No eran bajas en combate: 19 placas preservan la memoria de las víctimas de falsos positivos en Casanare
En los 19 municipios del departamento fueron instaladas placas para dignificar a personas asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Más de 300 familiares esperan que sus nombres, historias y proyectos de vida no vuelvan a ser borrados.
Antes de convertirse en expedientes judiciales, eran hijos, padres, hermanos y vecinos. Tenían nombres, afectos y proyectos de vida. Sin embargo, fueron asesinados y presentados falsamente como enemigos muertos en combate, una versión que prolongó el dolor y la estigmatización de sus familias.
Ahora, en cada uno de los 19 municipios de Casanare, una placa busca devolverles un lugar en la memoria colectiva. No puede reparar su ausencia ni borrar el sufrimiento causado, pero sí recordar públicamente que no eran bajas en combate: eran personas cuya dignidad fue arrebatada.
La Jurisdicción Especial para la Paz verificó la instalación de las 19 placas que conforman el Camino de la Memoria. Cada una fue ubicada en un espacio público concertado con las familias e incluye un código QR que permite conocer las historias de las víctimas y los daños ocasionados en sus hogares y comunidades.
La medida busca contribuir a la reparación simbólica de más de 300 familiares y contó con la participación directa de más de 50 víctimas, además de los aportes de 167 comparecientes no seleccionados como máximos responsables.
Una medida impulsada por las víctimas
El Camino de la Memoria surgió de una propuesta presentada por las propias víctimas: instalar dispositivos conmemorativos permanentes para recordar a quienes fueron asesinados o desaparecidos y posteriormente presentados como bajas en combate.
El proceso comenzó en octubre de 2024 con encuentros de escucha y reconocimiento de las expectativas de las familias. Posteriormente se realizaron jornadas de preparación psicosocial, ejercicios de escritura y espacios diferenciados con víctimas y comparecientes.
Las 19 placas fueron entregadas a las alcaldías el 5 de julio de 2025, durante un acto realizado en la Biblioteca Municipal La Tríada de Yopal. Sin embargo, su entrega no significaba que la medida estuviera cumplida: todavía era necesario concertar los lugares, instalar los elementos y verificar que las ubicaciones respetaran los acuerdos alcanzados con las familias.
Durante 2026, la JEP realizó recorridos territoriales para comprobar su instalación definitiva.
Comparecientes buscan resolver su situación jurídica
La iniciativa se desarrolla dentro de la Ruta No Sancionatoria de la JEP, dirigida a comparecientes que no fueron seleccionados como máximos responsables, pero que deben realizar aportes efectivos para obtener una resolución definitiva de su situación jurídica.
Entre sus obligaciones se encuentran aportar verdad, reconocer responsabilidades cuando corresponda, comprometerse con la no repetición y participar en acciones que contribuyan a reparar simbólicamente a las víctimas.
Las placas, por lo tanto, no constituyen únicamente un homenaje institucional. También forman parte de las contribuciones que deben realizar los comparecientes involucrados en el proceso.
Memoria en cuatro zonas de Casanare
El proyecto fue organizado en cuatro zonas territoriales, cada una con un formato particular para contar las historias construidas durante el proceso:
- Zona sur: pódcast.
- Zona oriental: Galería Viva.
- Zona norte: Galería Interactiva.
- Zona occidental: microdocumental.
La elaboración de estos contenidos incluyó las voces de las familias, aportes de los comparecientes y actividades artísticas y de escritura desarrolladas con niñas, niños y jóvenes.
El material puede consultarse en el especial multimedia Camino de la Memoria.
Las alcaldías deberán proteger las placas
El cierre de esta fase se realizó el 16 de octubre en la Biblioteca Municipal La Tríada, en Yopal, con la presencia de víctimas, comparecientes, autoridades territoriales, representantes del Centro Nacional de Memoria Histórica y las magistradas Sandra Jeannette Castro Ospina y Sandra Rocío Hernández Cruz.
Durante el acto, la magistrada Castro reconoció que las placas no pueden devolver la vida de las personas asesinadas, pero sí pueden ayudar a restablecer su buen nombre y evitar que sus historias sean olvidadas.
La implementación también contó con la participación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Universidad del Rosario, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y autoridades territoriales.
A partir de ahora, las administraciones municipales tendrán la obligación de custodiar y conservar las placas. Su permanencia y visibilidad serán fundamentales para que el Camino de la Memoria no termine reducido a un acto protocolario, sino que continúe funcionando como una herramienta contra el negacionismo y en favor de la no repetición.
