Prueba sin tropiezos, pero con una posible terna en los corrillos: persiste la desconfianza en elección de Contralor de Casanare

Aunque la prueba de conocimientos para elegir al próximo contralor departamental de Casanare transcurrió sin controversias visibles, dos participantes consultados por este medio expresaron dudas sobre los controles aplicados durante la jornada, la cadena de custodia de las respuestas y la circulación anticipada de tres nombres como posibles integrantes de la lista de elegibles.

El examen se realizó el domingo 25 de octubre en la sede de Uniremington, en Yopal, bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, sede Medellín. Cerca de 42 aspirantes fueron distribuidos en dos salones para responder 100 preguntas durante cuatro horas.

Las bolsas que contenían los cuestionarios y las hojas de respuestas fueron abiertas en el lugar. La jornada comenzó y terminó sin protestas, interrupciones ni denuncias formales de fraude. Sin embargo, la tranquilidad dentro de los salones contrasta con la desconfianza que persiste fuera de ellos.

Una prueba técnica y exigente

Los dos participantes coincidieron en que el examen fue difícil, técnico y demandó buena parte del tiempo disponible. Incluyó preguntas sobre responsabilidad fiscal, contratación estatal, planeación, regalías, procedimientos sancionatorios, régimen departamental y funciones de las asambleas.

Uno de los aspirantes manifestó que varias preguntas eran excesivamente específicas o parecían apartarse del núcleo del control fiscal. Como ejemplo mencionó un ejercicio sobre la cantidad de votos necesarios para que una asamblea apruebe una moción de censura contra un secretario departamental.

También se conoció un cuestionamiento sobre una pregunta relacionada con la presentación de una ordenanza que concedería beneficios tributarios sin definir una fuente sustitutiva de ingresos ni determinar su impacto en el marco fiscal de mediano plazo. Según uno de los participantes, las respuestas se concentraban en la aplicación de la Ley 819, pero omitían discutir si un diputado tenía iniciativa para presentar ese proyecto.

Estas observaciones deberán tramitarse mediante las reclamaciones previstas en el concurso. Por ahora corresponden a la interpretación de los aspirantes y no permiten concluir que el cuestionario estuviera mal elaborado.

Controles que dejaron inquietudes

Los testimonios coinciden en que solamente habrían llegado dos delegados de la Universidad Nacional, uno para cada salón. También aseguran que no se revisaron gafas, audífonos ni otros elementos que pudieran ocultar dispositivos electrónicos.

Los celulares no fueron recogidos. La instrucción habría sido apagarlos o mantenerlos en modo avión y guardarlos. Ninguna de las fuentes afirmó haber visto a un concursante utilizando el teléfono durante el examen, pero consideran que la ausencia de una verificación más estricta dejó un vacío innecesario.

Inicialmente se pidió responder con lápiz. Ante la desconfianza de algunos participantes, se solicitó autorización para utilizar esfero o estilógrafo, petición que fue aceptada sin dificultad. Como resultado, algunas hojas quedaron diligenciadas con lápiz y otras con tinta.

Un delegado de la Procuraduría habría llegado durante la jornada, pero los consultados no pudieron establecer si su presencia estaba programada, desde qué momento acompañó la prueba ni qué procedimientos verificó.

La principal preocupación está después del examen

Para los participantes, el punto más sensible no es lo ocurrido mientras respondían, sino lo que sucede con las hojas desde que son entregadas hasta que se publican las calificaciones.

Las respuestas fueron empacadas nuevamente, pero los concursantes no conservaron una copia ni las hojas fueron escaneadas delante de cada uno. Por eso, posteriormente no podrán confrontar el documento entregado con aquel que finalmente sea evaluado.

Una de las fuentes propuso que en este tipo de concursos las respuestas sean digitalizadas inmediatamente después de su entrega y enviadas al participante. Ese mecanismo permitiría verificar que el documento calificado corresponde exactamente al diligenciado en el salón y reduciría las sospechas sobre eventuales sustituciones o modificaciones.

La Universidad Nacional y la Asamblea Departamental deberán explicar quién recibió el material, cómo fue transportado, dónde permanece custodiado, quiénes tienen acceso, cuándo será abierto y bajo qué procedimiento se realizará la calificación.

Tres nombres circulan antes de los resultados

El punto políticamente más sensible es la coincidencia entre las dos fuentes sobre los nombres que se mencionaban antes de publicarse las calificaciones.

En conversaciones extraoficiales aparecen Mirama López Zamudio, Sergio Molano Rojas y Humberto Alirio Martínez Pérez como posibles integrantes de la lista de elegibles. Los tres hacen parte oficialmente del grupo de aspirantes admitidos, pero hasta ahora no existe evidencia que permita afirmar que hayan recibido las respuestas o que estén siendo favorecidos.

Las fuentes también hablaron de presuntas presiones políticas y de intereses económicos alrededor de la elección. No obstante, no aportaron documentos, denuncias formales ni evidencias que permitan presentar esas versiones como hechos comprobados. Por esa razón, cualquier señalamiento concreto deberá ser investigado y contrastado antes de atribuir responsabilidades.

Un proceso marcado por el fracaso anterior

La desconfianza no apareció con la prueba del domingo. En 2025, el concurso adelantado con la Universidad de Cartagena terminó revocado luego de varias controversias, entre ellas la circulación anticipada de resultados y cuestionamientos sobre el cronograma y las notificaciones.

Posteriormente se intentó avanzar con otra universidad, pero ese procedimiento también fue revocado. La elección tuvo que comenzar nuevamente, ahora bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional.

Ese antecedente obliga a aplicar un estándar de transparencia superior. No basta con afirmar que las bolsas estaban selladas o que la jornada transcurrió en calma. La legitimidad del proceso dependerá de que cada etapa pueda ser reconstruida y verificada.

Los resultados permitirán saber si los nombres que circulaban en los corrillos coinciden con quienes obtuvieron las mejores calificaciones. Si eso ocurre, la coincidencia no probará por sí sola una manipulación, pero aumentará la obligación de mostrar las hojas de respuestas, los puntajes individuales, las reclamaciones y toda la trazabilidad de la calificación.

La verdadera prueba apenas comienza: demostrar que los resultados corresponden a lo contestado por cada aspirante y que la lista de elegibles no estaba definida antes de abrir las bolsas.