Presidente del Concejo de Maní salpicado en pliego de cargos por irregularidades en el terminal de transporte de Puerto Gaitán, Meta.

El presidente del Concejo de Maní, Pablo Rodríguez Segovia, fue cobijado con el pliego de cargos proferido por la Procuraduría General por presuntas irregularidades en la construcción del Terminal de Transportes de Puerto Gaitán, Meta, cuando se desempeñó como secretario de Infraestructura en el periodo 2020-2023.

El Ministerio Público señala también a los exalcaldes de esta población José Alexander Fierro Guayara (2016 – 2019), y Jorge Edelio Plazas Hernández (2020 – 2023), así como a otras ocho personas, por presuntas anomalías en la ejecución del proyecto.

Por esos hechos, el órgano de control calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.​

Proyecto, sin estudios necesarios y sin aval del ministerio del Transporte

Al parecer las obras objeto de la investigación se habrían iniciado sin contar con los estudios y diseños necesarios que permitieran establecer la viabilidad del proyecto, y sin contar con el aval del Ministerio de Transporte para el funcionamiento del terminal.

Esto habría ocasionado retrasos en el desarrollo de las obras, las cuales fueron contratadas por 5.298 millones de pesos y financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.

Qué no hicieron los secretarios de infraestructura

Los entonces secretarios de Infraestructura, entre ellos Pablo Rodríguez, al parecer omitieron informar a la alcaldía que el Consorcio Terminal 2018 no veló por el estricto cumplimiento y correcta ejecución del objeto del contrato, pues no habría atendido oportunamente las observaciones hechas por el constructor respecto a las deficiencias técnicas que presentaba el proyecto, ni adelantó de manera oportuna el trámite para lograr una adición presupuestal que permitiera culminar los trabajos.

En el caso de los representantes legales de las empresas que conformaron el Consorcio Terminal 2018, Andrés Mora Barney y Jesús David Reyes Hernández, presuntamente omitieron informar los hechos o circunstancias que representaban un riesgo para el cumplimiento de las obras, que a la fecha registran un retraso superior a los tres años en su desarrollo. 

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