¿Por qué la ANT ve posible acumulación de predios de origen baldío en Alirio Barrera y su familia?

El caso de las tierras vinculadas al senador Josué Alirio Barrera Rodríguez dejó de ser solo una controversia entre un político y un medio de comunicación.

Hoy también está bajo la lupa de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, a partir de dos respuestas oficiales a sendos derechos de petición que muestran cómo el análisis pasó de un predio puntual a una revisión más amplia sobre varios folios y miembros de su entorno familiar.

La ANT confirma que hoy existe “un diagnóstico e indagación” sobre acciones de presunta acumulación de predios de origen baldío relacionadas con este caso y con integrantes de la familia Barrera.

En esa revisión preliminar, la entidad ubica como focos principales a Josué Alirio Barrera Rodríguez y Amanda Rocío González Rodríguez, mientras que frente a otros familiares hace distinciones y no llega, por ahora, a las mismas conclusiones.

El caso tomó fuerza pública cuando el medio independiente Casa Macondo publicó una investigación sobre tierras ligadas al senador en Casanare y sostuvo que Josué Alirio Barrera Rodríguez acumula al menos 487 hectáreas de origen baldío.

Esa publicación abrió una controversia que luego pasó por los tribunales y que hoy tiene un nuevo capítulo dentro de la Agencia Nacional de Tierras, ANT.

Primero, la ANT habló de un predio puntual

El 10 de marzo de 2026, la ANT respondió un derecho de petición presentado por la firma de abogados Sismo & Lex S.A.S. sobre el folio de matrícula inmobiliaria 470-108585, relacionado con el predio conocido públicamente como Peñones del Piedemonte.

En esa respuesta, la entidad concluyó que ese inmueble salió válidamente del dominio de la Nación y que, por lo tanto, tenía naturaleza jurídica privada.

También indicó que no aparecía en sus bases como parte de procesos administrativos agrarios.

En lenguaje simple, esa primera respuesta decía: para esa consulta concreta, ese predio debía entenderse como privado.

Después, la ANT amplió la mirada

Pero el 28 de marzo de 2026, en respuesta a otro derecho de petición, esta vez presentado por Luis Guillermo Pérez Pérez / Little Guardians Foundation, la ANT dio un paso mucho más amplio.

Ya no habló solo de un predio. Confirmó que existe un diagnóstico e indagación sobre una posible acumulación de predios de origen baldío relacionada con este caso.

Eso significa que la entidad pasó de revisar una sola pieza a mirar un conjunto más grande de tierras y movimientos patrimoniales.

Lo que dice la ANT sobre el senador Barrera

Según el documento del 28 de marzo, Josué Alirio Barrera Rodríguez aparece con 14 predios, de los cuales 8 tendrían origen baldío.

La ANT señala que, sumadas sus áreas, esos predios alcanzan más de 412 hectáreas, una cifra que supera ampliamente el rango de la Unidad Agrícola Familiar, UAF, fijado para esa zona entre 45 y 61 hectáreas.

Con base en eso, la entidad afirma que hay argumentos suficientes para sostener la hipótesis de una presunta indebida acumulación de predios de origen baldío.

Más adelante habla incluso de indicios serios y concordantes para profundizar la actuación.

Eso no significa que ya exista una condena o una decisión final. Pero sí significa que la ANT está diciendo, por escrito, que ve razones suficientes para seguir revisando el caso.

Lo que dice la ANT sobre Amanda Rocío González

La ANT también puso bajo análisis a Amanda Rocío González Rodríguez, prima del senador Alirio Barrera y exsenadora del Centro Democrático.

Según su respuesta, ella figura con 15 predios, de los cuales 9 presentan antecedente de baldío, y varios de ellos muestran movimientos recientes en la cadena registral.

La conclusión preliminar de la entidad es que allí también hay un escenario jurídicamente relevante que amerita un estudio técnico y jurídico posterior.

Eso muestra que, para la ANT, el asunto no se limita al senador, sino que también toca a su entorno patrimonial y familiar.

No todos quedaron en el mismo nivel

El mismo documento deja claro que la ANT no metió a todos los miembros de la familia en el mismo saco.

Por ejemplo, sobre Cielo Barrera Rodríguez, hermana del senador Barrera, la entidad dice que aparece con dos predios con antecedente de baldío, pero aclara que, con la información disponible hasta ahora, no se evidencia en su caso un escenario preliminar de indebida acumulación.

Se trata de inmuebles ubicados en municipios distintos y con áreas que, en principio, no superan los rangos de UAF aplicables.

Es decir, la ANT la menciona y la revisa, pero no la ubica al mismo nivel preliminar que a Barrera o Amanda González.

También aparecen los hijos del senador

La respuesta del 28 de marzo también menciona a los hijos del senador en el caso de la finca El Diamante.

La ANT señala que ese predio fue transferido mediante donación a dos de sus hijos, en su momento, menores de edad.

Y agrega que, por la forma en que se dio esa operación y por el tamaño del predio frente a la UAF, recomienda iniciar de oficio el procedimiento SEJUT-P-007 para examinar si allí también hubo acumulación indebida.

Eso agranda el alcance del caso: ya no se trata solo del senador y de su prima, sino también de operaciones que tocaron a sus hijos.

La molestia del entorno de Barrera

A este enredo se suma otro elemento. Fuentes cercanas al senador Barrera han manifestado su inconformidad porque, según dicen, él había presentado un derecho de petición antes que los otros respondidos por la ANT y, hasta el momento, no se le ha dado respuesta y eso que él es congresista y tiene prelación, según la norma.

Ese reclamo introduce un componente político y procedimental al caso. No cambia el contenido de los dos oficios conocidos, pero sí muestra que alrededor del expediente también hay malestar por el trato institucional y por el orden en que se habrían atendido las solicitudes.

Entonces, ¿Hubo contradicción en la ANT?

No exactamente. Lo que hizo fue responder preguntas distintas.

El 10 de marzo, la ANT respondió si un predio específico, el 470-108585, podía entenderse como privado. Y dijo que sí.

El 28 de marzo, la ANT respondió otra cosa: si había razones para revisar si varios predios que tuvieron origen baldío terminaron concentrados en una misma órbita patrimonial por encima de los límites de la ley agraria.

Y en ese análisis volvió a incluir el mismo folio 470-108585, pero ya como parte de una cadena más amplia.

Ahí está el corazón del caso: una tierra puede ser hoy privada y, aun así, seguir siendo relevante su origen baldío para revisar si hubo o no una acumulación que la ley quería evitar.