Los cuerpos sí hablaron: la JEP imputa tortura a seis militares por falsos positivos en Casanare

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso crucial en la verdad histórica sobre uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano. El pasado 10 de julio, la Sala de Reconocimiento imputó los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a seis exintegrantes del Ejército Nacional por su responsabilidad en asesinatos presentados como bajas en combate en Casanare.

Los imputados pertenecieron a la Brigada XVI y ya habían sido señalados como máximos responsables en 2022. Se trata de Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez, Miguel Andrés Sierra García y Zamir Humberto Casallas Valderrama (este último como partícipe no determinante).

La nueva decisión de la JEP se basa en 17 hechos documentados, en los que 26 personas fueron asesinadas luego de ser sometidas a violencia física y psicológica. Según el tribunal, estos crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón criminal sistemático entre 2005 y 2008 que dejó al menos 296 víctimas directas en el departamento.

Los nombres que ya no se pueden borrar

El expediente judicial revela con crudeza las circunstancias en que ocurrieron varios de estos crímenes. Uno de los casos más estremecedores fue el de Daniel Torres Arciniegas y su hijo menor de edad, Roque Julio Torres Torres, ejecutados el 16 de marzo de 2007.

Daniel había testificado previamente contra integrantes del Ejército. Por eso, cuando fue capturado junto a su hijo, el crimen tuvo un componente deliberadamente atroz. Según el testimonio de un militar involucrado, el teniente Marco Fabián García Céspedes ordenó a uno de sus hombres asesinar al joven, mientras él mataría al padre:

“Ya el teniente me llama a mí, ‘Arteaga, venga’, y yo ‘¿qué ordena, mi teniente?’ Me dice: ‘vamos a matar a estos manes’. Yo creí que era una amenaza para que el señor se calmara… pero el señor Daniel le decía que lo matara si era muy berraco. El teniente me dijo: ‘vaya usted, sálgase para allá y le dispara al joven, y yo mato a este viejo’. Me salí con el muchacho y me quedé parado… El teniente me gritaba: ‘quihubo, pues, hermano, hágale pues’. Yo pensé que era presión, pero me devolví, y me dijo: ‘estoy esperando, cuando usted le dispare, yo le disparo a este man’. Entonces… le disparé al muchacho. Y cuando lo hice, el teniente le disparó al señor Daniel”.

Este acto, descrito por la JEP como una forma de tortura psicológica, representa uno de los picos más altos del horror cometido por agentes del Estado: forzar a un padre a presenciar la ejecución de su hijo como forma de castigo, humillación y silenciamiento.

Otros casos documentados también revelan prácticas sistemáticas de tortura:

Clodomiro Coba León, Beyer Ignacio Pérez Hernández y Yolman Pidiachi Barbosa fueron detenidos y golpeados brutalmente por miembros del grupo Delta 4 del Ejército antes de ser asesinados en la vereda El Caucho, Nunchía, el 6 de abril de 2007.

El 16 de abril de 2007, Luis Guillermo Robayo Mora fue torturado en una finca con simulacro de ahogamiento y golpes, antes de ser ejecutado junto a Rubén Darío Avendaño Mora.

El 14 de octubre de 2006, Yury Ferney Achagua Reyes y Darío Ruiz González fueron engañados, llevados en taxi y posteriormente asesinados tras ser golpeados e insultados.

Kemel Mauricio Arteaga Cuartas y Andrés Fabián Garzón Lozano, capturados en un bar y trasladados en estado de indefensión, también fueron ejecutados. Garzón tenía una lesión ocular que podría haber ocurrido antes de su muerte.

Un camino que apenas comienza

La JEP otorgó 15 días hábiles a los militares imputados para aceptar o rechazar los nuevos cargos. Pero el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación apenas comienza para las familias de Casanare.

Mientras en otros territorios se avanza en reconciliación, Casanare sigue desenterrando su verdad. Y esa verdad no está en los discursos, sino en los huesos, las heridas, los silencios rotos.

Los cuerpos sí hablaron. Y ahora, el país tiene el deber de escuchar.