Qué significa e implica la desobediencia civil propuesta por Cepeda frente a nuevo presidente De la Espriella

Iván Cepeda puso en el centro del debate político una figura cargada de historia y controversia: la desobediencia civil. En un comunicado público titulado “Anuncio de desobediencia civil ante violación de nuestra dignidad nacional”, el excandidato anunció que emprendería ese camino de resistencia pacífica si Abelardo de la Espriella llega a posesionarse como presidente de Colombia sin aclarar previamente su ciudadanía estadounidense, sus presuntos vínculos con agencias de seguridad de Estados Unidos y sus actuaciones frente a opositores políticos colombianos.

En ese marco, la discusión no se limita a una confrontación entre dos liderazgos políticos. También abre una pregunta institucional de fondo: ¿qué puede hacer una ciudadanía cuando considera que una autoridad elegida no cumple las condiciones mínimas de legitimidad constitucional para ejercer el poder?

Qué es la desobediencia civil

La desobediencia civil es una forma de protesta política mediante la cual ciudadanos, movimientos sociales o liderazgos públicos deciden no acatar una norma, mandato u orden que consideran injusta, ilegítima o contraria a principios superiores como la Constitución, los derechos humanos, la dignidad humana o la soberanía popular.

No se trata, en sentido estricto, de una acción violenta ni clandestina. Por el contrario, suele ser pública, deliberada y asumida como una forma de presión ética y política frente al poder. Históricamente ha sido usada en luchas por derechos civiles, contra leyes discriminatorias, frente a regímenes autoritarios o contra decisiones estatales consideradas contrarias a la dignidad de los pueblos.

En el caso planteado por Cepeda, la desobediencia civil aparece como una advertencia política: si De la Espriella se posesiona sin despejar los cuestionamientos sobre su ciudadanía estadounidense, su relación con autoridades de ese país y sus anuncios contra opositores políticos, el excandidato afirma que no reconocería su autoridad y llamaría a una resistencia pacífica.

Qué propone Cepeda frente a De la Espriella

Cepeda sostiene que Abelardo de la Espriella no debería posesionarse como presidente de la República mientras no renuncie a su ciudadanía estadounidense y mientras no aclare si ha sido colaborador, miembro o agente de organismos de seguridad de Estados Unidos.

El punto más delicado de su declaración es que no se limita a cuestionar políticamente a De la Espriella, sino que pone en duda su legitimidad para ejercer la jefatura del Estado colombiano si, al mismo tiempo, mantiene obligaciones jurídicas o políticas con otro país.

Según Cepeda, si esas condiciones no se aclaran, una eventual posesión estaría viciada por ser “ilegal e ilegítima”. Por eso anunció que, en ese escenario, no se prestaría para reconocer una autoridad que, a su juicio, no responde a la defensa de la soberanía nacional.

La ciudadanía estadounidense, eje del cuestionamiento

Uno de los argumentos centrales del comunicado es la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella. Cepeda afirma que, para obtenerla, De la Espriella juró obediencia y lealtad a la Constitución de Estados Unidos.

A partir de ese punto, el excandidato plantea una posible incompatibilidad política y constitucional: si existiera un conflicto entre los intereses de Colombia y los de Estados Unidos, un presidente colombiano debería actuar exclusivamente como garante de la Constitución colombiana y de la soberanía nacional.

Para Cepeda, la doble condición de eventual presidente de Colombia y ciudadano estadounidense no puede tratarse como un asunto menor. En su criterio, debe aclararse antes de cualquier posesión, porque comprometería la confianza pública sobre la independencia con la que podría ejercer la Presidencia.

Alex Saab y las dudas sobre presuntas transacciones

El comunicado también menciona la relación profesional que Abelardo de la Espriella tuvo con Alex Saab entre 2013 y 2019. Cepeda recuerda que De la Espriella ha sostenido que su actuación fue estrictamente jurídica y que los honorarios recibidos fueron legales.

Sin embargo, el excandidato afirma que existen hechos que pondrían en duda esa versión. En particular, menciona una comunicación de congresistas demócratas de Estados Unidos en la que, según el comunicado, se habrían señalado presuntas transacciones bancarias e inmobiliarias relacionadas con Saab que podrían haber beneficiado a De la Espriella.

Cepeda pide que se aclare si esos hechos tienen implicaciones legales y cuál fue la verdadera naturaleza de la colaboración de De la Espriella con autoridades estadounidenses en el marco de ese caso.

Señalamientos sobre agencias de seguridad de Estados Unidos

Otro punto central de la declaración es la solicitud de aclarar si De la Espriella ha tenido relación con agencias como la DEA, la CIA u otros organismos de seguridad de Estados Unidos.

Cepeda relaciona esa preocupación con el caso de Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche”, mencionado en el comunicado como informante de agencias federales y capturado por el FBI tras presuntamente cobrar dinero a delincuentes a cambio de beneficios judiciales que no podía garantizar.

Según el excandidato, si existiera algún vínculo de De la Espriella con agencias extranjeras de seguridad, esa situación pondría en cuestión su idoneidad para ejercer como jefe de Estado colombiano, garante de la Constitución y responsable de la seguridad nacional.

Soberanía nacional y política exterior

El comunicado también cuestiona anuncios atribuidos a De la Espriella sobre la intención de vincular a Colombia al llamado “Escudo de las Américas”.

Cepeda considera que esa propuesta podría implicar un alineamiento militar de Colombia bajo objetivos geoestratégicos de Estados Unidos, sin una discusión suficiente con el Congreso ni con las instancias previstas para asuntos de política exterior.

Para el excandidato, este punto no es accesorio. Toca directamente el debate sobre quién define la política internacional del país, bajo qué controles democráticos y con qué límites frente a intereses extranjeros.

Beto Coral, Gustavo Petro y opositores políticos

Cepeda también acusa a De la Espriella de promover acciones contra opositores políticos colombianos ante autoridades de Estados Unidos. En ese punto, menciona el caso del creador de contenido Beto Coral, a quien califica como preso político en territorio estadounidense.

Además, sostiene que De la Espriella habría enviado listados de compatriotas para que fueran investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Para Cepeda, esa actuación vulneraría la potestad de las instituciones colombianas para investigar y juzgar a sus propios ciudadanos.

El excandidato también pidió que cese toda persecución contra el presidente Gustavo Petro, que se abandone cualquier intento de extraditarlo y que se detengan acciones contra opositores políticos colombianos ante instancias extranjeras.

El papel de las cortes colombianas

Cepeda afirma que las situaciones descritas requieren un pronunciamiento claro de las cortes colombianas, especialmente frente a la defensa de la soberanía judicial y constitucional del país.

También señala que las autoridades estadounidenses deberían aclarar si existen investigaciones en Nueva York contra el presidente Gustavo Petro, luego de que De la Espriella haya dicho públicamente que buscaría extraditarlo.

En su comunicado, Cepeda plantea que no basta con el debate político. A su juicio, las instituciones judiciales deben pronunciarse sobre los riesgos que estas circunstancias podrían representar para la soberanía nacional.

Los límites de la resistencia pacífica

La precisión es importante: Cepeda no plantea, al menos en los términos del comunicado, una acción armada ni una ruptura violenta del orden público. Lo que anuncia es un desconocimiento político y pacífico de una autoridad que considera ilegítima si no se despejan previamente las dudas sobre soberanía nacional.

Sin embargo, el anuncio también abre un debate delicado: hasta dónde puede llegar la resistencia política sin afectar el orden constitucional que dice defender, y qué papel deben jugar las cortes, el Congreso y la ciudadanía ante una eventual crisis de legitimidad presidencial.

La desobediencia civil, por su propia naturaleza, tensiona la relación entre legalidad y legitimidad. Puede ser una herramienta de defensa democrática frente a abusos de poder, pero también exige claridad en sus métodos, límites y responsabilidades para no convertirse en un llamado ambiguo al desconocimiento generalizado de la institucionalidad.

“No me prestaré para esta violación de nuestra soberanía”

Cepeda afirmó que, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12 millones de votos en la elección del 21 de junio, no se prestará para lo que considera una violación de la soberanía nacional.

También invitó a sus electores a desconocer pacíficamente cualquier orden de alguien que, según sus palabras, no responda a la condición de guardián de la Constitución Política de Colombia.

El excandidato sostuvo que, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano tiene no solo el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con lo que considera injusticia, opresión o entrega de la dignidad nacional.

Un debate de fondo sobre soberanía y legitimidad

La declaración de Cepeda eleva el conflicto poselectoral a una discusión de fondo sobre soberanía, doble nacionalidad, política exterior, persecución judicial y legitimidad presidencial.

Más allá del tono confrontacional del comunicado, el centro del debate queda planteado en una pregunta institucional: si un eventual presidente con ciudadanía estadounidense y presuntos vínculos con autoridades de ese país puede ejercer plenamente como jefe de Estado colombiano sin comprometer la independencia nacional.

Al invocar la desobediencia civil, Cepeda no solo cuestiona a De la Espriella, sino que plantea una tensión mayor: qué puede hacer una ciudadanía cuando considera que una autoridad elegida no cumple las condiciones mínimas para ejercer el poder en defensa de la Constitución colombiana.

Por ahora, Cepeda exige aclaraciones antes de cualquier posesión. De no obtenerlas, anuncia resistencia pacífica y desobediencia civil. El pulso, entonces, ya no queda solamente en el terreno electoral, sino en el campo más profundo de la soberanía, la legitimidad y el alcance de la oposición política en Colombia.