Estado recupera 1.330 hectáreas en Casanare vinculadas a economías ilegales: serán entregadas a campesinos
Cinco predios ubicados en Tauramena y Villanueva, que estuvieron relacionados con estructuras del narcotráfico y procesos de extinción de dominio, ahora pasarán a manos de familias campesinas como parte de la Reforma Agraria.
El Estado recuperó 1.330 hectáreas de tierra en el departamento de Casanare que durante años estuvieron vinculadas a economías ilegales y procesos judiciales de extinción de dominio. Se trata de cinco predios rurales ubicados en los municipios de Tauramena y Villanueva.
La recuperación fue adelantada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Ahora estos terrenos pasarán a disposición del Estado para ser adjudicados a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando víctimas del conflicto armado y mujeres rurales.
Predios relacionados con estructuras del narcotráfico
Entre los terrenos recuperados se encuentra La Suelta, de 639 hectáreas en la vereda El Guiro (Tauramena), que habría pertenecido a Óscar Pachón Rozo, alias ‘Puntilla’, señalado como heredero de rutas del narcotráfico en los Llanos tras la captura de Daniel ‘El Loco’ Barrera.
También figuran Los Morichales (550 ha) y Los Morichales II (63 ha) en Villanueva, relacionados con Dago Enrique Rodríguez Bejarano, narcotraficante extraditado a Estados Unidos. Estos predios fueron administrados por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes y su depositario fue imputado por entregas ilegales de bienes incautados.
En la lista aparece además La Palmita I (30 ha), en la vereda Mata Suelta (Villanueva), donde figura en la cadena de propiedad el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres. Es importante precisar que Torres fue condenado por urbanización ilegal, no por lavado de activos, y no está vinculado a procesos por narcotráfico, aunque el predio haga parte de las recuperaciones adelantadas por el Estado.
Por su parte, el predio La Laguna (48 ha), en la vereda Tacuya (Tauramena), fue objeto de medidas cautelares en el marco de Justicia y Paz. Tres de sus anteriores propietarios están incluidos en el Registro Único de Víctimas, lo que evidencia dinámicas de despojo y abandono forzado en la región.
¿Por qué es importante esta recuperación?
Durante años, municipios como Tauramena y Villanueva fueron corredores estratégicos del narcotráfico y escenarios de presencia paramilitar. Muchas grandes fincas sirvieron como fachada para lavado de dinero y control territorial.
Cuando el Estado recupera estas tierras, deja de estar en manos de economías ilegales y pasa a cumplir una función social. Es decir, ya no están bajo redes criminales ni esquemas irregulares, sino que pueden convertirse en proyectos productivos legales que generen empleo y estabilidad.
¿Quiénes se benefician ahora?
Las tierras serán adjudicadas a campesinos que no tienen tierra propia o que poseen muy poca. También se priorizará a víctimas del conflicto armado y mujeres rurales.
Para muchas familias, recibir tierra significa:
- Producir alimentos propios.
- Generar ingresos estables.
- Acceder a créditos y proyectos productivos.
- Tener seguridad jurídica sobre el lugar donde viven y trabajan.
No es solo un cambio de dueño. Es la posibilidad de transformar territorios que financiaron la ilegalidad en espacios de producción y desarrollo rural.
De la ilegalidad a la producción
La recuperación de estas 1.330 hectáreas representa un paso en la consolidación de la Reforma Agraria en Casanare. El impacto real se medirá en el tiempo: en cuántas familias logren estabilidad económica y en si estos territorios dejan definitivamente atrás su pasado ligado a la violencia y al narcotráfico.
