¿Contralor a la medida? las sombras detrás de la elección en Casanare
De la contratación directa a la tutela: así va la convocatoria para escoger al contralor 2026-2029 en medio de irregularidades y choques de poder
En Casanare, la figura del contralor departamental no es un cargo menor: es el encargado de vigilar la ejecución de cada peso del presupuesto público, auditar contratos, sancionar la corrupción y controlar el gasto. Por eso, el proceso para elegirlo debería ser un ejemplo de transparencia. Sin embargo, la convocatoria para el periodo 2026-2029, adelantada por la Asamblea Departamental, ha encendido alarmas jurídicas, políticas y ciudadanas.
Junio: la antesala silenciosa
El 6 de junio, la mesa directiva de la Asamblea, integrada por Juan Fernando Mancipe Pérez (presidente), Jorge Eduardo García (primer vicepresidente) y Marisela Duarte Rodríguez (segunda vicepresidente), autorizó mediante acta, que Mancipe invitara a universidades acreditadas a presentar propuestas para adelantar el concurso público de elección.
El 20 de junio, el presidente de la Duma envió invitaciones a 15 universidades públicas y privadas. Entre las ausentes en la lista estaba Unitrópico, la universidad pública del departamento, acreditada de alta calidad y con experiencia en estos procesos.
Cinco días después, el 25 de junio a las 5:00 p. m., se cerró el plazo. Solo la Universidad de Cartagena presentó propuesta, lo que sirvió de argumento para contratarla en forma directa, sin competencia y sin que existiera un procedimiento abierto y público que garantizara pluralidad de oferentes.
El vacío de publicidad
Hasta la fecha, no hay evidencia en el SECOP ni en la página web oficial de que se hubiera emitido un acto administrativo formal —resolución, acuerdo o convocatoria pública— que reglamentara esa invitación y definiera criterios de evaluación, cronograma y condiciones técnicas. Tampoco se publicaron pliegos de condiciones ni mecanismos de libre concurrencia, como lo exigen el artículo 272 de la Constitución, el Decreto 1083 de 2015 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
29 de julio: la convocatoria formal que llegó tarde
La Resolución 046 de la mesa directiva, fechada el 29 de julio pasadas las 10 de la noche, dio inicio al proceso formal para conformar la terna de candidatos a contralor.
El documento fijó un cronograma que incluía:
- Convocatoria pública e inscripciones virtuales.
- Verificación de requisitos mínimos.
- Pruebas de conocimiento y valoración de formación académica, experiencia, actividad docente y producción intelectual en el ámbito fiscal.
- Conformación de la terna con los tres puntajes más altos en las pruebas de la Universidad de Cartagena.
- Examen de integridad, entrevista, elección y posesión.
Se estableció que la convocatoria se desarrollaría entre el 29 de julio y el 28 de noviembre, que las inscripciones serían únicamente virtuales mediante correo electrónico y que la totalidad de los documentos debía enviarse en formato PDF con un peso máximo de 20 MB. También se creó una comisión accidental de diputados para verificar requisitos, conformada por los diputados Marisela Duarte, Henry Pérez y Germán Pinzón, todos del Centro Democrático.
La tutela que frenó el proceso
El 5 de agosto, previo a la inscripción de candidatos, el juez primero penal municipal para adolescentes con función de control de garantías de Yopal ordenó suspender provisionalmente la convocatoria, al admitir una acción de tutela que cuestionaba:
- El plazo exiguo de solo dos días (11 y 12 de agosto) para inscribirse.
- El límite de 20 MB para todos los documentos, que podía dejar por fuera a aspirantes con expedientes más robustos.
El 6 de agosto se notificó a la Asamblea y a la Universidad de Cartagena, requiriéndoles justificar las limitaciones técnicas y remitir todos los actos administrativos de apertura de la convocatoria.
El 8 de agosto, la Asamblea pidió levantar la medida cautelar, alegando que:
- El límite de 20 MB obedecía a políticas de servicios de correo como Gmail, Outlook y Yahoo.
- Los aspirantes podían enviar enlaces de Google Drive o OneDrive si el archivo superaba ese peso.
- Los 14 días previos a la inscripción fueron suficientes para preparar los documentos.
Además, denunció la presentación simultánea de tres tutelas idénticas en distintos despachos judiciales.
El desacato y la suspensión tardía
A pesar de la medida judicial, la Asamblea continuó con la convocatoria. El 11 y 12 de agosto se inscribieron 92 aspirantes, desacatando la orden de un juez de la República. Solo el 13 de agosto, siete días después de notificada y un día después de cerrado el proceso de inscripción, la Duma suspendió el proceso mediante la Resolución 050, argumentando, ahora sí, el cumplimiento de la orden judicial.
Por lo tanto, no hay certeza de si dicho proceso de inscripción de aspirantes es válido, queda suspendido o se considera anulado o inexistente.
El trasfondo político y los impedimentos ignorados
El caso no se entiende sin el contexto político: la elección del contralor enfrenta a las mayorías de la Asamblea, que están en oposición al gobierno departamental liderado por César Ortiz Zorro, con la minoría que es gobiernista.
En medio del trámite se han ventilado impedimentos:
- Jorge Eduardo García, primer vicepresidente, cuyo padre tiene investigaciones fiscales en la Contraloría, se declaró impedido solo el 29 de julio, cuando ya se había escogido a la Universidad de Cartagena desde el 25 de junio.
- Luz Mery Niño también está impedida, pues su esposo, el exalcalde de Yopal Willman Celemín, enfrenta procesos en el ente de control.
El 29 de julio, en una sesión en Monterrey, las minorías aprobaron autorizar a la mesa directiva para iniciar la convocatoria sin saber que esta ya estaba en marcha desde el 5 de junio y con la participación de un diputado impedido.
Un riesgo jurídico latente
Juristas consultados advierten que la contratación directa de la Universidad de Cartagena, sin convocatoria pública, vulnera los principios de mérito, publicidad, transparencia y libre concurrencia. Si el proceso sigue adelante sin corregir esas falencias, la elección podría ser demandada y anulada judicialmente, como ha pasado en otros departamentos.
El caso de Casanare es hoy un ejemplo de cómo la elección de un contralor —un cargo diseñado para vigilar la legalidad y la moralidad administrativa— puede terminar envuelta en un procedimiento que, paradójicamente, viola los mismos principios que el funcionario electo estaría obligado a defender.
Claves del caso
- Fecha de inicio oculto: El proceso comenzó el 6 de junio con autorización para invitar universidades, pero no se hizo público sino hasta el 29 de julio.
- Universidad única: Solo la Universidad de Cartagena presentó propuesta y fue contratada directamente el 25 de junio.
- Falta de transparencia: No se evidencia la publicación del proceso, pliegos, criterios de evaluación ni cronogramas previos sobre.
- Plazos cuestionados: Solo dos días para inscripciones (11 y 12 de agosto) y límite de 20 MB para documentos.
- Medida judicial ignorada: La tutela del 5 de agosto ordenó suspender el proceso, pero la Asamblea continuó y registró 92 aspirantes antes de acatarla el 13 de agosto.
- Impedimentos políticos: Dos diputados con vínculos familiares con personas investigadas por la Contraloría participaron en decisiones clave antes de declararse impedidos.
- Riesgo de nulidad: Juristas advierten que el proceso podría ser anulado judicialmente por vulnerar principios constitucionales y legales.
CONTESTACIÓN TUTELA 54250_resolucion-de-mesa-directiva-n-046-de-2025 (1) LISTADO DE INSCRITOS ASAMBLEA SUSPENDE CONVOCATORIA TUTELA MEDIDA CAUTELAR SUSPENSIÓN PROCESO ELECCIÓN
