Tribunal desenmascara la moñona de Marisela Duarte: con su voto prohibido nació y murió la elección del secretario general

El Tribunal Administrativo de Casanare anuló la elección de Wilmer Alonso Vega como secretario general de la Asamblea Departamental para 2025. El fallo de ayer 3 septiembre deja claro que la elección estuvo viciada y que la diputada del Centro Democrático, Marisela Duarte Rodríguez, fue la pieza clave de esas irregularidades.

La demanda fue presentada por el diputado Heyder Silva y el abogado Gonzalo Ramos, quienes coincidieron en señalar que Duarte vulneró principios de imparcialidad y transparencia al votar en recusaciones en las que estaba directamente interesada. Ramos, en particular, puso sobre la mesa cómo la Asamblea confundió y manipuló figuras jurídicas distintas —impedimentos y recusaciones— para favorecer un bloque político.

La primera irregularidad: votarse a sí misma

El 28 de noviembre de 2024, durante la sesión número 82, Duarte fue recusada por un colega debido a un posible conflicto de intereses. A pesar de la prohibición expresada en la Sentencia C-337 de 2006 de la Corte Constitucional, la diputada votó su propia recusación en dos oportunidades.
Ese voto indebido generó empates (5-5), lo que por reglamento significó que la recusación quedaba negada. Si se hubiera abstenido, como lo ordena la ley, habría quedado automáticamente fuera del proceso de elección.

Intervenciones que cambiaron el tablero

Duarte no se limitó a salvarse a sí misma. También intervino en las recusaciones contra otros diputados:

• Excluyó al opositor Heyder Silva, cuya recusación prosperó 5-4 gracias a su voto.
• Mantuvo al aliado Juan Mancipe, ya que en su caso hubo empate (4-4) que se entendió como negación, permitiéndole seguir en la elección.

Con esas movidas, Duarte configuró la mayoría necesaria: eliminó a un opositor, blindó a un aliado y dejó el camino abierto para que su bloque lograra cinco votos frente a cuatro.

La elección viciada de Wilmer Vega

Esa correlación artificial de fuerzas definió la votación final: Wilmer Alonso Vega alcanzó los cinco votos que lo llevaron al cargo, contra cuatro de su rival. El Tribunal concluyó que la actuación de Duarte fue determinante no solo para mantenerse en el proceso, sino para modificar la composición de la plenaria y garantizar el resultado.

La gravedad: asesoría ignorada

Lo más grave es que la Asamblea contaba con una abogada contratada —mediante el contrato 014-ADC-2024— precisamente para orientar jurídicamente a los diputados en estos procedimientos. La asesora estuvo presente en la sesión, pero su papel no evitó que se violaran principios de legalidad, imparcialidad y moralidad administrativa.

Un contraste incómodo en la justicia

El fallo tiene un elemento llamativo: el mismo Tribunal, en un proceso previo de pérdida de investidura, había negado sancionar a Duarte por haber votado su propia recusación. Ahora, en este nuevo proceso, reconoce que ese voto sí tuvo efectos directos en el resultado de la elección del secretario general.

En palabras de la propia sentencia (sección 5.3):

“…si bien bajo esta cuerda procesal se decide la nulidad del acto de elección del secretario general de la Asamblea en razón del voto sobre su propio impedimento de la diputada Marisela Duarte, ello ocurre por la influencia del mismo en la decisión cuestionada, lo cual difiere tangencialmente de lo acontecido en el proceso de pérdida de investidura (…) en consecuencia, no se presenta contradicción alguna.”

En otras palabras: antes se desestimó el caso bajo criterios “subjetivos” de conducta, ahora se tumba una elección por el efecto concreto de sus votos. La línea es delgada, y deja la sensación de ambivalencia en la aplicación de la justicia.

Un caso que desnuda la cultura política local

El fallo no solo anuló la elección: también ordenó enviar copias a la Procuraduría para que investigue a los diputados que participaron en la jugada.

Los demandantes lo advirtieron desde el principio: el manejo irregular de impedimentos y recusaciones fue la estrategia para amañar el proceso. Y el Tribunal les dio la razón.

En últimas, el caso muestra cómo en la Asamblea Departamental de Casanare se han normalizado prácticas que erosionan la confianza ciudadana.

Que una diputada vote su propia recusación, decida la suerte de sus colegas y con ello garantice la elección de su candidato, es más que un error: es un síntoma de cómo la conveniencia política se impone sobre la ley.

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