¿Aguazul o Maní? Habitantes de seis veredas no saben a qué municipio pertenecen. Alcaldías no saben si invertir en ellas o no.
Una incertidumbre territorial que por años ha afectado a comunidades rurales entre Aguazul y Maní, en el sur de Casanare, podría estar cerca de resolverse. Sin embargo, mientras no se defina a qué municipio pertenecen veredas como Salitrico, Altamira, Rincón, Tesoro Bubuy, Agualinda y Piñalito, tanto las administraciones locales como las comunidades siguen atrapadas en una zona gris legal y administrativa.
El Departamento Administrativo de Planeación lideró recientemente una mesa de trabajo en la vereda Salítrico, en articulación con líderes comunitarios y la Oficina Asesora de Planeación de Aguazul. Allí se discutió el proceso de segregación y agregación territorial, que busca delimitar oficialmente a cuál municipio pertenecen estas seis veredas.
El limbo territorial tiene consecuencias serias:
Las alcaldías no saben con certeza dónde pueden invertir recursos públicos sin correr el riesgo de incurrir en un peculado por destinación, al asignar presupuestos a zonas fuera de su jurisdicción legal. Además, las comunidades quedan en desventaja al no poder acceder de forma clara a inversión social, servicios públicos o programas de responsabilidad empresarial por parte de petroleras que operan en la región.
“Esto afecta el desarrollo. Las alcaldías no saben a dónde invertir y eso puede llevar a cometer un delito. Esperamos que este proceso se agilice con el apoyo de la Asamblea y el impulso del alcalde”, expresó Jaime Ortiz, habitante de Tesoro Bubuy.
Navija Chaparro, presidente de Asojuntas de Aguazul, también hizo un llamado a resolver el problema con garantías para ambas partes:
“Queremos claridad legal, no perjudicar a nadie. Esta comunidad ha sido muy afectada”.
Por su parte, Alfonso Cárdenas Silva, director de Planeación Departamental, presentó los avances técnicos y explicó que aún faltan pasos como el análisis de la carga predial, la validación de firmas y la revisión de documentación. Además, señaló que se necesita un análisis económico, social y de conveniencia antes de remitir el expediente al Ministerio de Hacienda, que deberá emitir un concepto previo a la presentación de un proyecto de ordenanza ante la Asamblea Departamental.
Mientras tanto, cientos de familias siguen en una especie de “tierra de nadie”, a la espera de que el territorio que habitan tenga una identidad jurídica clara, que les permita ser tenidos en cuenta como ciudadanos con derechos plenos en uno de los dos municipios.
