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Capresoca empeoró con la intervención, pero seguirá intervenida por Supersalud

La EPS de los casanareños completará tres años bajo intervención. La medida que debía corregir sus problemas financieros y mejorar la atención no logró ese propósito en varios frentes: aumentaron barreras para los usuarios, crecieron las quejas, se deterioraron indicadores financieros y hasta la actual interventora denunció presuntas irregularidades ocurridas durante la administración especial.

Para un usuario de Capresoca, todo esto se traduce en algo mucho más humano que balances, resoluciones y porcentajes: conseguir atención precisamente cuando está enfermo, necesita un especialista, una cirugía, una remisión o un medicamento.

Y ese era, justamente, uno de los problemas que la intervención debía corregir.

Sin embargo, el Gobierno Nacional decidió prorrogar por otro año la intervención forzosa administrativa de Capresoca EPS. La medida, iniciada el 7 de octubre de 2024, se extenderá ahora hasta el 7 de octubre de 2027, con lo que la entidad entra en su tercer año consecutivo bajo control de la Superintendencia Nacional de Salud.

La paradoja es evidente: Capresoca llegó mal a la intervención, pero después de dos años varios de sus principales problemas no solo continúan, sino que algunos indicadores empeoraron.

Más quejas y mayores barreras

En abril de 2026, la Procuraduría suspendió provisionalmente a la entonces agente interventora Betty Cecilia Anaya Nieto y abrió investigación al exinterventor Yeferson Caicedo Pardo.

El organismo de control advirtió un aumento progresivo de las barreras de acceso, deterioro financiero, disminución de la capacidad de pago y un crecimiento aproximado del 144 % en las Peticiones, Quejas y Reclamos de los usuarios. Procuraduría General de la Nación

Es decir, mientras la EPS se encontraba precisamente bajo una medida diseñada para recuperarla, aumentó el descontento de quienes dependen de ella para recibir atención.

Las finanzas tampoco lograron estabilizarse

Los reportes conocidos durante la intervención muestran deterioro en indicadores financieros y dificultades crecientes para responder a prestadores y proveedores.

La nueva prórroga reconoce, en la práctica, que después de dos años no existen todavía condiciones suficientes para devolver la entidad a una administración ordinaria.

Y mientras esas cifras se discuten en oficinas y mesas técnicas, detrás hay pacientes esperando respuestas.

Una autorización aplazada puede significar dolor durante semanas. Una remisión tardía puede retrasar un diagnóstico. Un medicamento que no llega puede comprometer un tratamiento.

Capresoca no administra únicamente recursos: administra la atención de personas que llegan a ella en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas.

VER TAMBIÉN: ¿Se torció el destino de las regalías para sanearla mientras crecían las quejas PQR tras la intervención?

Presuntas irregularidades durante la propia intervención

A los problemas asistenciales y financieros se agregó otro episodio delicado.

La actual agente interventora, Olga Lucía Vásquez Barrios, puso en conocimiento de los organismos de control presuntas irregularidades relacionadas con un giro por $1.200 millones realizado durante la intervención.

La denuncia cuestiona la trazabilidad y soportes de la operación y solicita establecer si pudo existir daño patrimonial.

Por ahora se trata de hechos denunciados que deberán ser esclarecidos por las autoridades, por lo que no es posible atribuir responsabilidades anticipadamente.

Un tercer año para hacer lo que no se logró en los dos anteriores

La intervención debía sanear las finanzas, ordenar la administración y mejorar la prestación de servicios.

Dos años después, la Procuraduría terminó investigando la gestión de anteriores interventores y alertando sobre más barreras, más quejas y deterioro financiero.

Ahora Supersalud tendrá un año adicional.

El verdadero balance no debería medirse solamente en informes, planes de mejoramiento o porcentajes de cumplimiento.

Debería sentirse en algo mucho más sencillo: que un paciente pueda conseguir su cita, recibir su medicamento, acceder a una cirugía o ser remitido a tiempo sin convertir su enfermedad en una segunda lucha contra el sistema.

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