 60 al municipio de Aguazul y 59 a la Fiscalía.

La cifra cambia por completo el tamaño del problema. Ya no se trata de una sola motocicleta presuntamente movida de manera irregular.

Se trata de un faltante masivo que compromete la cadena de custodia sobre bienes retenidos por autoridades públicas.

Mover ese volumen de vehículos no es un detalle menor. Requiere logística, decisiones, soportes, responsables y rutas verificables.

Y precisamente ahí aparece uno de los vacíos más graves: la trazabilidad no resulta clara ni completa frente a una cantidad de automotores que, por su naturaleza, no podían simplemente desaparecer sin dejar rastro.

La versión del traslado a Bogotá

Dentro de la respuesta oficial firmada por la autoridad de tránsito se dejó constancia de que el parqueadero que tenía bajo su guarda estos vehículos PARKING INTERLAGOS habría realizado una cesión o traslado a una empresa -TERRIEQUIPOS S.A.S.- en Fontibón, Bogotá. Esta habría sido sin autorización previa de la Dirección de Tránsito.

Pero cuando fueron a ver al sitio, los vehículos no estaban ya en el patio de origen y tampoco habrían aparecido en el lugar reportado como destino.

Ahí el caso dejó de parecer una simple falla administrativa. Pasó a ser material: dónde están.

La denuncia penal ya está en Fiscalía

La Dirección de Tránsito de Casanare informó en su momento que presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se establezcan responsabilidades por el traslado irregular y por el paradero de los vehículos inmovilizados.

Ese dato confirma que el asunto ya no se mueve solamente en el terreno de una reclamación ciudadana o de una diferencia contractual con un operador privado.

La propia institucionalidad reconoció la gravedad del caso al llevarlo al escenario penal.

Sin embargo, la denuncia no resuelve por sí sola la pregunta central. La acción judicial existe, pero la claridad pública sobre el destino final de los vehículos sigue siendo insuficiente.

Esto también tiene otras implicaciones. Si estos vehículos llegan a ser usados para cometer fechorías, generarían un efecto directo sobre los propietarios, dicen expertos.

¿Qué dijo la Secretaría de Infraestructura?

La Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad de Casanare depende de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Casanare.

Esto implica que el problema no se limita a un operador de parqueadero. Involucra una estructura administrativa que tenía la responsabilidad de supervisar, controlar y garantizar la custodia de estos bienes.

Desde la Secretaría de Infraestructura se expresó a este medio de comunicación que:

«Esta administración actuó con diligencia y con responsabilidad desde el momento en que se conocieron las inconsistencias relacionadas con los vehículos inmovilizados que estaban bajo custodia de ese parqueadero.

La Dirección de Tránsito, que está adscrita a la Secretaría de Infraestructura, hizo los requerimientos, verificó la información, adelantó las actuaciones correspondientes y puso en conocimiento de las instancias competentes todo lo que fue encontrando. Es decir, no hubo omisión por parte de la Administración; por el contrario, se actuó oportunamente para esclarecer lo sucedido.

Lo que se ha podido establecer hasta ahora es que los hechos, que hoy son materia de investigación, recaen en principio sobre el particular propietario del parqueadero, que era quien tenía la obligación de custodiar esos vehículos y cumplir con todas las condiciones legales derivadas de esa autorización.

Precisamente por eso se tomó la decisión de presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, para que sea esa autoridad la que determine si hubo o no la comisión de algún delito y establezca las responsabilidades del caso».

Un antecedente que Casanare no debería olvidar

Este caso, además, revive una memoria incómoda en el departamento. En julio de 2014, en Yopal, un incendio arrasó con más de 200 motocicletas inmovilizadas que permanecían en un parqueadero contratado por la administración municipal.

En ese momento, los propietarios denunciaron falta de información, demoras en los trámites y afectaciones económicas graves. Esto porque muchas de esas motos eran su herramienta de trabajo y su principal medio de transporte.

Cuando el Estado inmoviliza vehículos pero terceriza su custodia sin controles eficaces ni garantías suficientes, qué ocurre.

El ciudadano queda expuesto a un sistema donde la responsabilidad se dispersa y la reparación se vuelve incierta.

La falla no es solo del patio

La magnitud del faltante obliga a mirar también los sistemas de supervisión. Igualmente los controles administrativos, las verificaciones periódicas y la responsabilidad de quienes debían vigilar una cadena de custodia sobre bienes retenidos por el Estado.

Porque si realmente desaparecieron 488 vehículos bajo custodia estatal en Casanare, la discusión no puede cerrarse en el operador privado. También debe alcanzar a la institucionalidad que debía controlar, auditar y reaccionar a tiempo.