Fallo sobre Alameda Martha Mojica desnuda improvisación del gobierno de Luis Eduardo Castro: asignó lotes sin servicios públicos
Un juez anuló la resolución con la que el entonces alcalde Luis Eduardo Castro identificó a 2.589 beneficiarios de Alameda Martha Mojica. La convocatoria no desaparece, pero el INDEV tendrá que retomar el proceso y verificar quiénes cumplen los requisitos. Mientras tanto, las familias siguen sin escrituras y todavía faltan obras esenciales, entre ellas cerca de $25 mil millones para las acometidas domiciliarias de alcantarillado.
Un fallo del Juzgado Tercero Administrativo de Yopal puso nuevamente sobre la mesa una pregunta que acompaña desde hace casi tres años a las familias de Alameda Martha Mojica: ¿Cuándo van a recibir realmente sus lotes y sus escrituras?
La sentencia de primera instancia anuló la Resolución 1132 del 30 de diciembre de 2023, expedida al finalizar el gobierno del entonces alcalde Luis Eduardo Castro, mediante la cual fueron identificados y localizados 2.589 hogares como beneficiarios del proyecto de “lotes con servicios”.
El fallo no acaba con Alameda Martha Mojica ni obliga a comenzar nuevamente toda la convocatoria. Pero sí deja en evidencia graves problemas en la forma como se adelantó el proyecto.
¿Qué argumentó quien demandó?
El demandante, Oromairo Ballesteros, sostuvo que el alcalde no tenía competencia para determinar los beneficiarios, porque esa función correspondía al INDEV, entidad encargada de desarrollar la política municipal de vivienda.
También cuestionó que se hubiera avanzado en el proceso cuando todavía faltaban condiciones fundamentales: los predios no habían sido transferidos al INDEV, existían dificultades técnicas y de servicios públicos y quedaban actuaciones pendientes dentro de la convocatoria.
El 29 de diciembre de 2023, el INDEV amplió hasta diciembre de 2024 el plazo para asignar los subsidios debido, entre otras razones, a la falta de disponibilidad de los predios y trámites pendientes. Al día siguiente, 30 de diciembre, el alcalde Luis Eduardo Castro expidió la Resolución 1132 con los 2.589 hogares.
El propio juez posteriormente resaltó esa cercanía entre las dos decisiones y recordó que el procedimiento todavía tenía etapas por cumplir.
La Alcaldía defendió que el alcalde sí podía hacerlo; el INDEV dijo lo contrario
Durante el proceso judicial ocurrió algo particular. La Alcaldía de Yopal, ya bajo la actual administración de Marco Tulio Ruiz, defendió la legalidad de la resolución y argumentó que el alcalde conservaba la competencia en materia de vivienda y podía reasumir directamente esas funciones.
El INDEV sostuvo una posición diferente: señaló que la selección y asignación de los beneficiarios correspondía al Instituto y que el alcalde no podía asumir esas competencias simplemente mediante una resolución.
El juzgado finalmente concluyó que la competencia estaba en cabeza del INDEV y que el alcalde carecía de facultad para asumirla directamente.
Entonces, ¿las familias perdieron sus lotes?
No. El juez fue claro en señalar que la nulidad de la Resolución 1132 no elimina la convocatoria ni significa comenzar todo desde cero.
El proceso debe volver al INDEV y continuar desde el punto en que se encontraba legalmente antes de la intervención del alcalde.
Eso también significa que las 2.589 personas incluidas en aquella resolución no tienen automáticamente un derecho definitivo sobre un lote.
El INDEV deberá terminar de revisar quiénes cumplen los requisitos. Durante la rueda de prensa posterior al fallo, su gerente, Nelson Nieto, explicó que preliminarmente entre 200 y 250 hogares podrían no cumplir las condiciones exigidas.
Quienes sí las cumplan continuarán dentro del proceso.
¿Cuándo les van a escriturar?
No basta con corregir el procedimiento jurídico. Los terrenos todavía necesitan las obras que permitan convertirlos realmente en lotes con servicios.
La actual administración anunció cerca de $13 mil millones para la electrificación de las cuatro etapas y recursos para las conexiones domiciliarias de gas.
Sin embargo, todavía hacen falta aproximadamente $25 mil millones para las acometidas domiciliarias de alcantarillado.
El secretario de Infraestructura de la Gobernación de Casanare, Álvaro Rivera, explicó que por ahora esos recursos no están disponibles y que habrá que esperar la posibilidad de obtener nuevas fuentes de financiación, entre ellas eventuales reliquidaciones de regalías.
Mientras ese dinero no aparezca y las obras no estén terminadas, no existe una fecha cierta para que las familias puedan recibir sus escrituras.
Es decir, podría terminar este periodo gubernamental y no entregar los lotes.
La paradoja: “lotes con servicios” sin tener resueltos los servicios
Aquí aparece una de las mayores responsabilidades políticas de la administración de Luis Eduardo Castro.
La resolución hablaba de beneficiarios de “lotes con servicios”, pero esos servicios todavía no estaban completamente garantizados.
En términos sencillos: se avanzó en decirles a miles de familias dónde estaría su lote antes de tener resuelta la infraestructura necesaria para entregárselo legalmente y con servicios públicos.
El fallo incluso contextualiza el problema recordando los riesgos de urbanizaciones desarrolladas sin las obras de urbanismo y redes internas necesarias de acueducto, alcantarillado y energía.
Luis Eduardo Castro, además de alcalde, es abogado. Por eso resulta especialmente relevante que una decisión de esta magnitud se hubiera tomado pasando por encima de la distribución de competencias que, según acaba de establecer el juez, reservaba ese procedimiento al INDEV.
El fallo no dice que Castro hubiera actuado por una motivación política ni declara que Alameda Martha Mojica sea jurídicamente una “urbanización ilegal”. Pero los hechos sí dejan una pregunta inevitable sobre el afán y la falta de planeación con que se adelantó una decisión que generó expectativas concretas en 2.589 familias.
Hoy esas mismas familias continúan asistiendo a reuniones, reclamando respuestas y esperando recursos públicos para poder recibir aquello que creyeron que ya les había sido asignado.
Fiscalía, Procuraduría y Contraloría deberán revisar lo ocurrido
El juez consideró que lo encontrado ameritaba algo más que anular la resolución.
Ordenó remitir inmediatamente copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría competente, para que establezcan si las presuntas irregularidades pueden generar responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.
Esto no significa que Luis Eduardo Castro u otro funcionario hayan sido declarados responsables de un delito o falta disciplinaria.
Precisamente serán esos organismos los que deberán determinarlo.
Nuevamente, la ilusión quedó por delante de la realidad
La actual administración asegura que continuará Alameda Martha Mojica y que respetará el proceso de quienes cumplan los requisitos.
Pero las familias siguen enfrentadas a una realidad mucho menos sencilla que aquella resolución de diciembre de 2023 hacía parecer.
Todavía hay que revisar beneficiarios, terminar obras de gas y energía, conseguir $25 mil millones para alcantarillado domiciliario, completar otros trabajos urbanísticos y posteriormente avanzar hacia la escrituración.
