Capresoca EPS a casi un año de la intervención: El remedio peor que la enfermedad. Aumentaron PQRs frente a 1er semestre de 2024.
A punto de cumplirse un año de la intervención de la Supersalud, los indicadores, las denuncias ciudadanas y la falta de recursos muestran que lejos de mejorar, Capresoca EPS enfrenta un panorama aún más crítico en la atención a sus más de 170 mil usuarios.

A menos de un mes de cumplirse un año de la intervención a Capresoca EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (7 de octubre de 2024), la entidad vuelve al ojo del huracán. El pasado 15 de septiembre, la Supersalud realizó una visita sorpresa a sus instalaciones en Yopal, dejando en evidencia, según fuentes extraoficiales, la ausencia de varios funcionarios en sus puestos de trabajo a la llegada de los auditores.
La visita ocurre en medio de crecientes críticas de los usuarios a la prestación de servicios de salud y entrega de medicamentos. También hay cuestionamientos ciudadanos acerca de si la intervención —que se anunció como medida para garantizar la continuidad del servicio— ha tenido realmente algún efecto positivo.
Un remedio que parece no funcionar
Cuando la Supersalud asumió el control administrativo de Capresoca, el entonces superintendente, Luis Carlos Leal, afirmó que el propósito era asegurar que más de 150 mil usuarios del régimen subsidiado recibieran atención oportuna, segura y de calidad. Sin embargo, a casi un año, los indicadores oficiales y las voces de los usuarios pintan un panorama distinto.
El informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) del primer semestre de 2025 realizado por la EPS muestra un incremento del 15,5% en las inconformidades frente al mismo periodo de 2024.
En total, se registraron 4.171 PQRS, de las cuales el 98,9% correspondieron a reclamos. La principal causa (94% de los casos) se concentró en un solo motivo: barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud.
Para el primer semestre de la vigencia 2024 el total de PQRS en Capresoca fue de 3.612. De estas, 3.573 correspondieron a reclamos, seguido de quejas con 30.
En la práctica, el aumento en las PQRs se traduce en demoras para conseguir citas médicas y especializadas, dificultades en los procesos de referencia y contrarreferencia, entrega tardía o incompleta de medicamentos y trabas en la autorización de procedimientos.

La voz de los usuarios
Los testimonios en redes sociales confirman la inconformidad. Pacientes crónicos denuncian que deben esperar semanas, incluso meses, para obtener medicamentos vitales.
Otros aseguran que las remisiones a servicios de alta complejidad no se concretan por falta de contratos con clínicas y hospitales, que a su vez desconfían de los pagos de la EPS. Mientras tanto los pacientes hospitalizados o en casa, esperan con anhelo de vida la urgente atención médica requerida.
“Definitivamente lo mejor que nos podría pasar a los usuarios de Capresoca es que la liquiden”, escribió una usuaria. Otro paciente relató que lleva seis meses esperando terapias de recuperación de una fractura, sin respuesta.
No faltan quienes denuncian irregularidades cotidianas, como médicos que no cumplen con sus horarios de atención o citas negadas por falta de convenios.
Las críticas también apuntan a decisiones administrativas: mientras se restringen los recursos para atención, usuarios aseguran que la EPS destinó fondos para la compra de vehículos y mobiliario para la entidad. Incluso un aumento de carga burocrática innecesaria.
Las cuentas de la EPS
El presupuesto asignado para 2025 supera los 300 mil millones de pesos. Entre enero y septiembre, la ADRES giró 184.173 millones, de los cuales 158.822 millones se transfirieron directamente a las IPS y 18.400 millones a la EPS. No obstante, versiones extraoficiales señalan que los recursos proyectados para los últimos cuatro meses del año no alcanzarían para cubrir los servicios, especialmente en alta complejidad.
Es por esto que a los pacientes los dejan esperando en camas y sus casas, remisiones que no llegan porque no hay contratos con IPS.
Un futuro incierto
Capresoca ha sido un dolor de cabeza para el sistema de salud desde hace más de una década. La EPS estuvo bajo vigilancia especial desde 2016, con patrimonio en rojo y serias dificultades administrativas. Su intervención se presentó como el último recurso para evitar la liquidación.
Hoy, sin embargo, las cifras y percepciones ciudadanas sugieren que “el remedio ha sido peor que la enfermedad”. Mientras tanto, la Supersalud, que funge al mismo tiempo como interventora y auditora, enfrenta la paradoja de vigilarse a sí misma.
En medio de este panorama, la pregunta sigue abierta: ¿la intervención fue una solución temporal para ganar tiempo, o un fracaso que prolonga la crisis de miles de usuarios que dependen de Capresoca para su atención en salud?
Demanda quiere impedir liquidación
Para mañana 17 de septiembre está pendiente la realización de la audiencia de pruebas del Tribunal Administrativo de Casanare, dentro de la demanda de protección de derechos e intereses colectivos instaurada por el diputado Heyder Alexander Silva y mediante la cual se pretende que no se liquide Capresoca EPS.
Igualmente se solicita que se aumente la UPC para Yopal, se incremente UPC al 4.81% por cantidad de afiliados de población indígena y se elabore un plan de viabilidad o restructuración técnica y/o financiera que permita el sostenimiento de CAPRESOCA EPS en el tiempo.
Esta demanda tiene accionados diversos estamentos nacionales como los ministerios de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda, la Supersalud, ADRES, Gestarsalud, Gobernación de Casanare y Capresoca, entre otros.











