𝗟𝗮𝘀 𝗰𝗮́𝗺𝗮𝗿𝗮𝘀 𝘆𝗮 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗬𝗼𝗽𝗮𝗹, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗟𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮𝗻𝘀 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼

Yopal ya tiene cámaras para vigilar sus calles. Pero antes de que comenzaran a operar, Little Guardians ya tenía los lentes vigilando otra cosa: el contrato que hizo posible el nuevo Centro de Monitoreo.

El sistema fue inaugurado el 6 de agosto por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y comenzó a operar desde el viernes 7 de agosto al servicio de la fuerza pública.

La promesa oficial es ambiciosa: 238 cámaras de última tecnología, algunas con alcance de hasta un kilómetro, visión multisensor, reconocimiento facial, bocinas de alarma, internet de banda ancha y dos años de mantenimiento.

Según el mandatario, Yopal empieza a convertirse en una ciudad inteligente y no tendría “nada que envidiarles a las grandes ciudades del mundo”.

Little Guardians sospecha posibles sobrecostos

Little Guardians, representada por Luis Guillermo Pérez, radicó el 30 de julio una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Casanare. Allí pidió proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a presuntos indicios de precios unitarios superiores al mercado en el contrato CAS-OAJ-LP-009-2024, interno 3007 de 2024.

Esta Fundación sostiene que hay brechas de precio suficientemente llamativas como para ordenar un peritaje independiente, histórico, homogéneo y contradictorio.

En otras palabras, Little Guardians no está diciendo solo “Eso se consigue más barato en internet”.

Está pidiendo que se revise con facturas, APU, diseños, seriales, cantidades, marcas, modelos, licencias y soportes técnicos si los valores están justificados o si algunos componentes pudieron cobrarse más de una vez.

𝗟𝗮𝘀 𝗰𝗶𝗳𝗿𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗹𝘂𝗽𝗮

La demanda trae una matriz preliminar de alertas. No la presenta como prueba definitiva de daño patrimonial, sino como base para que un perito revise si los valores son razonables.

• Entre los puntos señalados aparece una cámara PTZ con panorámico multisensor, ofertada en $55 millones de pesos, frente a referencias abiertas entre $5.562.000 y $8.300.000.

La misma demanda advierte que la comparabilidad es baja-media y que se requiere una cotización espejo, técnicamente equivalente.

• También aparece una cámara fija tipo 2, ofertada en $8.319.000, frente a referencias entre $190.000 y $238.000. En ese caso, Little Guardians pide verificar sensor, lente, analítica, robustez, licencias e instalación antes de sacar conclusiones.

• Otro dato fuerte está en las UPS de 2 kVA para cámaras. El ítem fue ofertado en $8.054.451 por unidad, mientras la matriz encontró referencias entre $1.370.000 y $2.905.990. Según la demanda, con 186 unidades, el contraste bruto arroja una alerta entre $957 millones y $1.243 millones, antes de sumar los componentes válidos de la solución.

• El aire acondicionado de 24.000 BTU, uno de los puntos más polémicos, aparece en la demanda con valor aproximado de $23 millones de pesos por unidad. La matriz pública registró referencias entre $2.380.000 y $2.700.000.

La demanda reconoce que no basta con comparar el equipo de almacén. El contratista sostiene que el precio incorpora tuberías, drenajes, cableado, soportes, adecuaciones, pruebas, puesta en marcha, soporte y mantenimiento.

Por eso Little Guardians pide que un perito establezca la cantidad final, marca, modelo y si esos costos aparecen también en capítulos eléctricos o civiles.

𝗟𝗮 𝗚𝗼𝗯𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 defendió la contratación

La defensa llegó por cuenta del secretario de Gobierno Departamental, Julio Ramos. Según el funcionario, Little Guardians estaría leyendo precios unitarios como si se tratara de una compra simple, cuando en realidad se trata de un sistema instalado, integrado y diseñado para operar 24 horas al día, los siete días de la semana.

Ramos explicó que los valores no corresponden solo al equipo base. En el caso de los aires acondicionados, dijo que deben sumarse instalación, adecuaciones eléctricas, cables, tomacorrientes, tubería, equipos de medición, transporte, mano de obra, mantenimiento preventivo y correctivo durante dos años, stock de repuestos, AIU, estampillas y garantías.

La defensa bajó hasta el detalle: tornillos, ángulos, canalización, cuadrillas, materiales menores, equipos de refrigeración y soporte técnico.

Con las cámaras ocurrió algo similar. Según Ramos, el punto instalado incluye tarjetas de memoria, adaptadores, tubería, tornillería, canalización, transporte, cuadrillas, mantenimiento, soporte técnico, garantía y repuestos por 24 meses.

La Gobernación dice, en síntesis, que no se puede comparar una cámara de vitrina con una cámara instalada y funcionando dentro de un sistema de seguridad.

𝗘𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗻𝗼 𝗵𝗮𝗯𝗿𝗶́𝗮 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗼

Otro punto sensible es el papel del Ministerio del Interior y FONSECON.

La demanda señala que el presupuesto territorial se apoyó en estudios y referencias SIES del Ministerio del Interior. Sin embargo, según el mismo documento, el Ministerio habría aclarado que no validó los precios unitarios ni los APU del contrato territorial, y que su estudio era general e indicativo.

Ese matiz cambia la discusión.

Si el referente nacional era general y no una validación específica de cada ítem, entonces la razonabilidad de los precios no puede darse por probada solo porque el proyecto estuviera enmarcado en lineamientos SIES.

Se solicitó no pagar pendientes del contrato mientras se aclara las dudas

Little Guardians solicitó como medida cautelar suspender provisionalmente pagos, giros o desembolsos pendientes a favor del Consorcio Llano Seguro 2024 mientras se verifica técnicamente si las brechas de precio están justificadas.

También pidió que el Departamento certifique pagos efectuados, anticipo desembolsado y amortizado, saldos, cuentas radicadas, órdenes de pago, retenciones, recursos en fiducia, certificaciones de cumplimiento y estado de liquidación.

Mejor dicho que el sistema funcione pero que antes de cerrar la cuenta se sepa exactamente qué se pagó, qué falta por pagar y si los valores cuestionados tienen soporte.

𝗨𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗮𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼

Según la acción popular, el proyecto completo del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana Fase I tiene un valor de 40 mil millones de pesos: 20 mil millones del Sistema General de Regalías y 20 mil millones de FONSECON.

El contrato principal fue celebrado entre el Departamento de Casanare y el Consorcio Llano Seguro 2024 por $37.390.300.786. El presupuesto oficial era de $37.395.383.900.

La diferencia fue de apenas $5.083.114, equivalente al 0,0136 %. La demanda aclara que esa cercanía no prueba por sí sola un sobrecosto, pero sí vuelve necesario mirar con lupa la solidez del presupuesto y de cada precio unitario.

A eso se suma otro dato: en la licitación se presentó un solo oferente. No es una irregularidad pero deja más peso sobre el estudio de mercado que sirvió para contratar.

Cuando hay un solo proponente y la oferta queda casi calcada al presupuesto oficial, genera sospechas.