Consejo de Seguridad: Frente 28 no está en Casanare, pero pretende cogobernar sus alcaldías
Aunque las autoridades aseguran que la estructura fue desplazada del departamento, reconocen que mantendría colaboradores o “estafetas” para intimidar. La Gobernación solicitó revisar la protección de los alcaldes y pidió la presencia de la cúpula nacional.
El Frente 28 no tendría actualmente una estructura armada asentada en Casanare, pero pretende intervenir en los presupuestos y las decisiones de sus alcaldías, según lo analizado durante el Consejo Extraordinario de Seguridad convocado después de las amenazas difundidas por esa disidencia de las Farc.
La reunión fue encabezada por el gobernador de Casanare y contó con la participación presencial y virtual de varios alcaldes, así como de representantes de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Fiscalía y los organismos de inteligencia.
El secretario de Gobierno departamental, Julio Ramos, señaló que las autoridades atribuyen el video al Frente 28 y relacionó su difusión con Jean Carlos Medina, señalado como integrante de esa estructura.
Según Ramos, el mensaje no constituye una invitación al diálogo, sino la pretensión ilegal de intervenir en los presupuestos y el manejo de las administraciones municipales.
“Ellos dicen que tienen derecho de coadministración, que tienen derecho a saber cómo están los presupuestos y cómo se tienen que manejar las alcaldías. Todo esto es ilegal”, manifestó.
Solicitan revisar la protección de los alcaldes
Una de las principales decisiones del Consejo de Seguridad fue solicitar una nueva evaluación de los niveles de riesgo y los esquemas de protección de los alcaldes. Varios mandatarios no cuentan actualmente con seguridad aprobada, mientras otros disponen de medidas limitadas.
Ramos explicó que el procedimiento comienza con la denuncia ante la Fiscalía y la valoración de riesgo por parte de las autoridades competentes. Posteriormente, la Unidad Nacional de Protección —UNP— determina si se requieren escoltas, vehículos blindados, chalecos u otras medidas.
El alcalde de Yopal ya habría presentado la denuncia correspondiente, mientras los demás mandatarios fueron orientados para iniciar el trámite.
El secretario reconoció, sin embargo, las dificultades administrativas. Según indicó, la UNP cuenta con apenas dos funcionarios en Casanare y buena parte de las decisiones debe escalarse a Bogotá. También afirmó que anteriormente ha sido difícil establecer comunicación directa con las instancias nacionales de esa entidad.
Durante la reunión se planteó revisar algunos esquemas asignados desde hace varios años para establecer si el riesgo persiste y determinar si los recursos pueden ser redistribuidos hacia personas que actualmente enfrenten amenazas mayores.
Piden un consejo con autoridades nacionales
La Gobernación informó que envió solicitudes a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa para realizar en Casanare un Consejo Extraordinario de Seguridad con presencia de autoridades nacionales y altos mandos militares.
El objetivo es definir operaciones y estrategias frente a las amenazas contra las administraciones municipales, la actividad extorsiva y otros hechos recientes de violencia.
También se estableció un plan de trabajo con los alcaldes. Sus detalles no fueron revelados por razones de seguridad, pero incluiría el fortalecimiento de las labores de inteligencia, investigación y presencia de la Fuerza Pública en diferentes zonas del departamento.
Sin presencia permanente, pero con redes para intimidar
Ramos aseguró que el Frente 28 no se encuentra actualmente asentado en Casanare porque habría sido desplazado hacia otros departamentos por las operaciones militares.
Sin embargo, que la estructura no tenga campamentos o una presencia armada permanente no significa que haya perdido toda su capacidad de intervención. Durante la entrevista se reconoció que podría utilizar colaboradores, mensajeros o “estafetas” para movilizarse, recopilar información, transmitir órdenes o intimidar dentro del departamento.
La amenaza, por tanto, no debe medirse solamente por la presencia visible de hombres armados. También debe establecerse si existen redes que faciliten contactos, extorsiones, vigilancia o presión sobre funcionarios, contratistas y comerciantes.
No acudir a citaciones ni entregar dinero
El secretario de Gobierno pidió a alcaldes, comerciantes, contratistas y representantes de los gremios no asistir a reuniones convocadas por grupos armados y denunciar inmediatamente cualquier intento de contacto.
Advirtió que acudir a una citación o entregar dinero, aunque ocurra bajo presión y miedo, termina financiando a las organizaciones ilegales. También reconoció que las víctimas actúan pensando en la seguridad de sus familias, razón por la cual insistió en que no deben quedar solas frente a las amenazas.
Las denuncias pueden hacerse ante el Gaula de la Policía, en la línea 165, o el Gaula Militar, en la línea 147, además de la Fiscalía y las autoridades territoriales.
Ramos alertó que delincuentes comunes o personas que realizan llamadas desde centros carcelarios podrían aprovechar la difusión del video para hacerse pasar por integrantes del Frente 28 y exigir dinero. Recomendó no consignar, conservar los mensajes y números telefónicos y acudir inmediatamente a las autoridades.
La Gobernación recordó, además, que existe una recompensa de hasta $50 millones por información que permita prevenir hechos violentos o identificar a sus responsables.
Evitar que los alcaldes queden solos
El temor de los mandatarios no se limita a un posible atentado. También existe el riesgo de que la presión armada pretenda someter las decisiones de las alcaldías, influir en la contratación o imponer condiciones sobre el manejo de los recursos públicos.
Casanare ya conoce las consecuencias de dejar a funcionarios locales expuestos a grupos armados. En el pasado, algunos mandatarios terminaron involucrados en acuerdos ilegales que derivaron en investigaciones, destituciones y condenas.
La respuesta institucional debe diferenciar al alcalde intimidado, que necesita protección y acompañamiento, de quien voluntariamente establece un pacto con una estructura criminal.
El Consejo de Seguridad deja solicitudes y una ruta de actuación, pero la respuesta definitiva dependerá también del Gobierno nacional. Mientras se tramitan los estudios de riesgo, varios alcaldes continúan ejerciendo sin esquemas suficientes.
La amenaza no consiste únicamente en la posibilidad de un ataque. El Frente 28 pretende convertir la intimidación armada en una forma de cogobierno sobre las alcaldías, sus presupuestos y sus decisiones administrativas.
