Zorro evita, por ahora, colapso de El Cascajar: Con plan de choque y 16 mil millones para ampliar dos años su vida útil

El relleno sanitario El Cascajar tendrá un respiro. Durante un foro organizado por Sintraemdes y algunos medios de comunicación de Casanare, el gerente de Acuatodos, Julio César Cuevas, anunció un plan de choque y la ejecución de obras que permitirían ampliar aproximadamente dos años su vida útil.

La intervención busca conjurar una emergencia sanitaria ante el agotamiento de la trinchera 11, cuya capacidad restante se estima en máximo seis semanas. Allí se depositan actualmente los residuos de Yopal, Aguazul, Sácama, Recetor, Támara, Nunchía y Monterrey, entre otros municipios de Casanare y algunos de Boyacá.

Cuevas destacó la decisión del gobernador César Ortiz Zorro de destinar los recursos necesarios para atender la crisis. Según explicó, la Gobernación tuvo que recortar otros proyectos contemplados en su Plan de Desarrollo para financiar esta intervención, debido a la inminencia de la emergencia y a la falta de una solución definitiva por parte de los municipios usuarios del relleno.

La obra fue contratada por Acuatodos por $14.318 millones. Al agregar interventoría, permisos, compensaciones y apoyo a la supervisión, el proyecto completo asciende a $15.997 millones, es decir, cerca de $16 mil millones, según los estudios previos de la contratración.

Un plan de choque para ganar hasta cinco meses

Como las nuevas obras requieren cinco meses de ejecución, Acuatodos implementará primero un plan de choque para evitar que El Cascajar colapse antes de que esté habilitada la nueva capacidad.

La medida contempla utilizar maquinaria para reorganizar la disposición de los residuos sólidos dentro de la trinchera 11. Este procedimiento permitiría depositar aproximadamente 30.000 toneladas adicionales y mantener la operación durante cuatro o cinco meses.

Este espacio temporal funcionaría como un puente mientras avanza el Contrato de Obra Pública No. 084 de 2026, firmado el 8 de septiembre con el Consorcio Rellenos.

Sin embargo, el cronograma seguirá siendo ajustado: el plan de choque ofrecería prácticamente el mismo tiempo que necesitan las obras. Además, el plazo contractual de cinco meses comienza a contarse desde el acta de inicio y no desde la firma del contrato.

Por ello, el éxito de la estrategia dependerá de que no se presenten retrasos significativos en los trámites, permisos, garantías, condiciones climáticas o ejecución física.

¿Qué se construirá con los recursos?

El contrato corresponde a la primera fase del plan de cierre programado y reconversión de las estructuras existentes de El Cascajar. Su componente principal será transformar la denominada Piscina 7 en una nueva celda para la disposición de residuos.

Las actividades contempladas incluyen excavaciones, conformación de diques, estabilización de taludes e instalación de capas de arcilla, geomembranas y geotextiles para impermeabilizar el terreno y evitar que los líquidos contaminantes se filtren hacia el suelo o las aguas subterráneas.

También se construirán y adecuarán redes para recoger y conducir los lixiviados, incluidos tuberías perforadas, cajas de inspección, pozos de bombeo y una caseta para los equipos requeridos.

El proyecto incluye la optimización de la piscina de lixiviados mediante extracción de líquidos, ampliación y perfilado de taludes, impermeabilización, canales para aguas lluvias y recuperación de las áreas intervenidas.

A esto se suman obras de mitigación y control ambiental en más de 24.000 metros cuadrados, entre ellas nivelación del terreno, cobertura con arcilla, tierra abonada, geomembranas y geotextiles, así como la recuperación o terminación de 50 chimeneas para evacuar los gases producidos por la descomposición de los residuos.

También se instalarán sistemas de monitoreo de aguas subterráneas y estabilidad del terreno, redes eléctricas de baja tensión, alumbrado, sistemas de puesta a tierra, tableros y equipos de bombeo.

Los estudios previos de Acuatodos proyectan que estas intervenciones permitirán extender aproximadamente dos años la vida útil del relleno y garantizar temporalmente la disposición de residuos para una población superior a 270.000 habitantes.

La alternativa a la que no le pararon bolas y que Corporinoquia desestimó

Otra posibilidad para ampliar la capacidad de El Cascajar se conoció a través del auto de seguimiento expedido el 15 de septiembre por el Tribunal Administrativo de Casanare.

La providencia hace seguimiento al cumplimiento del fallo de acción popular proferido por ese mismo Tribunal en 2015 y ratificado por el Consejo de Estado en 2018, mediante el cual se ordenó adoptar una solución integral, definitiva y ambientalmente sostenible para la disposición de residuos.

Dentro de la documentación revisada por el Tribunal aparece la alternativa expuesta por Fredy Ferley Aldana, director de Proyectos de la EAAAY. La propuesta consistía en elevar la cota de las trincheras 10 y 11 para habilitar aproximadamente 181.431 toneladas adicionales, equivalentes a unos 33 meses de operación.

La EAAAY solicitó autorización a Corporinoquia el 10 de febrero de 2026 mediante la figura de giro ordinario. Sin embargo, la autoridad ambiental negó la petición el 6 de abril porque consideró que la intervención requería una modificación de la licencia ambiental y no podía tramitarse como un ajuste menor.

Según la información incorporada al expediente judicial, la Oficina de Proyectos preparó un recurso para controvertir esa decisión, pero el documento quedó pendiente de la firma del agente especial que dirige la EAAAY y no fue radicado dentro del término legal.

Por tanto, no puede afirmarse que la ampliación de la cota estuviera aprobada ni que fuera inmediatamente ejecutable. Lo que muestra el expediente es que existió una alternativa sin mayores costos y con capacidad estimada para 33 meses, pero su trámite ambiental no continuó.

Los municipios dejaron crecer el problema

Si bien la intervención de la Gobernación de Casanare logra apagar el incendio, en esta oportunidad, también se evidencia una falla institucional acumulada.

Los municipios tienen la competencia de asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios. Sin embargo, las administraciones que depositan sus residuos en El Cascajar, incluido Yopal, llegaron al agotamiento de la única trinchera habilitada sin tener preparada una alternativa regional definitiva.

La intervención de la EAAAY por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos ha fragmentado aún más las responsabilidades y la capacidad de decisión. No obstante, esa situación no elimina el deber de Yopal ni de los otros municipios de planear y garantizar la disposición final de sus residuos.

Ante esa falta de previsión, planeación, omisión y el riesgo de una emergencia sanitaria, el Gobierno departamental terminó destinando millonarios recursos de regalías que inicialmente estaban previstos para otros proyectos, según lo manifestado por el gobernador César Ortiz Zorro.

Dos años para construir una solución definitiva

El foro permitió contrastar las alternativas conocidas, dimensionar la gravedad de la coyuntura y establecer que Casanare sí cuenta con una salida para evitar el colapso inmediato.

Pero las obras financiadas por la Gobernación no constituyen la solución definitiva ordenada desde 2015. Únicamente comprarán aproximadamente dos años adicionales.

Durante ese periodo, Yopal y los demás municipios usuarios tendrán que definir, financiar y poner en funcionamiento una alternativa de mediano y largo plazo. Esto exige acuerdos regionales, estudios técnicos, adquisición o habilitación de terrenos, licenciamiento ambiental y una distribución clara de responsabilidades y recursos.

El Tribunal citó con carácter indelegable para el alcalde de Yopal Marco Tulio Ruiz y el gobernador César Ortiz Zorro a una audiencia de verificación virtual este lunes 21 de septiembre. En esta las entidades una vez más informarán sobre sus actuaciones administrativas para darle solución a esta problemática de las basuras.