La recusación se le devolvió: Wilder Ávila pasa de acusador a acusado ante el Tribunal Administrativo de Casanare

De recusador a acusado: la recusación que impulsó contra diputada Marisela Duarte hoy lo pone en riesgo de perder su investidura

Yopal, Casanare – junio de 2025 | El Tribunal Administrativo de Casanare admitió una demanda de pérdida de investidura contra el diputado Wilder Andrés Ávila Tibavija, por presunta violación al régimen de conflicto de intereses. El proceso fue promovido por Hernán Mateo Tarquino Rincón, segundo en la lista con la que fue elegido Ávila, quien podría asumir la curul en caso de que esta se declare vacante.

El centro del debate es la actuación del diputado Ávila en la sesión plenaria del 28 de noviembre de 2024, cuando presentó una recusación contra la diputada Marisela Duarte Rodríguez y luego participó activamente en la votación de esa misma recusación, votando afirmativamente.

Una recusación que vuelve como búmeran

Según el demandante, al intervenir y votar la recusación que él mismo formuló, el diputado incurrió en una conducta incompatible con los principios de imparcialidad y deber de abstención, vulnerando lo establecido en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 60 de la Ley 2200 de 2022. La demanda sostiene que Ávila debió abstenerse, pues tenía un interés directo en el resultado: la exclusión de una colega del proceso de elección del Secretario General.

El caso cobra especial relevancia porque Ávila, además de ser parte interesada, era autor del reglamento interno de la Asamblea, aprobado en enero de 2024, y se desempeñaba como Primer Vicepresidente y Presidente de la Comisión de Ética. Para el demandante, esto agrava su posible responsabilidad y deja sin justificación válida su intervención en el trámite.

¿Y los otros diputados que hicieron lo mismo?

Durante esa misma plenaria se presentaron otras recusaciones. Los diputados Juan Fernando Mancipe y Alejandro López también formularon recusaciones contra otros colegas y, al igual que Ávila, votaron en ellas.

Si prospera la tesis jurídica de la demanda —que considera esa conducta una violación del régimen de conflicto de intereses—, estos dos diputados también podrían ser objeto de futuras demandas de pérdida de investidura. Esto abre un posible efecto dominó dentro de la Asamblea Departamental.

Expertos consultados discrepan

Consultados por este medio, dos abogados expertos en derecho público ofrecieron opiniones opuestas sobre el caso. Uno de ellos aseguró que la demanda sí tiene asidero legal, ya que considera que el principio de imparcialidad exige que quien presenta una recusación no participe en su votación, por tratarse de una actuación con interés directo. Adujo que el diputado recusante no puede ser juez y parte.

Sin embargo, otro jurista —quien pidió reserva de su nombre— sostuvo que “no hay ilegalidad alguna en que el recusante vote su propia recusación”. Añadió que “ni la Constitución ni la ley prohíben expresamente esa participación”, y que incluso en esa misma sesión, el diputado Alejandro López, abogado de profesión, recusó a otro diputado y votó dicha recusación. “Un abogado que conoce el reglamento y las normas nacionales difícilmente se expondría a una ilegalidad que lo marginaría de la Asamblea”, concluyó.

Estas visiones contrapuestas muestran que el debate sobre el alcance del conflicto de intereses en este tipo de casos está lejos de ser pacífico, y será el Tribunal quien deberá zanjar la controversia a través del fallo definitivo.

Lo que sigue: juicio por imparcialidad y ética pública

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Casanare. Ordenó notificar al diputado y al Ministerio Público. A partir de ahora, el proceso entra en etapa probatoria, donde se definirá si la actuación de Ávila constituye causal suficiente para la pérdida de su investidura.

Una curul en juego

Si el fallo resulta adverso, la curul de Ávila quedaría vacante, y sería ocupada por Hernán Mateo Tarquino, el mismo ciudadano que interpuso la demanda. Aunque esto ha generado suspicacias, el debate central gira en torno a la legalidad y la ética de una actuación institucional que podría marcar un precedente en cuerpos colegiados.