Exparamilitares gestores de paz, encabezados por Mancuso, rompen con la Oficina de Paz: la acusan de sabotear el cierre de Ralito
Designados como Gestores de Paz por el presidente Petro, excomandantes de las AUC —incluidos líderes del Casanare— anunciaron la suspensión de sus funciones y exigieron diálogo directo con el mandatario. Denuncian incumplimientos y “borrado histórico” desde la Oficina del Alto Comisionado.
En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro 15 excomandantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos figuras clave del paramilitarismo como Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Carlos Mario Jiménez y “Martín Llanos”, anunciaron su decisión de suspender las funciones de Gestores de Paz que les fueron conferidas mediante la Resolución 453 de 2024.
Argumentan falta de voluntad política, incumplimientos reiterados y lo que califican como un intento deliberado de desconocer el proceso de Santa Fe de Ralito.
Los firmantes —quienes representan frentes armados que operaron en Magdalena, Antioquia, Casanare, Córdoba y otras regiones del país— aseguran que la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP), encabezada por Otty Patiño, ha saboteado sistemáticamente la posibilidad de cerrar de forma definitiva el proceso de justicia transicional iniciado con la Ley 975 de 2005.
“La designación como gestores se convirtió en un gesto meramente simbólico”, afirman en la misiva. Denuncian que durante los ocho meses de su encargo no se instaló ni una sola mesa técnica, no se asignaron recursos, y se incumplieron compromisos documentados, como la instalación de la mesa de cierre de Ralito, la cual había sido pactada para el 4 de junio de 2024. La reunión fue cancelada abruptamente, según relatan, por decisión de la misma OCCP, “sin motivos técnicos, jurídicos o de seguridad”.
Para los excombatientes, esta actitud responde a un intento de “reescribir la historia” desde una visión “prejuiciosa y dogmática” que niega la existencia del proceso de negociación de Ralito, aun cuando —según subrayan— fue legitimado por decisiones judiciales, informes de organismos internacionales y participación estatal.
“Nos apartamos del ruido estéril, pero no de la paz”
Pese a romper vínculos con la OCCP, los exparamilitares reiteraron su compromiso con los pilares de la “Paz Total” promovida por Petro y solicitaron una reunión directa con el presidente para no renunciar a los objetivos de reconciliación, verdad y reparación. “Aún tiene la posibilidad de pisar el acelerador y consolidar la paz”, le dicen.
También subrayan que su decisión no implica apartarse de los compromisos asumidos con las víctimas: buscar personas desaparecidas, identificar bienes entregados a la justicia, garantizar la no repetición y contar la verdad. Aseguran que estas acciones no dependen de una resolución oficial, sino del camino que decidieron emprender desde su desmovilización hace dos décadas.
¿Qué implica esto para Casanare?
Dos de los firmantes más reconocidos en Casanare son Héctor Buitrago Rodríguez, alias “El Viejo” y su hijo Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos, quienes lideraron las Autodefensas Campesinas del Casanare, una de las estructuras más violentas del país. Su nombre sigue siendo clave en los procesos de verdad y justicia en los Llanos Orientales, donde decenas de familias aún esperan la verdad y saber el paradero de sus seres queridos desaparecidos.
La suspensión del rol de gestores pone en entredicho la voluntad del Estado para cerrar definitivamente los capítulos de violencia paramilitar, especialmente en regiones como Casanare donde los crímenes continúan impunes.
