Petro legaliza 1,7 millones de hectáreas y entrega 634 mil: una reforma agraria sin precedentes
En territorios marcados por el despojo y el conflicto, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes recuperan no solo tierras, sino dignidad, arraigo y futuro. ¿Estamos presenciando una transformación real del campo colombiano? El Gobierno afirma que está saldando una deuda histórica con campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes. ¿Estamos ante un verdadero giro en la política rural del país?
Por primera vez en décadas, el campo colombiano empieza a recibir lo que tanto le fue negado: tierra propia, títulos y dignidad. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, la Reforma Agraria ha dejado de ser una promesa y se ha convertido en una maquinaria activa que, en solo tres años, ha formalizado más territorio que los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque juntos.
A la cabeza del proceso está Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien ha liderado una gestión que acumula más de 634.712 hectáreas adjudicadas, compradas o recuperadas para el pueblo colombiano, incluyendo antiguos dominios del narcotráfico y de grandes propietarios ilegales.
A esta cifra se suman 1 millón 718 mil hectáreas formalizadas, es decir, legalizadas a nombre de familias rurales que por fin pueden decir con certeza: “Esta tierra sí es mía”.
De la mafia a la comunidad
Un ejemplo simbólico ocurrió en Zambrano, Bolívar. Allí, 119 familias campesinas recibieron terrenos donde alguna vez mandó el sanguinario narcotraficante Pablo Escobar. Hoy, en esas mismas tierras, se cultivan yuca, plátano y maíz. Marelys Flórez, una de las beneficiarias, lo resume sin rodeos: “Luchamos más de 20 años por un pedazo de tierra. Hoy es nuestro momento de gloria”.
La ANT también ha recuperado más de 200.000 hectáreas de tierras apropiadas por actores ilegales, muchas de ellas incorporadas al Fondo de Tierras que alimenta la Reforma Agraria. A estas se suman 17.633 hectáreas transferidas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y 2.240 hectáreas donadas.
Catatumbo, El Aro, El Quimbo: heridas abiertas, tierras reparadas
El Catatumbo, una región marcada por el conflicto armado, ha sido priorizada con más de 9.000 hectáreas formalizadas para víctimas. En Tibú, por ejemplo, Elizabeth Pabón cambió los cultivos de coca por palma gracias a su nuevo título. “Una campesina sin tierra no es una campesina”, afirmó con emoción.
En El Aro, Antioquia —escenario de una de las masacres más recordadas del paramilitarismo—, se formalizaron 4.133 hectáreas para 265 familias. En Huila, los afectados por la represa El Quimbo recibieron 2.100 hectáreas, mientras que en el Cesar, víctimas del despojo en la Hacienda Bellacruz fueron reparadas con 1.900 hectáreas.
Las comunidades campesinas de Las Pavas, en Bolívar, también celebran: 958 hectáreas y títulos oficiales tras más de dos décadas de lucha.
Resguardo, arraigo y territorio
Los pueblos indígenas y afrodescendientes también han sido incluidos en este proceso. Más de 260.000 personas han sido beneficiadas con la constitución o ampliación de resguardos indígenas (109) y consejos comunitarios afro (67).
En total, se han adquirido 101.515 hectáreas para estas comunidades étnicas, superando ampliamente los gobiernos anteriores. “Cada hectárea entregada es una reafirmación de derechos ancestrales y una promesa de futuro”, aseguró Harman.
Planificación rural, no improvisación
Pero no se trata solo de repartir tierra. El Gobierno también ha constituido 14 Zonas de Reserva Campesina, que abarcan 702.381 hectáreas, y avanza en la creación de los primeros Territorios Campesinos Agroalimentarios, donde el campesinado define el ordenamiento territorial.
También ha titulado 1.328 predios de uso público rural —escuelas, puestos de salud, vías— garantizando que esas infraestructuras no queden en el limbo legal.
Para impulsar la productividad, el programa “Sembrando Vida” destina 200.000 millones de pesos a proyectos rurales, cofinanciando hasta el 70 % de su costo. El restante puede ser cubierto con créditos de bajo interés garantizados por el Estado.
Participación campesina: comités en pie
Un elemento poco visible pero clave es la participación directa del campesinado en el diseño de la Reforma. 517 Comités Municipales y 14 Departamentales de Reforma Agraria han sido creados, permitiendo que las decisiones no se tomen desde Bogotá, sino con quienes viven el territorio.
¿Legado o punto de inflexión?
El Gobierno insiste en que este avance no es propaganda, sino transformación estructural. Las cifras, al menos, son contundentes: en solo tres años, se ha hecho más que en las dos décadas previas. Sin embargo, el reto será mantener esta velocidad y asegurar que los títulos se traduzcan en bienestar sostenible, seguridad alimentaria y arraigo.
Para el campesinado, aún hay mucho por conquistar, pero también mucho que celebrar. Y como dijo Edith Monsalve, sobreviviente de la masacre de El Aro: “Nosotros no somos terroristas, somos campesinos, somos gente que quiere trabajar la tierra”.
