Reparación para las víctimas silenciadas: Embargan bienes de Perenco por su rol en la violencia paramilitar.
Dos oficinas de la petrolera internacional en Bogotá pasarán al Fondo de Reparación a Víctimas. Testimonios de exjefes de las AUC vinculan a la empresa con apoyo logístico al Bloque Centauros. Sin embargo, la empresa no ha sido condenada penalmente aún.
En un hecho sin precedentes, la Fiscalía General de la Nación logró el embargo de bienes de la petrolera Perenco, de origen franco-británico, por su presunta participación en la financiación de grupos paramilitares en Casanare entre 1997 y 2005. Se trata de la primera medida cautelar en Colombia contra bienes de una empresa extranjera involucrada en crímenes de guerra.
La providencia fue proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el marco de la Justicia Transicional, a solicitud de la Fiscalía, que entregó los inmuebles —avaluados en más de $41 mil millones— al Fondo para la Reparación de Víctimas.
El caso, adelantado por la Dirección de Justicia Transicional, es contundente: según la Fiscalía, altos mandos de la empresa autorizaron entregas de dinero, combustible, alimentación y transporte a grupos paramilitares, a cambio de “protección” en zonas de extracción petrolera. Las oficinas embargadas están ubicadas en el centro financiero de Bogotá.
Seguridad privada con rostro paramilitar
Los testimonios de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Osten Blanco, exjefes del Bloque Centauros de las AUC, señalaron que Perenco pagó dinero, combustible, alimentación y transporte a los paramilitares, quienes a cambio prestaban «servicios de seguridad» en las zonas de extracción de crudo.
Ese esquema, de acuerdo con la Fiscalía, permitió a la empresa incrementar su patrimonio durante el tiempo en que se habría beneficiado de la presencia armada ilegal.
Según reveló el portal Verdad Abierta, esta práctica habría sido común entre contratistas del sector petrolero que operaban en territorios altamente militarizados o en disputa por las AUC y las guerrillas.
De Casanare a África: un historial de denuncias
Perenco no es ajena a las controversias. En Congo, Gabón y Camerún, organizaciones como Greenpeace, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado denuncias por contaminación de fuentes hídricas, destrucción de ecosistemas y afectaciones a comunidades indígenas.
En Perú, comunidades amazónicas también han acusado a la empresa de operar sin consultas previas y con graves impactos ambientales. En Colombia, su operación en Casanare ha estado marcada por conflictos con comunidades campesinas por afectaciones a fuentes de agua, presión sobre los territorios y, ahora, presuntos nexos con el paramilitarismo.
Inteligencia financiera y cooperación internacional
Para identificar los bienes, la Fiscalía usó herramientas de análisis criminal, cooperación internacional con GAFILAT, y obtuvo documentos internos que demostrarían que las máximas instancias corporativas autorizaron las entregas ilegales.
Además, se investigaron los contratos de explotación petrolera suscritos por la empresa, su estructura societaria y su relación con entidades del Estado colombiano como la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía.
¿Reparación o precedente?
La decisión judicial no solo permitirá destinar los bienes a la reparación de víctimas del paramilitarismo, sino que podría sentar un precedente para otros casos similares en el país. ¿Cuántas otras empresas internacionales financiaron actores armados y se beneficiaron del conflicto? ¿Cómo se garantiza hoy que estas prácticas no se repiten bajo nuevas formas?
¿Y la responsabilidad empresarial?
Perenco no ha respondido públicamente sobre estas acusaciones, pero su nombre se suma a una lista creciente de empresas extranjeras con operaciones en Colombia que habrían financiado estructuras armadas ilegales. En el pasado, compañías como BP (British Petroleum) —cuya presencia en Casanare antecede a la de Perenco— han sido señaladas por operar en territorios donde se cometieron asesinatos extrajudiciales y otros crímenes graves, aunque sin consecuencias judiciales.
Lo que diferencia este caso es que ya hay una acción judicial concreta, y una decisión de fondo: los bienes de Perenco deberán ser usados para reparar a las víctimas. ¿Pero alcanza? ¿Es suficiente embargar oficinas cuando lo que se perdió fueron vidas, tierras, liderazgos sociales y confianza en el Estado?
Ver también para contexto: Los ‘falsos positivos’ del petróleo
https://rutasdelconflicto.com/especiales/petroleo_Casanare/index.html
Ver también: La petrolera Perenco y su afectación a la vida en Casanare, Colombia
https://rutasdelconflicto.com/notas/la-petrolera-perenco-su-afectacion-la-vida-casanare-colombia
