Consulta popular sobre reforma laboral, suspendida por el Consejo de Estado, mientras conciliadores del Congreso aceleran trámite final
Mientras el Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto que convocaba a consulta popular, el Congreso avanza en la conciliación de la reforma laboral, tomando como base el texto aprobado en el Senado. El Gobierno condiciona el retiro del “decretazo” a la aprobación definitiva en el Legislativo.
La Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió de forma provisional el Decreto 0639 de 2025, conocido como el “decretazo”, mediante el cual el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular sobre la reforma laboral. La decisión, que se tomó como medida cautelar mientras se estudia la legalidad del acto, coincidió con un giro en el Congreso: los conciliadores de la reforma anunciaron que acogerán el texto aprobado por el Senado, lo que podría destrabar el trámite antes del fin de la legislatura.
Tribunal advierte irregularidad en el decreto presidencial
Según el Consejo de Estado, el decreto fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado, requerido por el artículo 104 de la Constitución para convocar consultas populares de trascendencia nacional. Esa omisión motivó la suspensión de sus efectos jurídicos mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad.
“Se requiere concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este caso no existe”, precisó el alto tribunal.
CONSEJO DE ESTADO SUSPENDE CONSULTA POPULAR
Presidencia insiste en que la discusión es política, no jurídica
En respuesta, el presidente Petro aseguró que la discusión sobre la consulta ya no es de orden jurídico. En su cuenta en X, el mandatario escribió:
“Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores porque tampoco ha dicho ilegalidad… El Congreso tiene su última palabra, después de llegados al resultado final”.
Durante el Consejo de ministros, Petro señaló que, si el Congreso logra conciliar la reforma laboral, suspenderá voluntariamente el Decreto 0639. Añadió que el verdadero poder de decisión recae en el pueblo, y exhortó a la mesa directiva del Senado a “cumplir su palabra”.
Conciliadores del Congreso acogen el texto del Senado
En paralelo, la conciliación legislativa de la reforma laboral avanzó con rapidez. Los representantes María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) y Juan Camilo Londoño (Alianza Verde), designados como conciliadores por la Cámara, anunciaron que tomarán como base el texto aprobado por el Senado.
“Nos vamos a acoger al texto del Senado porque recoge más del 85% del trabajo construido durante dos años y mejora algunos puntos”, indicó Carrascal.
Ambos conciliadores señalaron que el informe de conciliación está prácticamente terminado y será radicado en las próximas horas para cumplir con los tiempos reglamentarios antes del cierre de sesiones este viernes 20 de junio.
¿Qué incluye la versión del Senado?
El texto del Senado, que ahora sirve de base para la conciliación final, incluye puntos clave para el Gobierno como:
- Eliminación del trabajo por horas
- Pago de horas extras desde las 7 p.m.
- Pago dominical al 100% de forma gradual
- Contrato laboral para aprendices del SENA
Carrascal destacó que la versión mantiene el carácter progresivo de la reforma, al haber eliminado artículos considerados regresivos durante el proceso.
El tiempo corre: ¿consulta o conciliación?
La decisión de los conciliadores allana el camino para que la reforma laboral sea aprobada por el Congreso antes del fin de la legislatura. Sin embargo, quedan pendientes asuntos como la inclusión de la licencia menstrual y el contrato agropecuario, considerados esenciales por el Gobierno.
De incluirse estos puntos en la conciliación, la administración Petro podría retirar definitivamente su propuesta de consulta popular. De lo contrario, el presidente ha insistido en que “el pueblo tendrá la última palabra”.
Por ahora, el Congreso tiene la llave del desenlace. Si aprueba la conciliación este viernes, la reforma laboral avanzaría sin necesidad de una consulta nacional. Si no lo hace, el debate político continuará en los estrados judiciales… y en las calles.











