“No voy a permitir un atropello más”: el superávit en Casanare, un pulso de intereses económicos disfrazado de debate técnico

“Independiente de las 50 mil razones que haya para aprobar este proyecto, aspiraciones políticas preelectorales, no podemos generar esta situación conflictiva para el departamento”.
Con esta frase, pronunciada en el Consejo Departamental de Paz, un consejero puso sobre la mesa lo que muchos piensan en voz baja: el enfrentamiento entre el gobernador César Ortiz Zorro y la mayoría de diputados de la Asamblea Departamental no tiene un trasfondo jurídico ni técnico, como se ha querido mostrar. El bloqueo del superávit fiscal por 133 mil millones de pesos responde más bien a intereses económicos y políticos particulares, con un alto costo para el colectivo.

Este reportaje analiza lo verbalizado por los protagonistas (citas textuales y enunciados clave) para estimar el alcance real de sus palabras.

El gobernador: proyectos estratégicos vs. presiones locales

Desde la óptica financiera y económica, Ortiz Zorro ha defendido que los recursos del superávit deben dirigirse a proyectos de beneficio para población vulnerable, paquetes nutricionales de adultos mayores, población damnificada por el invierno, cultura, vivienda, fortalecimiento de la Unidad Renal del Horo, atención a fiebre amarilla, impulso de programas deportivos y programas de atención a jóvenes, entre otros. Mientras que los recursos de regalías petroleras son para obras de alto de impacto regional:

• “Llegué a cambiar la realidad del departamento y me voy de frente a quienes se oponen a que se haga hospital de alta complejidad. No voy a renunciar a mejorar la salud de Casanare”.
• “Nadie me va a quitar la posibilidad de tener un frigorífico – va o va. Esto hace parte de la industrialización”.
• “Los diputados dicen que hay 600 mil millones de pesos de regalías: de esto, 250 mil millones son para el hospital, 150 mil millones para el frigorífico, 50 mil millones para Torres del Silencio en Yopal. Es decir, esta plata ya tiene destinación en proyectos estratégicos”.

En lo político y psicológico, el mandatario ha dejado entrever que el rechazo de la Asamblea tiene un precio implícito:

• “Como me encantaría que dijeran la verdad. Me impresiona que cierren los ojos ante Dios y no le digan la verdad a Casanare de por qué no aprueban el superávit”.
• “No voy a permitir un atropello más, seré caballero, seré señor, decente, pero no me dejaré pulsear una vez más de ustedes. Voy a defender a Casanare en los escenarios que sea”.

Con estas frases, Ortiz Zorro retrata a los diputados como actores que usan el hundimiento del proyecto del superávit como instrumento de presión política y económica para obtener concesiones, más que como guardianes del rigor técnico.

El gobernador se autofigura como “caballero, decente, respetuoso” que protege proyectos estratégicos (hospital, frigorífico) frente a “pulseadores”. Mezcla apelaciones morales (Dios, decencia) con un orden financiero ya definido (destinación de regalías), encuadrando el superávit como símbolo de progreso colectivo frente a intereses particulares.

Mancipe: el aval condicionado a obras locales

El presidente de la Asamblea Departamental Juan Fernando Mancipe ha insistido en que el proyecto “está mal presentado” y que por eso se ha hundido cuatro veces. Pero sus intervenciones revelan que su preocupación no es solo formal: condiciona su apoyo a que haya recursos para obras en sus municipios de influencia, especialmente Trinidad.

• “Si se hubiera planeado bien, los recursos de interdocentes se hubieran presupuestado en los 870 mil millones (que se aprobaron para la vigencia 2025) y no hubiera necesitado el superávit”.
• “El coliseo Juan de Rivera está acabado, necesitamos uno nuevo. Con 20 mil millones se podrían hacer cuatro o cinco puentes colgantes entre Trinidad y San Luis, pero esas obras no están contempladas en el superávit. Esas no dependen de la Asamblea”.
• “La Administración maneja más de 600 mil millones de regalías, de directo manejo del gobernador y no dependen del superávit”.
• “Es que el diputado no deja trabajar… cuando haya obras en el Pauto, Trinidad, no molesto más. Pero mientras las obras no lleguen, seguiré molestando. Aquí no hay dobles caras”.
• “La Asamblea Departamental no está de adorno”.

Desde lo político, Mancipe se presenta como un líder regional que no “es mandadero de nadie”, pero en la práctica sus palabras revelan un chantaje implícito: sin proyectos en su territorio, no habrá aprobación del superávit. La fórmula “no molesto más” verbaliza el mecanismo de presión. Rol simbólico: caudillo territorial que exige contraprestaciones.

Jorge García: la confrontación personal

El vicepresidente de la Asamblea, Jorge Eduardo García, no se quedó atrás en los choques. En el Consejo Departamental de Paz del 21 de agosto acusó directamente al gobernador:

• “Usted me trató de ratón, y que no le paraba bolas a los ratones porque usted era un león”.

Aunque Ortiz Zorro negó que se refiriera a él, el episodio mostró la dimensión personal y psicológica que ha tomado el conflicto: las discusiones han dejado de ser institucionales para convertirse en pugnas de orgullo y reputación.

En sus redes sociales el diputado aseveró:

• “Una vez demostramos que el equivocado es el gobierno que hace las cosas mal y quiere ocultar su falta de competencia y ejecución en proyectos de alto impacto en un proyecto de superávit”.
• “Al gobernador le respondo: ¡NO ES ODIO, ES LEGALIDAD! Pare su discurso incendiario que es lo único que han hecho junto con su equipo y grupo de diputados que no dijeron nada en el transcurso de la discusión, pero si llegan a proposiciones y varios a destilar populismo y rencilla”.

García muta del papel de agraviado (ratón/león) al de guardián de la legalidad. Oposición binaria: legalidad vs. populismo. Su marco busca desactivar la acusación de chantaje, reubicando el conflicto en la ética institucional y la “competencia” administrativa.

Los consejeros: la voz de alerta

Los miembros del Consejo Departamental de Paz intentaron mediar, pero sus palabras también evidencian la gravedad de la situación:

• “Independiente de las 50 mil razones, aspiraciones políticas preelectorales, no podemos generar esta situación conflictiva para el departamento”.
• “Ellos no se miraban a los ojos cuando se recriminaban. Les dije que puede haber 50 mil razones, pero no las van a decir porque no pueden”.

Este testimonio refuerza la idea de que lo que se discute no es un error de radicación de proyectos, sino la puja de intereses políticos y económicos particulares, en detrimento del bienestar colectivo.

Señala la pérdida de confianza (no se miran a los ojos) y el costo social de la pugna, evidenciando que lo técnico es secundario frente a la disputa por el signo central: los recursos.

Más que un debate técnico

Desde lo económico, los diputados buscan direccionar recursos hacia proyectos locales que fortalezcan su base política. Desde lo político, bloquean al gobernador para aumentar su poder de negociación. Desde lo psicológico, el enfrentamiento está marcado por el orgullo y la necesidad de imponer dominio-autoridad.

En contraste, el gobernador defiende que los recursos deben invertirse en proyectos de alcance departamental y denuncia un intento de “pulsearlo” con fines particulares.

Lo que está en juego, más allá del lenguaje jurídico, es si los 133 mil millones de pesos del superávit se convierten en palanca de negociación para intereses individuales o en motor de proyectos estratégicos para Casanare.

Por ahora, el resultado es un bloqueo institucional que posterga obras clave y alimenta la percepción ciudadana de que la política local se juega más en el terreno de los chantajes cruzados que en el de las soluciones colectivas.

*Reportaje apoyado con IA