Contraloría alerta posible malgasto de $6.300 millones en la actualización catastral hecha por Catasig. Se reveló hallazgo fiscal.
El ente de control configuró un hallazgo fiscal en el convenio firmado con la Alcaldía de Yopal, tras advertir pagos sin verificación y falta de soportes en los avalúos que dispararon el impuesto predial en 2025.

La Contraloría General de la República configuró un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por $6.332 millones en el contrato firmado entre la Alcaldía de Yopal y la empresa estatal Catasig S.A.S. EICE para la actualización catastral. A pesar de todo miles de contribuyentes continúan pagando su oneroso impuesto predial de 2025.
La investigación señala pagos anticipados y sin plena verificación de cumplimiento, lo que pone en riesgo gran parte de los recursos públicos invertidos en la actualización catastral.
El informe del ente de control advierte que, en virtud del artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y el artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, los recursos vinculados al convenio pueden constituir un posible detrimento patrimonial que compromete directamente al municipio de Yopal, principal aportante con más de $7.000 millones, y que deja bajo la lupa la gestión de Catasig como operador técnico.
Detalles del hallazgo
La Contraloría General revisó cómo se ejecutó el convenio entre la Alcaldía de Yopal y la empresa estatal Catasig S.A.S. EICE, y allí detectó varias irregularidades que llevaron a declarar un hallazgo fiscal por más de $6.300 millones.
En palabras simples, esto fue lo que pasó:
- Se entregó un anticipo gigante sin verificar avances reales.
Catasig recibió de entrada el 70 % del valor del contrato (más de $4.900 millones), sin que hubiera pruebas suficientes de que el trabajo estaba en marcha o cumplido. - Pagos parciales sin soporte completo.
Además del anticipo, la Alcaldía hizo un pago parcial adicional del 20 % (unos $1.400 millones). Según la Contraloría, estos giros no contaron con los soportes técnicos necesarios para comprobar que se estaba entregando lo contratado. - Falta de control de la Alcaldía.
El municipio, como entidad contratante, tenía la obligación de vigilar que Catasig entregara resultados verificables antes de liberar recursos. La Contraloría concluyó que esa supervisión no se hizo de forma rigurosa. - Deficiencias en la ejecución.
El convenio debía actualizar y conservar el catastro multipropósito de Yopal. Sin embargo, no hay evidencia suficiente de que los avalúos y la información recolectada correspondan a la realidad. De hecho, la Secretaría de Planeación ya había advertido que Catasig no entregó informes claros ni explicó de dónde salieron los valores aplicados.

Los argumentos técnicos de la Contraloría
El informe es aún más contundente cuando se desglosan las fallas de fondo:
- Incumplimiento del objeto contractual y deficiencias en la planeación.
El proyecto mostró una desarticulación entre la Alcaldía, Catasig y el operador técnico. No se entregaron productos fundamentales como zonas homogéneas, ficha geodésica, estudios de suelos ni bases de datos depuradas. Además, 000 de 50.000 predios (24 %) tuvieron que ser reprocesados, lo que evidencia errores metodológicos graves. En conclusión, la ejecutora no demostró que el proyecto se desarrollara tal como lo aprobó el OCAD Paz. - Presuntas irregularidades en la ejecución contractual.
Se efectuaron pagos por $6.332 millones (el 90 % del contrato) sin evidencia técnica concluyente de los productos contratados, lo que constituye un posible pago sin causa justificada ni cumplimiento efectivo de las obligaciones. - Afectación a la finalidad del proyecto y a los fines del Estado.
El catastro multipropósito debía fortalecer la gestión territorial y tributaria, pero no consolidó una base técnica y confiable. En cambio, generó incertidumbre tributaria y aumentos de avalúos de hasta 100 %, sin gradualidad, afectando directamente a los contribuyentes. - Falencias en la supervisión y control.
La Alcaldía no aplicó mecanismos efectivos de seguimiento. Según la Contraloría, la gestión fue ineficaz, ineficiente y antieconómica. A mayo de 2025, en la plataforma Gesproy, solo aparece cumplida al 100 % la fase de lineamientos técnicos, pero ni siquiera esos documentos fueron entregados al auditor. Las otras tres fases del proyecto siguen sin ejecutarse.
Una crisis que ya golpeaba a los ciudadanos
Este hallazgo se suma al descontento de la comunidad por los avalúos realizados por Catasig en 2024, que dispararon los costos del impuesto predial en 2025. Sectores humildes de Yopal recibieron cobros impagables, mientras zonas privilegiadas quedaron con tarifas más bajas.
A ello se agrega que, según la Secretaría de Planeación, Catasig no entregó cuentas claras ni soportes técnicos sobre cómo calculó los avalúos, pese a reiteradas solicitudes oficiales.
Lo que está en juego
- Pérdida de recursos públicos: si se confirma el detrimento, más de $6.300 millones se habrían malgastado en un proyecto clave para la ciudad.
- Mayor desigualdad tributaria: los yopaleños ya sufren alzas desproporcionadas en el predial, sin garantías de que los avalúos reflejen la realidad.
- Debilidad institucional: el golpe no es solo financiero, también erosiona la confianza en el manejo del catastro y en la transparencia de las entidades públicas.
- Planeación en riesgo: sin un catastro confiable, la ciudad no puede proyectar de manera sólida su desarrollo urbano, rural y social.
La novedad es clara: la Contraloría no solo respaldó las denuncias ciudadanas, sino que confirmó con cifras que el convenio de catastro en Yopal representa un posible desfalco multimillonario.
Quién responderá: ¿la Alcaldía como financiadora, Catasig como ejecutora, o ambos?
Y qué pasará con el impuesto predial que deben pagar los contribuyentes en Yopal. ¿Debía anularse lo actuado y volver a como se estaba en 2024 o se tendrá que pagar y el municipio hacer devoluciones?
Aspectos clave del convenio
- Tipo de contrato: Interadministrativo, por contratación directa.
- Valor: $7.153 millones, de los cuales Yopal aporta $7.036 millones y Catasig $117 millones en bienes y servicios.
- Duración: 25 meses, desde el 13 de julio de 2023 hasta el 12 de agosto de 2025.
- Actividades previstas:
Conservación catastral (procesamiento de información, resolución de mutaciones, plataforma tecnológica).
Actualización catastral con enfoque multipropósito: análisis inmobiliario, participación ciudadana, recolección de información física, jurídica y económica, determinación del valor catastral y validación de productos.











