Consejo de Estado aplicará sentencia anticipada en demanda de nulidad electoral contra directora de Corporinoquia.
La Sección Quinta del Consejo de Estado activó el mecanismo de sentencia anticipada para resolver la demanda de nulidad electoral contra Diana Carolina Mariño, directora de Corporinoquia, reviviendo tensiones similares a las que llevaron a la anulación del mandato de Doris Bernal en 2021 y 2024.

La demanda de la elección de Diana Carolina Mariño Mondragón como directora general de Corporinoquia para el periodo 2024–2027 podría resolverse rápidamente. Así lo sugiere el más reciente auto del Consejo de Estado, Sección Quinta, que resolvió aplicar la figura de sentencia anticipada para decidir sobre la demanda de nulidad electoral en su contra.
La decisión judicial se da en medio de un complejo entramado de recusaciones, cuestionamientos al procedimiento de elección y acusaciones cruzadas entre demandantes, directivos de la corporación y autoridades departamentales. En el proceso actúan como demandantes líderes ciudadanos, integrantes de veedurías y la misma Doris Bernal, cuya elección fue anulada en octubre de 2024 por vicios de procedimiento. El nuevo caso gira en torno a irregularidades similares.
¿Qué significa que se aplique una sentencia anticipada?
El Consejo de Estado resolvió “dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada conforme a lo establecido en el artículo 182A, numeral 1, literales b) y d) del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021”. Esto significa que el alto tribunal considera que no es necesario practicar nuevas pruebas ni realizar audiencia inicial, pues el caso puede resolverse con la documentación ya existente. En concreto:
- Literal b: cuando no haya que practicar pruebas;
- Literal d: cuando las pruebas solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
Así, el tribunal opta por resolver el proceso de forma más ágil, sin comprometer el debido proceso.
Los argumentos de los demandantes
Según los demandantes, la designación de Mariño se produjo en medio de múltiples irregularidades:
- Se omitió la debida publicación de las convocatorias en medios oficiales.
- No se respetaron los términos estatutarios para convocar y aprobar acuerdos.
- Se desconocieron y rechazaron sin trámite adecuado varias recusaciones presentadas contra los miembros del Consejo Directivo.
- Se nombró de forma presuntamente irregular a un secretario ad hoc, sin que mediara la causal legal exigida.
- La Procuraduría no fue tenida en cuenta, pese a estar implicada en el análisis de recusaciones anteriores.
Los demandantes insisten en que los vicios son sustanciales y comprometen la transparencia, imparcialidad y legalidad del proceso.
La defensa de la directora Mariño y las entidades involucradas
Por su parte, la directora Diana Mariño, Corporinoquia y la Gobernación de Casanare rechazaron los señalamientos. Alegan que:
- Las recusaciones presentadas eran extemporáneas y sin sustento jurídico.
- Fueron fabricadas por personas con intereses particulares que buscaban sabotear la elección.
- Algunas de las recusaciones están siendo investigadas penalmente por presunta falsedad.
- Se cumplió con lo ordenado por el Consejo de Estado en la sentencia de octubre de 2024 que anuló la elección de Doris Bernal.
- Toda la actuación fue publicada en la página web oficial, como lo permite el reglamento interno.
Un antecedente inquietante
La situación recuerda lo ocurrido en 2021 y 2024 con Doris Bernal, quien también fue elegida como directora de Corporinoquia en 2019 y 2023, respectivamente. Ambas elecciones fueron anuladas por el Consejo de Estado. La segunda, en octubre de 2024, fue particularmente relevante, pues el alto tribunal ordenó retomar el proceso de elección desde la etapa 13, correspondiente al trámite de recusaciones.
La nueva elección, que culminó en la designación de Mariño el 9 de diciembre de 2024, habría reincidido en las mismas fallas, según los demandantes. Pero según el Consejo Directivo no se trata de la misma situación.
¿Qué sigue?
Tras aplicar la figura de sentencia anticipada, el Consejo de Estado abrió un término de tres días para que las partes controviertan las pruebas, seguido de un plazo de diez días para alegar por escrito. Luego, el tribunal emitirá la sentencia definitiva dentro de los siguientes 20 días.
En medio de un historial de nulidades, acusaciones de corrupción y tensiones políticas, el desenlace de este proceso podría marcar un nuevo capítulo en la turbulenta historia reciente de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía.











