Moción de censura aprobada contra secretaria de gobierno de Aguazul se enredaría por cuenta de las recusaciones. Procuraduría interviene en el tema.
Sigue el rifirrafe entre la Alcaldía y mayoría de concejales de Aguazul, por la aprobación de moción de censura contra la secretaria de gobierno Cateryne Porras, luego de que esta recusara a 9 concejales. Aunque ya se falló negativamente una tutela instaurada por la funcionaria, está el requerimiento de la Procuraduría al Concejo sobre el manejo dado a las recusaciones.
Precisamente el Ministerio Público en pronunciamiento de ayer 2 de diciembre requirió al presidente del Concejo Municipal para que informe cuál fue el trámite interno que se dio en la corporación a la recusación presentada contra los corporados el 18 de noviembre. Se solicita certificar si la recusación fue resuelta y para ello debe remitirse los soportes correspondientes.
El procurador regional de Casanare, Gustavo Alfredo Gómez Guerra, expresó que el artículo 12 de la ley 1437 de 2011, establece que cuando se trate de recusaciones, el funcionario recusado manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los 5 días siguientes a la formulación.
En el caso concreto, los concejales lo hicieron en forma inmediata ese mismo día, y en la sesión del 1 de diciembre se ratificó por parte de la mesa directiva y la comisión de ética que los concejales no estaban impedidos para votar la moción de censura.
En el entretanto el presidente del Concejo Jhon Villareal Cardona, también recusado, remitió el 22 de noviembre a la Procuraduría el escrito de recusación y la manifestación conjunta de no aceptación de los concejales recusados.
Frente a esto, la Procuraduría Regional de Casanare afirma que lo procedente era que esta se pronunciara de plano sobre la recusación formulada por la secretaria de gobierno, según la norma endilgada y para ello contaba con 10 días. Sin embargo, antes de que esto sucediera, dice la Procuraduría, los medios de comunicación informaron que el Concejo de Aguazul resolvió la recusación y aprobó la moción de censura contra la funcionaria. Por ello ahora exige las explicaciones de rigor.
Galimatías jurídico
Abogados consultados sobre el tema, expresaron que en este caso el Concejo Municipal, podía resolver las recusaciones si lo contempla el acuerdo de reglamento interno, que los faculta para ello y si no, se tendría que acudir a la ley 1437 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, CPACA. Incluso aplicar la ley Ley 5 del 92.
Es de resaltar, que al consultarse el acuerdo 015 de septiembre de 2018 que estableció el nuevo reglamento interno del Concejo de Aguazul, no se observa un procedimiento para el manejo de recusaciones.
Sin embargo, el concejal Robert Pita, uno de los recusados, expresó que para realizar la moción de censura no existen impedimentos o recusaciones, ya que ese es un tramite constitucional, una acción política y no una acción administrativa. Igualmente indicó que el requerimiento que hace el procurador es respuesta a la remisión de las recusaciones hecha por el Concejo.
Este galimatías jurídico lo tendrá que resolver entonces la justicia, para ver quién tiene razón frente al tema. Por ahora, la funcionaría ya debió ser retirada de su cargo, pero voces extraoficiales dan cuenta que esto no se ha hecho en espera de los pronunciamientos judiciales.
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