Por Yecid Beltrán Sáenz
Dos hechos fueron noticia “viral” como se denomina ahora los acontecimientos que marcan una tendencia en los medios de información y en las redes sociales; Los tratos crueles e inhumanos a que fueron sometidos unos jóvenes que presuntamente están en proceso de resocialización en un centro especializado supervisado por el ICBF y la Gran Marcha Estudiantil en defensa de la Universidad pública convocada por quienes se sienten afectados por el desinterés que el Gobierno Nacional viene mostrando sobre este tema trascendental para el desarrollo del país.
Lo curioso de estas dos noticias es que no se pueden desligar la una de la otra porque en el fondo ambas forman parte de lo que se debería denominar “política estatal para la infancia, la adolescencia y la juventud” la cual infortunadamente se tratan como políticas diferentes y no congruentes.
Es alarmante leer las opiniones de muchos colombianos sobre el trato que se debe dar a los adolescentes que por culpa de la familia, la sociedad y el Estado, han tomado el camino de la delincuencia impulsados por la falta de oportunidades tanto en educación como en lo laboral y que se refleja en las estadísticas que nos presenta el DANE, en donde fácilmente se puede observar que una muy minoritaria población colombiana goza de todos los privilegios que por derecho propio debería extenderse a todos los colombianos, y degradante oír voces que la política del “ojo por ojo” y diente por diente” sea la que deba implementarse para esta población irregular o desviada del buen camino y que incluso se festeje y se aplauda a unos funcionarios públicos a quienes se les ha encargado por mandato constitucional, respetar la ley y la Constitución Nacional. Para quienes de esta manera piensan habrá que recordarles que por expreso mandato del artículo 12, nuestra carta política instituyó como derecho fundamental: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, y cuando se dice Nadie es nadie incluidos esos jóvenes.
Antes de justificar esos actos delictuosos, se debe primero analizar que hemos hecho como sociedad o como familia, para evitar que esos jóvenes caigan en desgracia y que ha hecho el Estado a través del ICBF para evitar que esos niños y adolescentes gocen del privilegio de tener una educación en un establecimiento estatal, una vivienda digna, una atención en programas de prevención contra la desnutrición y prevención en salud y especialmente que se ha hecho para retenerlos en el sistema estatal de la educación.
En la educación primaria y secundaria, a partir de los años 90’, se empezó a incrementar el auge de las instituciones de carácter privado superando con creces en la actualidad al número de instituciones de carácter público con la consecuencia directa de quedar por fuera del sistema educativo, la gran mayoría de población de los estratos 1 y 2, que en el futuro son el semillero de una de las causas del incremento de la delincuencia juvenil sin que al gobierno central le interese combatir esta que es una de las principales causas del aumento de la inseguridad.
Muchos de estos jóvenes que logran terminar su etapa de escolaridad básica y media, se estrellan ante la realidad incuestionable de no contar con recursos económicos suficientes para seguir preparándose para la vida a través de la educación técnica o universitaria, porque el estado no cumple con la función social de atender la demanda de cupos técnicos o universitarios que requiere la población en edad de ingresar a estos centros de educación superior.
En Colombia solo existen 32 universidades de carácter estatal mientras que el número de universidades privadas asciende a 72. Este dato nos indica claramente que la educación superior se convirtió también en un negocio desde la implementación de la ley 30 de 1992 y sus altos costos no le permiten a la gran mayoría de colombianos acceder a sus programas. Si a esto le sumamos que los dineros de la educación publica se desvían con sutileza hacia el fortalecimiento de las universidades privadas, el panorama es más sombrío con respecto al futuro de la Educación Publica superior y las esperanzas de acceder a ella por parte de quienes no tienen los recursos para ingresar a las universidades privadas. Según el último dato y solo con referencia a la Universidad Nacional, para este año se presentaron 75 mil aspirantes para tratar de obtener uno de los casi 7 mil cupos disponibles en sus distintos programas. ¿Qué será del futuro de esos más de 67 mil colombianos que ven frustradas sus aspiraciones de lograr un mejor futuro para sí y para sus familias? ¿Qué planes tiene el gobierno para saldar la deuda con la educación pública superior que ya supera los 18 billones de pesos?
Mientras la educación publica, tanto básica como superior no sea el eje central de cualquier gobierno, no podemos esperar que las cosas mejoren en temas tan básicos como la seguridad y los problemas del Redentor se seguirán replicando en todos los centros especializados del país y las marchas estudiantiles no cesaran a lo largo y ancho del país.
* Yecid Beltrán Sáenz – Abogado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
