Mesa Directiva de la Asamblea se salió con la suya: Tribunal revocó fallo que ordenaba reanudar elección de contralor; proceso deberá iniciar nuevamente

El proceso para elegir al próximo contralor departamental de Casanare (periodo 2026–2029) terminó como empezó: envuelto en polémica, decisiones contradictorias y una profunda fractura institucional.

Esta vez, fue el Tribunal Administrativo de Casanare el que puso el punto final, no validando el concurso, sino declarando que ya no había nada que proteger.

En una sentencia de segunda instancia, de este 12 de diciembre, el Tribunal revocó el fallo que había ordenado reanudar el concurso desde donde fue suspendido.

Consideró que se configuró una carencia actual de objeto por hecho sobreviniente: la Asamblea terminó el contrato con la Universidad de Cartagena y decidió iniciar un nuevo proceso desde cero con otro operador logístico.

Dicho de otra forma: el proceso ya había muerto, jurídicamente, cuando el juez intentó salvarlo.

Un proceso accidentado desde su origen

La convocatoria pública fue abierta mediante la Resolución 046 del 29 de julio de 2025 y delegada a la Universidad de Cartagena.

Desde el inicio, el proceso estuvo marcado por modificaciones forzadas al cronograma, ampliaciones de inscripciones por órdenes judiciales, suspensiones intempestivas y una creciente judicialización.

El momento crítico llegó el 15 de octubre de 2025, cuando la Asamblea no publicó los resultados preliminares de la prueba de conocimientos, como estaba previsto, y en su lugar suspendió el concurso alegando la posible filtración de resultados en redes sociales.

Días después, y solo tras un incidente de desacato, la Mesa Directiva publicó los resultados preliminares, para luego revocar integralmente toda la actuación administrativa mediante la Resolución 069 del 13 de noviembre de 2025.

La tutela que ordenó continuar… y la decisión que lo cambió todo

Varios aspirantes, quienes se creían con derechos, acudieron a la acción de tutela.

En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal les dio la razón. Consideró que la revocatoria era desproporcionada, vulneraba el debido proceso y desconocía el principio del mérito. Ordenó continuar el concurso desde las etapas ya surtidas.

Sin embargo, antes de que esa orden pudiera ejecutarse, la Asamblea tomó una decisión de alto impacto. Terminó, de mutuo acuerdo, el contrato con la Universidad de Cartagena. Además suscribió un nuevo contrato con la Universidad de Pamplona y anunció el inicio de una nueva convocatoria desde la primera fase.

El argumento central del Tribunal: ya no hay concurso que proteger

El Tribunal Administrativo de Casanare concluyó que la orden judicial se volvió imposible de cumplir, pues la convocatoria original fue revocada, el contrato con la Universidad de Cartagena terminó y la Asamblea decidió iniciar un nuevo proceso con otro operador.

Esa situación configuró una carencia actual de objeto, razón por la cual el fallo de primera instancia fue revocado.

No porque el Tribunal avalara el manejo inicial del proceso, sino porque el objeto de la tutela desapareció.

La filtración de resultados: el punto de quiebre institucional

Aunque el fallo se resuelve por razones procesales, el Tribunal dejó constancia de un elemento de fondo: la ruptura de la cadena de custodia y confidencialidad de la prueba de conocimientos.

La aparición anticipada de puntajes y nombres de aspirantes en redes sociales comprometió la credibilidad del concurso y terminó siendo el punto de quiebre que hizo inviable su continuidad.

¿Y ahora qué queda?

La elección del contralor de Casanare deberá comenzar de nuevo, con otro operador y bajo un mayor escrutinio público.

Pero el daño institucional ya está hecho: meses perdidos, aspirantes afectados y una confianza ciudadana erosionada.

La lección es clara: cuando los procesos de mérito se administran sin planeación ni transparencia, ni siquiera los jueces alcanzan a sostenerlos.

Más allá del reinicio formal del proceso, lo que queda es una profunda desconfianza institucional frente a la Asamblea Departamental.

No se trató de un error técnico aislado ni de un simple tropiezo administrativo.

A lo largo del proceso se acumularon decisiones contradictorias, cambios de rumbo, desacatos y maniobras que terminaron politizando un concurso que debía ser estrictamente meritocrático.

La percepción que queda instalada es que el proceso fue direccionado políticamente, y que cuando los resultados no coincidieron con ciertas expectativas, la salida fue hundir el concurso completo en lugar de corregirlo con transparencia y rigor.

El problema ya no es quién será el próximo contralor, sino qué garantías reales existen de que el nuevo proceso no repita los mismos vicios.

Porque si un concurso público de esta naturaleza pudo naufragar de esta forma, la pregunta de fondo es si la Asamblea está hoy en condiciones de liderar un proceso creíble, imparcial y ajeno a intereses políticos.