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Petro puso a los pobres en el centro del debate: ¿cambio real o tarea incompleta?

Mientras Iván Cepeda propone dar continuidad a la agenda social del actual gobierno, Abelardo de la Espriella plantea un giro hacia otras prioridades, especialmente seguridad, reducción del Estado y desregulación económica.

Gustavo Petro no resolvió todos los problemas estructurales de Colombia, pero sí cambió una parte central de la conversación nacional: puso a los pobres, los trabajadores, el campo y la desigualdad en el centro del debate público.

Esa es una de las conclusiones que dejan dos análisis recientes de BBC News Mundo y el Center for Economic and Policy Research —CEPR—, que revisan los avances, límites y contradicciones del primer gobierno progresista en la historia moderna del país.

Un país obligado a mirar a los de abajo

Petro llegó a la Presidencia en 2022 con una promesa ambiciosa: cambiar el rumbo de un país marcado por la desigualdad, la concentración de la tierra, la informalidad laboral, la pobreza y una larga historia de exclusión política y social.

A pocos meses de terminar su mandato, dos análisis recientes, uno de BBC News Mundo, firmado por el periodista José Carlos Cueto, y otro del Center for Economic and Policy Research —CEPR—, elaborado por Jake Johnston y Paola Jaimes Santamaria, coinciden en una idea central: Petro no transformó todo lo que prometió, pero sí movió el centro de la discusión nacional.

Durante su gobierno, Colombia habló con más fuerza de pobreza, salario mínimo, derechos laborales, pensiones, salud, reforma agraria, medio ambiente y desigualdad. Temas que durante años estuvieron en segundo plano frente a la seguridad, el narcotráfico o la estabilidad económica, pasaron a ocupar el centro del debate público.

El análisis de BBC News Mundo plantea que uno de los mayores cambios del gobierno Petro fue simbólico y cultural. Sectores populares, comunidades afrocolombianas, campesinas y personas históricamente excluidas empezaron a verse representadas de otra manera dentro del Estado.

Esto no significa que la desigualdad haya desaparecido ni que el país haya resuelto sus problemas de fondo. Pero sí implica un giro en la forma como se discutió el poder en Colombia.

Por primera vez en mucho tiempo, la pregunta no fue solamente cómo atraer inversión, cómo controlar el orden público o cómo mantener la estabilidad institucional, sino también cómo viven los trabajadores, qué pasa con los adultos mayores sin pensión, qué ocurre con las familias pobres, quién tiene la tierra y por qué millones de personas siguen sin acceso digno a salud, empleo y servicios básicos.

Ese cambio de conversación incomodó a sectores políticos y económicos que durante décadas estuvieron acostumbrados a definir la agenda nacional desde arriba.

Menos pobreza y más salario, según el CEPR

El informe del CEPR pone el énfasis en los datos económicos y sociales. Según este centro de estudios, durante el gobierno Petro se registró una reducción importante de la pobreza monetaria, la pobreza extrema y la pobreza multidimensional.

También destaca el aumento del salario mínimo real, es decir, un incremento por encima del costo de vida. En términos sencillos, esto significa que muchos trabajadores no solo recibieron más pesos, sino que tuvieron algo más de capacidad para comprar alimentos, pagar transporte, cubrir necesidades del hogar o sostener el consumo familiar.

El CEPR también señala que ese aumento del salario mínimo no produjo el desastre laboral que algunos sectores advertían. Por el contrario, durante este periodo bajaron el desempleo y la informalidad.

Este punto es clave porque toca una discusión de fondo: durante años se ha dicho que mejorar los ingresos de los trabajadores puede afectar el empleo. Sin embargo, el análisis del CEPR sostiene que en este caso el aumento del ingreso ayudó a mover la economía de los hogares y pequeños negocios.

Cuando una familia tiene un poco más de dinero, ese recurso no se queda quieto: va a la tienda, a la plaza, al transporte, al colegio, al arriendo, al taller, a la droguería o al pequeño comercio.

Programas sociales y adultos mayores

Otro avance señalado por el CEPR fue la reorganización de los programas sociales alrededor de Renta Ciudadana, así como el fortalecimiento de Colombia Mayor.

Estos programas no resuelven por completo la pobreza estructural, pero sí representan un alivio concreto para hogares pobres, mujeres cabeza de hogar, personas con discapacidad, adultos mayores y comunidades históricamente excluidas.

Para una familia vulnerable, una transferencia económica puede significar comida, medicamentos, transporte, útiles escolares o la posibilidad de no endeudarse para cubrir una necesidad básica.

Ahí está una de las tensiones centrales del debate: para algunos sectores, estos programas son gasto excesivo; para otros, son una forma mínima de justicia social en un país profundamente desigual.

El campo volvió al centro de la agenda

Los dos análisis también destacan la agenda agraria. Colombia tiene una de las estructuras de propiedad de la tierra más desiguales de América Latina. Durante décadas, el campo ha estado atravesado por concentración de tierras, violencia, falta de vías, ausencia institucional y pobreza rural.

El gobierno Petro avanzó en procesos de formalización, compra y gestión de tierras para campesinos, comunidades indígenas, afrocolombianas y víctimas del conflicto.

Sin embargo, el problema rural colombiano está lejos de resolverse. La tierra, por sí sola, no basta. Para que una familia campesina pueda vivir dignamente necesita crédito, vías, asistencia técnica, comercialización, seguridad, agua, salud, educación y presencia real del Estado.

Aun así, el hecho de que la reforma agraria volviera al centro del debate nacional ya representa un cambio político importante.

Salud: la gran deuda que golpeó a la gente

Pero el balance no es únicamente positivo. BBC News Mundo señala que la reforma a la salud fue una de las grandes derrotas políticas del gobierno Petro.

La propuesta no logró pasar en el Congreso y, mientras tanto, el sistema acumuló quejas por demoras en citas, falta de medicamentos, deudas y problemas de atención.

Para la gente común, este no es un debate técnico. Es la angustia de una madre que no consigue una cita para su hijo, de un adulto mayor que no recibe un medicamento, de un paciente que debe esperar meses por un especialista o de una familia que siente que la salud depende de tutelas, madrugones y trámites.

Aquí aparece una contradicción fuerte del gobierno: quiso transformar el sistema, pero muchas personas siguieron sintiendo una crisis diaria en la atención.

Paz total y seguridad: una promesa incompleta

La paz total fue una de las apuestas más ambiciosas de Petro. La idea era dialogar con varios grupos armados al mismo tiempo y buscar salidas negociadas a conflictos que siguen golpeando a muchas regiones del país.

Sin embargo, BBC señala que los resultados quedaron por debajo de las expectativas. En varias zonas persistieron crisis de seguridad, algunos grupos armados se fortalecieron y varias negociaciones terminaron suspendidas.

Para las comunidades rurales, la paz no es un discurso. Es poder dormir sin miedo, sacar una cosecha sin extorsión, mandar los hijos a estudiar, moverse por una carretera sin pedir permiso y vivir sin quedar atrapados entre actores armados.

En ese terreno, el gobierno Petro deja una deuda importante.

Corrupción: el golpe al discurso del cambio

Otro punto crítico tiene que ver con los escándalos de corrupción que salpicaron al gobierno.

BBC menciona casos como el proceso contra Nicolás Petro y el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Aunque se trata de investigaciones en curso, estos hechos golpearon la credibilidad de un proyecto político que llegó al poder con un fuerte discurso anticorrupción.

La contradicción es evidente: un gobierno que prometió romper con las viejas prácticas terminó enfrentando cuestionamientos que debilitaron su autoridad moral.

Las resistencias al cambio

El informe del CEPR también señala que el gobierno enfrentó fuertes restricciones. Una de ellas fue el Congreso, donde varias reformas fueron bloqueadas, modificadas o aprobadas de forma más limitada.

Otra fue la política monetaria del Banco de la República. Según el CEPR, las tasas de interés altas encarecieron el crédito, frenaron la inversión privada y limitaron el crecimiento económico.

En palabras sencillas: cuando pedir plata prestada se vuelve muy caro, menos familias compran vivienda, menos empresarios invierten, menos negocios crecen y la economía se enfría.

A esto se suma la resistencia de sectores económicos y políticos que vieron en la agenda de Petro una amenaza a sus intereses o a la forma tradicional como se ha gobernado el país.

¿Cambio real o tarea incompleta?

La respuesta más equilibrada parece ser esta: hubo cambio real, pero incompleto.

Petro sí logró poner a los pobres, los trabajadores, el campo y la desigualdad en el centro del debate. También hubo avances en reducción de pobreza, aumento del salario mínimo, programas sociales, reforma laboral, reforma pensional y agenda agraria.

Pero al mismo tiempo quedaron deudas profundas en salud, seguridad, paz total, corrupción, ejecución de reformas y crecimiento económico.

Ni el balance puede reducirse a decir que todo fue un fracaso, ni puede presentarse como si el cambio hubiera sido completo.

Cepeda y De la Espriella: dos caminos distintos después de Petro

La discusión electoral de 2026 no es solamente sobre quién ocupará la Presidencia. También es una decisión sobre el modelo de país.

Iván Cepeda representa la posibilidad de continuar y profundizar parte de la agenda social iniciada por Petro: programas sociales, reforma laboral, agenda agraria, transición energética y mayor presencia del Estado en sectores históricamente excluidos.

Abelardo de la Espriella, en cambio, plantea un giro hacia otras prioridades: seguridad dura, reducción del Estado, desregulación económica, mayor cercanía con sectores tradicionales de derecha y una visión más favorable a la explotación minero-energética.

La pregunta de fondo para la ciudadanía no es abstracta. Es concreta: ¿qué modelo garantiza mejor salud, trabajo digno, seguridad, comida, tierra, educación, pensión y tranquilidad para vivir?

Ese es el debate que deja abierto el gobierno Petro.

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