Gobierno transfiere a Prosperidad Social la administración de la nueva Renta Básica Solidaria para personas mayores
Bogotá, 3 de julio de 2025 – Prosperidad Social será la entidad encargada de administrar y pagar la Renta Básica Solidaria del Pilar Solidario, uno de los ejes de la Reforma Pensional aprobada recientemente. Esta medida busca entregar un ingreso mensual de $230.000 a más de 3,1 millones de personas mayores en condición de pobreza, vulnerabilidad o discapacidad, que no reciben pensión.
El anuncio fue realizado por el presidente Gustavo Petro y detallado por la directora encargada de Prosperidad Social, Carolina Hoyos Villamil, quien explicó que esta renta busca garantizar una vejez digna a quienes han trabajado durante toda su vida sin acceso a seguridad social.
¿A quién está dirigida?
La Renta Básica Solidaria beneficiará a:
- Personas mayores sin ingresos, en situación de pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerabilidad o con discapacidad significativa.
- Personas de comunidades étnicas, campesinas o que sean cuidadoras de personas con discapacidad.
Las condiciones de acceso incluyen:
- Ser colombiano.
- Tener al menos 65 años (hombres) o 60 años (mujeres); en casos de discapacidad, desde los 55 y 50 años, respectivamente.
- Pertenecer a grupos clasificados como pobres o vulnerables según el sistema de focalización.
- Haber residido en Colombia mínimo 10 años antes de la solicitud.
- No recibir ninguna pensión.
Las personas beneficiarias podrán recibir hasta 12 pagos anuales, dependiendo del momento de su vinculación, sin que esto afecte a quienes ya son parte del programa Colombia Mayor.
¿Qué impacto se espera?
Según Prosperidad Social, la implementación de esta medida permitiría:
- Reducir la pobreza extrema en 2,5 puntos en 2025.
- Alcanzar una reducción de 6,4 puntos para 2026.
- Beneficiar directamente a unas 156.000 personas mayores este año, y hasta 400.000 en 2026.
La entidad también anunció la creación de un nuevo sistema de información y seguimiento para garantizar una gestión eficiente y evitar fraudes. La vinculación al programa es gratuita y no requiere intermediarios.
Finalmente, Hoyos Villamil aseguró que el programa “es una herramienta de justicia social y redistribución” y forma parte de la apuesta del Gobierno por garantizar derechos básicos a quienes han estado históricamente excluidos de los sistemas de protección social.
