Polémica jurídica en elección de Contralor de Casanare: 33 de 62 postulantes quedaron por fuera y ya hay reclamos

La elección del próximo Contralor Departamental de Casanare abrió su primera controversia jurídica luego de que la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, sede Medellín, realizara la revisión preliminar de requisitos de los aspirantes.

De las 62 personas inscritas, 29 fueron admitidas y 33 quedaron por fuera, es decir, más de la mitad de quienes aspiraban a continuar en el proceso.

La Universidad, fue la encargada de verificar los requisitos y remitir a la Asamblea Departamental el listado publicado el 13 de octubre.

Pero las exclusiones no obedecieron a una sola razón.

¿Por qué quedaron por fuera 33 aspirantes?

La Resolución 058 detalla las causales aplicadas en cada caso. La más repetida corresponde a aspirantes que dejaron sin marcar la casilla de sí o no sobre inhabilidades en el Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública. Esta situación aparece en numerosos registros y, en algunos casos, acompañada de otras inconsistencias documentales.

También quedaron por fuera aspirantes porque, según la Universidad, no acreditaron los dos años mínimos de ejercicio de funciones públicas exigidos por la convocatoria.

En otros casos se registraron formularios sin firma, falta de autorizaciones para tratamiento de datos y consulta de antecedentes, certificados correspondientes a otra persona, documentos remitidos mediante enlaces en la nube, ausencia de soportes de antecedentes, falta de título universitario y una presunta inhabilidad por haber ocupado un cargo en la rama ejecutiva departamental dentro del año anterior a la elección.

Dos aspirantes fueron excluidos específicamente por no presentar matrícula profesional definitiva. En ambos casos la Universidad sostuvo que “la constancia en trámite no la sustituye”.

Es precisamente una de esas decisiones la que ya fue controvertida formalmente.

Carlos Fredy Mejía reclama su exclusión

Entre los no admitidos está el exdiputado Carlos Fredy Mejía, aspirante número 20.

Durante la inscripción acreditó su título de politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y presentó la Certificación No. 5845 de 2026, expedida por el Consejo Nacional de Profesiones Internacionales y Afines, CONPIA.

Ese organismo certificó que su matrícula profesional se encuentra en trámite y explicó que el documento fue expedido ante la ausencia de sesiones del Consejo.

También señaló que la certificación tiene validez por un año y puede utilizarse, entre otros casos, para participar en convocatorias para la provisión de empleos mediante concurso de méritos.

Pese a ello, la Facultad de Minas consideró preliminarmente que la constancia no sustituye la matrícula profesional exigida.

Mejía presentó el 14 de octubre una reclamación formal para que la Universidad Nacional revise esa decisión.

La norma que está en el centro de la discusión

La Resolución 051, que reglamentó la elección del Contralor de Casanare, exige entre los documentos de inscripción “tarjeta o matrícula profesional y certificado de vigencia, cuando el ejercicio de la profesión lo exija”.

El argumento central de Mejía está en el artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015. Esa norma establece que, cuando una profesión exige tarjeta o matrícula profesional, esta puede sustituirse temporalmente por una certificación expedida por el organismo competente en la que conste que el documento está en trámite, siempre que también se acredite el título profesional.

Mejía sostiene que cumplió ambas condiciones: presentó su diploma de politólogo y la certificación del CONPIA. Su reclamación también señala que la propia convocatoria remite al Decreto 1083 dentro de las reglas de acreditación documental.

El aspirante reconoce que la profesión de politólogo cuenta con un régimen de matrícula profesional. Su discusión no consiste en desconocer ese requisito, sino en que mientras la matrícula definitiva se encuentra pendiente, la certificación expedida por el CONPIA debería producir los efectos temporales previstos por la norma.

Mejía pide ser incluido en el listado

Otro punto de su reclamación es que no pretende incorporar un documento nuevo después del cierre de inscripciones.

Según el escrito, tanto el diploma como la certificación del CONPIA fueron aportados oportunamente. Lo que solicita ahora es una nueva valoración jurídica de esos mismos documentos.

Por ello pide que se deje sin efecto la causal de inadmisión y sea incluido en el listado definitivo, siempre que cumpla los demás requisitos. También solicita que, si la Universidad mantiene su posición, explique expresamente qué normas sustentan el rechazo de la certificación en trámite.

Un proceso que ya viene de varios intentos

La elección del Contralor de Casanare arrastra dificultades desde 2025.

La Asamblea contrató primero a la Universidad de Cartagena, luego a la Universidad de Pamplona y posteriormente a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ninguno de esos procesos llegó hasta la elección definitiva.

En 2026 el procedimiento fue reiniciado y la Asamblea seleccionó a la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, sede Medellín, que actualmente tiene a su cargo la verificación de requisitos, las pruebas de conocimiento, la valoración de antecedentes, la atención de reclamaciones y la consolidación de resultados.

La Facultad de Minas ya ha enfrentado controversias en elecciones de contralor

La institución seleccionada por Casanare tiene antecedentes en procesos similares.

En 2021, durante la elección del Contralor de Antioquia, la Procuraduría Regional cuestionó aspectos relacionados con la custodia y confidencialidad de las pruebas y pidió revisar el desarrollo del concurso. También hubo una suspensión judicial temporal. Posteriormente, una decisión de tutela no encontró demostrada una vulneración de la confidencialidad.

Ese mismo año, la Facultad de Minas estuvo a cargo de la prueba para elegir Contralor de Itagüí. Los aspirantes interrumpieron el examen después de advertir inconsistencias en la numeración del cuestionario y la prueba tuvo que repetirse.

Estos antecedentes no demuestran que exista una irregularidad en el actual proceso de Casanare, pero sí aportan contexto sobre la experiencia de la institución en concursos de contralor y justifican un seguimiento cuidadoso a las etapas que siguen.

La Universidad Nacional deberá resolver las reclamaciones el 16 de octubre, cuando también está prevista la publicación del listado definitivo de admitidos y no admitidos.